¿Pretende el Gobierno reformar la difusión de contenidos en Internet?

Publicado por el Feb 25, 2013

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Una supuesta reforma de la propiedad intelectual se propondría regular los enlaces y la copia privada.

No acostumbro a opinar sobre documentos que ni siquiera lo son. En este caso, se trata de apenas cinco folios aislados, presentados de corrido y sin encabezamiento ni firma, que la Asociación de Internautas atribuye al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y que dicha asociación publicaba en su web el pasado 22 de febrero de 2013.  

Lo que, pese a lo antes dicho, me ha movido a escribir son dos razones: una, la importancia del tema, que sin duda alguna puede considerarse el núcleo del impacto de Internet sobre la propiedad intelectual, siendo a su vez ese impacto uno de los “temas estrella” del derecho de la Red. La otra razón es el hecho de que, aun tratándose de un mero esbozo de documento, cuya autenticidad ni siquiera puede acreditarse, ha venido suscitando ya cierta polémica en medios digitales, muy probablemente por referirse a ese más que espinoso asunto.

Cuanto a continuación expondré deberá por consiguiente partir de la premisa de que daré por cierto que la fuente del esbozo de documento fuera en efecto el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, debiendo asimismo suponerse que lo que finalmente propugne el Ministerio sea lo que en ese embrión de documento se afirma.

Suponiendo pues todo ello, y no es poco suponer, parece que lo que en primer lugar pretende el Ministerio es tipificar como delito la conducta de los responsables de sitios web dedicados a proporcionar “enlaces avanzados”: el fin principal de esos sitios consiste en dar acceso a listados ordenados y clasificados de enlaces a contenidos protegidos. Quedan por tanto y lógicamente excluidos los enlaces ocasionales, así como los facilitados por los motores de búsqueda. 

Hoy por hoy, están en lo esencial superados los problemas planteados por las variedades más burdas de difusión, cual era la simple oferta para descarga a partir de un sitio web-nodriza: nadie discute que en estos casos, los responsables de estos sitios web reproducen y al tiempo comunican al público obras sin autorización lo que, si mediara también ánimo de lucro y perjuicio para tercero, haría evidentemente punible su conducta como delito contra la propiedad intelectual (art. 270.1 Código Penal).

Otro tanto ha ocurrido en los EE.UU. con los modelos peer-to-peer tipo Napster, que si bien no implican el alojamiento de contenidos en un determinado sitio web central, sí que suponen que éste aloje directorios centralizados de indexación y búsqueda. 

En países como España, sin embargo, la gran asignatura pendiente en este campo era la problemática planteada por los enlaces. 

Los titulares de derechos vienen clamando por su incriminación. El motivo es claro: sin enlace no hay acceso posible al contenido protegido que se pretende disfrutar sin licencia, de manera que el enlace se convierte en el elemento decisivo de la conexión.

Los detractores de la tipificación venían sosteniendo por el contrario, y no sin razón, que la legislación aplicable, el artículo 270.1 del Código Penal, exige entre otras cosas la reproducción o la comunicación pública de los contenidos, sin que el enlace conlleve ninguna de estas dos acciones: el enlazador no alberga contenido alguno en los servidores que controla, de ahí que deba quedar libre de toda responsabilidad criminal.

La jurisprudencia, a mi entender con acierto, visto el tenor de la disposición penal vigente, venía dando la razón a estos últimos. No falta alguna otra sentencia, eso sí, que por motivos quizá más propios del caso en cuestión, terminaba por condenar al enlazador. Ni tampoco varias de ellas que se esfuerzan por remediar la impunidad del enlazador a través de la vía de la responsabilidad civil, apelando por ejemplo al “conocimiento fundado” por aquél del uso de material protegido sin licencia que sus enlaces hacen posible.

Si la intención del Gobierno fuera verdaderamente tipificar los enlaces, se acabarían las dudas y los vaivenes jurisprudenciales. Con ello, España se homologaría a los países que vienen reconociendo en los webs de enlaces focos de transgresión indiscriminada de los derechos de autor, tal cual sucede en los EE.UU., el Reino Unido o algunos Estados escandinavos (Finlandia o Suecia entre ellos). Haciéndolo, nuestro país dejaría de prestar cobertura a apenas unos cientos de operadores que, en muchos casos, se lucran indisimuladamente a costa de la propiedad ajena, gracias a su colaboración con webs tipo MegaUpload (que sí que son los que albergan los contenidos) y, con tanta frecuencia, gracias a insertar publicidad en sus páginas.

Y digo “se lucran”, pues en muchas ocasiones así es. Una cosa es la conducta del particular que baja o sube archivos para su mero uso personal y otra bien distinta la de quien, como tantas veces ocurre alrededor de los webs de enlaces, monta todo un negocio basado en el expolio de la propiedad de otros. No creo que tratar de impedir estas prácticas sea tan ilegítimo. Y la vía penal es la única razonable frente a acciones tan abiertamente abusivas. 

El segundo supuesto propósito de esta reforma sería según algunos “universalizar” el pago del canon digital, mediante la consignación de una partida destinada a ese fin en los presupuestos generales del Estado. Ahora bien, aquí no hay novedad alguna, al menos desde el Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, por el que el Gobierno a la sazón recién llegado al poder eliminaba efectivamente el canon y lo suplía por esa partida presupuestaria cuyo fin era la “compensación equitativa” de los titulares de derechos protegidos. Posteriormente, mediante Real Decreto 1657/2012, de 7 de diciembre, se instrumentaba el procedimiento correspondiente.

Sea como fuere, el canon digital, herido de muerte tras la sentencia Padawan del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de octubre de 2010, ha quedado excluido de nuestro ordenamiento jurídico. Y bien está: nunca creí en su virtualidad como medio de compensación, basado en la injusta presunción de que un soporte susceptible de albergar copias ilegales debía en todo caso ser gravado aun cuando nunca jamás llegara a albergarlas en el futuro.

La inclusión de esa partida en los presupuestos del Estado representa por otra parte la constatación de una evidencia: la de que los ingresos de los titulares de derechos vienen viéndose crecientemente mermados como consecuencia de la proliferación de copias no autorizadas de sus obras en el entorno digital. Y también, una medida de justicia y de solidaridad, llamada a compensar el desequilibrio que de esa situación se desprende. Todo ello en el bien entendido de que la copia privada constituye a la vez un mecanismo esencial para garantizar la universalidad de la cultura y que, en consecuencia, se debe proteger.

Finalmente, esta reforma pretendería, también según algunas voces, “limitar la copia privada”. A mi juicio, lo que se efectúa es una sana aclaración de lo que debe entenderse por copia privada, a fin de considerarla un límite a los derechos de autor. Se parte de exigir el “acceso legal” a esa copia: no es nada nuevo, éste es un requisito existente como se sabe en el ordenamiento actual (art. 31.2 Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual). Y, sobre esta base, se disipa cualquier posible duda sobre algo que, por otro lado, también era ya sabido, pues se desprende de una interpretación sistemática, lógica y finalista de la legislación de propiedad  intelectual: que la copia privada solo es disfrutable respecto de obras a las que el propio autor haya concedido acceso, de ordinario mediante precio (obviamente con independencia del que se pueda obtener a partir de licencias tipo Creative Commons).

La novedad de la reforma consistiría en precisar que el acceso a la obra únicamente será legal respecto de: primero, copias obtenidas a partir del “soporte original” adquirido en propiedad por compraventa comercial (por ejemplo, un CD grabado desde el CD original comprado en tienda); y segundo, copias obtenidas mediante el sistema de “pausa en directo” en radiodifusión, que permiten la reproducción individual y temporalmente limitada, a fin de ver o escuchar la obra en un momento más oportuno para el usuario.

El objetivo parece evidente: extraer del concepto de copia privada la obtenida en redes peer-to-peer del tipo Kazaa o eMule. Quede sin embargo claro: nada se limita, dado que ningún derecho existe antes de esta supuesta reforma a disfrutar de copia privada en ese tipo de redes. Todo lo más, existiría alguna sombra de duda. Pero eso es cosa bien distinta.

Esperemos pues para comprobar si la reforma se orienta finalmente por estos derroteros.

Sea o no así, creo que lo que en todo caso procede es enfocar estos asuntos con ánimo ponderado, algo que desde hace mucho tiempo viene faltando. Desde algunos sectores de usuarios, casi cualquier intento por defender la propiedad intelectual es tachado de censura o de ataque a la cultura. Desde algunos agentes de la industria, y por el contrario, todo uso no autorizado es por igual piratería, sin matiz alguno entre el operador masivo tipo Kim Dotcom y el usuario individual que se baja un par de canciones.

La industria debe encontrar cuanto antes alternativas a los fáciles y altamente lucrativos modelos tradicionales, que, no debe engañarse, jamás volverán. Ahora bien, a la par que eso ocurre, las leyes han de garantizar el respeto de los derechos, aunque solo sea porque únicamente de ese modo será posible que esos nuevos modelos puedan siquiera nacer y más tarde prosperar.https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif

 

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