Piratería e Internet: los mercados estadounidense y español están en los antípodas

Publicado por el jun 19, 2013

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Si un saludable margen de ingresos de la industria de contenidos digitales invita a mantener un determinado status legal, en España es conveniente introducir algunos cambios.

He tenido acceso a un interesante estudio recién elaborado por la asociación sin ánimo de lucro norteamericana InfoJustice. El documento pone frente a frente los márgenes de beneficio de las empresas de contenidos digitales, fuertemente afectadas por los derechos de autor, y los de una serie de empresas de otros sectores productivos: en unos y otros casos, sin perjuicio de alguna excepción, se trata de firmas estadounidenses o que tienen una fuerte presencia en los EE.UU.

El estudio pone de manifiesto que “las empresas de contenidos digitales con frecuencia se quejan de que la infracción de los derechos de propiedad intelectual les provoca importantes pérdidas de ventas, menores ingresos y beneficios y pérdida de puestos de trabajo. Sin embargo, como se ha observado en numerosos estudios imparciales, el impacto real de la piratería en las distintas empresas, en los sectores productivos y en la economía de los EE.UU. en su conjunto, es muy difícil de cuantificar.”

A fin de contribuir a ese objetivo, el estudio examina la rentabilidad en los últimos diez años de cinco empresas líderes en tres sectores de contenidos digitales: cine, libros y software. Paralelamente, hace lo propio con otras cinco empresas líderes en otros tres sectores: la construcción, el transporte y la minería.

Curiosamente, el documento concluye que: “Las empresas de contenidos digitales fueron significativamente más rentables que las empresas de los demás sectores en cada período examinado; por otra parte, en este mismo período de diez años, los márgenes medios de beneficio de las empresas de contenidos digitales crecieron un 3,98%, mientras que los de las empresas de los otros tres sectores productivos disminuyeron en promedio un 0,75%.”

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Fuente: InfoJustice.org

Y, lo que es aún más interesante a nuestros fines en La Ley en la Red: según los autores del estudio, “lo que la alta rentabilidad de las empresas de contenidos digitales sugiere es que el régimen jurídico de la propiedad intelectual sirve eficazmente a estas empresas, por lo que no precisarían de un especial apoyo estatal en forma de reformas legales o de recursos que garanticen el cumplimiento de la legislación”.

 Al analizar el estudio anterior, no pude evitar ponerlo en conexión con el que a fines de febrero de 2013 presentaba La Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos, denominado Observatorio de piratería y hábitos de consumo de contenidos digitales 2012. El ámbito de este segundo estudio es evidentemente el mercado digital español y se viene elaborando anualmente desde 2009.

 En la documentación de presentación, La Coalición se refería al panorama general del mercado digital en España como una “radiografía desoladora” de “pérdidas para el sector y para la economía española”. Obsérvese cómo, según recordaban los firmantes del documento norteamericano respecto de su país, también la industria española del sector lamenta ese deterioro de sus resultados, que a la vez proyecta al conjunto de la economía nacional.

La Coalición concreta con todo detalle las magnitudes de ese desalentador panorama: “La mitad de la población internauta descarga ilegalmente contenidos: música lo hace el 33% (por un total de 2.118 millones de descargas ilegales), películas el 42% (536,2 millones de descargas ilegales), los libros son del interés del 12% (226,9 millones de descargas ilegales) y los videojuegos el 7% (168,2 millones de descargas ilegales).”

Y sigue denunciando que “el valor total de lo pirateado es de 15.200 millones de euros (6.949 millones de euros para el sector de la música, 3.338 millones para el del cine, 4.332 millones para los videojuegos y 586 millones para el sector del libro)”. Para colmo, la tendencia es a peor, pues estas cifras suponen “un incremento del 41% frente a los datos del observatorio 2011.”

Seguidamente se menciona el dato que permite efectuar con mayor precisión la comparación con el estudio norteamericano: se trata del lucro cesante, es decir, del beneficio que la industria de contenidos habría percibido de no existir piratería y que “asciende a un total de 1.221 millones de euros, de los que 580 millones corresponden a la música, 327 millones al cine, 270 millones a los videojuegos y 45 millones al sector del libro.”

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Fuente: La Coalición y Héctor Jiménez Zaera-GfK

Por último, La Coalición cierra con la consideración de que “la protección de la propiedad intelectual ha de ser un compromiso claro” del Gobierno “y como tal pide que asuma su responsabilidad, implantando las medidas necesarias que, de forma urgente, pongan freno a la brutal destrucción del tejido productivo de las industrias culturales y el impacto devastador que ello produce en la imagen país, el empleo y en una de las posibilidades de contribuir a la recuperación económica de nuestra economía.” De nuevo aquí un paralelismo con el estudio de InfoJustice, que recordemos utilizaba los resultados de su estudio, opuestos a los del español, precisamente para justificar que no sean necesarias reformas legales ni recursos que garanticen el cumplimiento de la legislación.

En efecto, el documento de InfoJustice compara las industrias de contenidos digitales con otros sectores de producción en los EE.UU. y llega a la principal conclusión de que aquéllas, lejos de perder dinero en los último diez años, y a diferencia de esos otros sectores, han segundo ganándolo y además a mayor ritmo, pues incluso ha aumentado su margen de beneficio. El estudio tiene además especial valor, al provenir de una fuente ajena al sector de contenidos digitales.

El estudio español, en cambio, proviene de la propia industria de contenidos digitales. No obstante, la fórmula empleada para calcular el lucro cesante es suficientemente objetiva y razonable. Esa fórmula, primero, descarta usar a tal fin el valor total de los contenidos pirateados (superior, como hemos visto, a los 15.000 millones de euros), con el convincente argumento de que “la mayoría de los contenidos descargados no son consumidos”, toda vez que “en el contenido digital, y salvo en el caso del streaming, el acceso no implica [necesariamente] uso, por cuatro factores principales (almacenaje ilimitado, gratuidad, facilidad de acceso y ausencia de consecuencias legales)”.

Y en segundo lugar, calcula dicho lucro con arreglo a una doble metodología: una consulta a la población internauta, que entre otras cosas permite conocer lo que comprarían si no hubiese accesos ilícitos (se preguntó a 50.000 internautas con captación personalizada, de edades entre 11 y 74 años); y una auditoría de los puntos de venta online/offline, que hizo posible asignar un valor real de mercado a los contenidos.

La encuesta evidenció que, por cada 100 accesos ilícitos, el usuario compraría ocho unidades de contenidos digitales si no le fuera posible acceder a ellos ilegalmente; mientras que la auditoría estableció un valor medio de 10 euros por cada uno de dichos contenidos. El resultado final: 80 euros de lucro cesante por cada 100 accesos ilegales.

Cierto: el estudio de La Coalición no permite conocer un dato clave, que en cambio sí que desvela el de InfoJustice: el margen final de beneficio la industria de contenidos digitales. Tampoco se deduce del estudio español que el lucro cesante así calculado, aun siendo bien importante en términos absolutos, haya colocado necesariamente en pérdidas a la industria española de contenidos digitales (o al menos a algunas de sus empresas). No obstante, y cuando menos, esos 1.221 millones de euros sí que justifican suficientemente el hecho de que esta industria venga teniendo muy difícil mantener los márgenes de beneficio de los ejercicios en que los hubiera tenido: ello por supuesto a diferencia de la industria homóloga norteamericana.

Como hemos visto, el estudio de InfoJustice está construido en torno a una premisa: la de que es el mantenimiento, e incluso mejora, de los márgenes de beneficio de las empresas estadounidenses de contenidos digitales lo que hace innecesario reformar la legislación en la materia o dedicar más recursos a asegurar su cumplimiento.

Si establecemos esa misma premisa para el sector de contenidos digitales en España, y consideramos razonablemente sólidos los argumentos del estudio de La Coalición, parece bien claro que ni nuestra legislación sobre derechos de autor está siendo suficientemente eficaz  para combatir la piratería digital, ni están tampoco siendo bastantes los recursos hasta ahora destinados a garantizar que esas leyes se cumplan.

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