¿Olvido en Internet? No, si el precio es la censura (y II).

Publicado por el jul 8, 2013

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Las conclusiones del Abogado General en el caso Google c. AEPD presagian un más que probable varapalo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea al aún no-nato derecho al olvido.

En su tercer y último bloque, las Conclusiones derivan en el asunto “mollar”, tal como venía planteado por las cuestiones de la Audiencia Nacional: el de “si los derechos de rectificación, supresión, bloqueo y oposición establecidos en la Directiva” 95/46 “equivalen a un «derecho al olvido» del interesado”.

Jääskinen concluye que no. Fundamentalmente porque los tres primeros permiten que el interesado los ejerza frente a datos “incompletos o inexactos”: a diferencia de ello, lo que en este asunto se ventila es el pretendido olvido de datos, referidos a D. Mario Costeja, que eran completos y exactos. Mientras que el derecho de oposición puede ejercerse por “razones legítimas” propias de la “situación particular” de su titular, siendo aquí contundente la argumentación del Abogado general: “Una preferencia subjetiva por sí sola no equivale a una razón legítima”.

Alguna vez he puesto el ejemplo, al hilo de todo esto, de un empresario que desee el olvido en Internet de informaciones a él referidas, vertidas por trabajadores con los que haya mantenido un conflicto laboral. Es perfectamente imaginable que, aun basándose en datos completos y exactos, el empresario en cuestión quiera que desaparezcan de la Red, al poderle suponer un daño. Descartada no obstante la posibilidad de aplicar la rectificación, supresión o bloqueo, a la vista de la exactitud y completud de la información, todo lo que el empresario podría hacer valer sería ese “deseo de olvido”, una mera “preferencia subjetiva” en el sentido de Jääskinen. Deseo o preferencia que, dada su naturaleza subjetiva, bien puede entrar en conflicto con deseos o preferencias contrapuestos: como es lógico, los trabajadores denunciantes estarán en principio en contra de que Internet “olvide” esos datos. El ejemplo sirve pues un doble fin: primero, demostrar que tras el supuesto derecho al olvido no siempre se encuentran situaciones dolorosas o injustas, como la del protagonista de este caso, D. Mario Costeja; y segundo, evidenciar el ya citado conflicto, simplemente inevitable en estos casos, entre privacidad y libertad de expresión e información (también de empresa, cómo no).

El choque con las libertades de expresión e información y la de empresa es de hecho el segundo gran foco de atención del Abogado general a propósito del supuesto derecho al olvido. Jääskinen es muy claro cuando acepta que el reconocimiento de un derecho al olvido puede comprometer la libertad de información y de empresa de Google, así como su libertad de expresión, a la hora de poner sus índices a disposición del público en Internet; también el derecho a la información de los usuarios; e igualmente la libertad de expresión de los editores de sitios web (y de quienes en ellos publicasen, aun cuando no sea mencionada por el Abogado general).

Esta frase sintetiza brillantemente las razones: “En la sociedad de la información actual, el derecho a la búsqueda de información publicada en Internet mediante motores de búsqueda es una de las formas más importantes de ejercitar este derecho fundamental. […] El derecho a la información de un usuario de Internet se vería comprometido si su búsqueda de información relativa a una persona física no generara resultados que ofrezcan un reflejo veraz de las páginas web relevantes, sino una versión «bowdlerizada» de las mismas”. Como el propio Jääskinen explica, “Thomas Bowdler (1754–1825) publicó una versión aséptica de la obra de William Shakespeare que intentaba ser más adecuada para las mujeres y los niños del s. XIX que la original”: bien sabemos, añado, que la censura tiende muchas veces a arroparse con paternalismo.

Ahora bien, y llegamos de este modo al tercer y último asunto: si reconocemos que pueden existir severos daños para determinadas personas, como consecuencia de la persistencia (perpetua) en Internet de datos personales perjudiciales para sus intereses; pero a la vez negamos que el derecho al olvido deba ser la solución: ¿qué salidas ofrecemos entonces a quienes al fin y al cabo vienen sufriendo esos serios perjuicios?

El Abogado general comienza por desaconsejar al Tribunal que en su futura sentencia remita la solución de este tipo de conflictos a “cada situación concreta sobre una base casuística”, dejando la decisión en manos de Google u otros buscadores. Sin embargo, dado que Jääskinen niega de partida que el derecho al olvido pueda estimarse cubierto por la Directiva de protección de datos, debe de aquí inferir que ello abriría la puerta a un “procedimiento de detección y retirada” totalmente alegal, lo que a su vez (la expresión es bien explícita) “equivaldría a una censura del contenido publicado realizada por un tercero.”

Al fin y al cabo, el mismo Abogado general apunta que es el Derecho nacional el que, con arreglo a “la responsabilidad civil basada en motivos distintos de la protección de datos personales”, impone a empresas como Google “deberes que exijan bloquear el acceso a páginas web de terceros con contenidos ilegales.”

No creo aventurado inferir de las tesis de Jääskinen una conclusión que ya habíamos propugnado en el anterior número de La ley en la Red dedicado a este tema: la de que la solución a estos problemas debe situarse fuera del derecho a la protección de datos, para emplazarse en la protección del derecho al honor, la intimidad o la propia imagen.

Acabamos de ver que la protección de datos es un mecanismo de excesiva severidad para enfrentarse a estos conflictos: el derecho a borrar de entrada datos obrantes en la Red que alguien estima lesivos puede quizá resolver su situación, desagradable, incluso dramática en muchos casos, pero en otros puede erigirse en censura. Muchos supuestos, además, no serán fácilmente encasillables en una u otra clase.

Afortunadamente, el Abogado general niega ante el Tribunal de la Unión que hoy por hoy exista un derecho al olvido. Crearlo, como la Propuesta de nuevo Reglamento general de protección de datos sugiere, llevaría a proteger la privacidad a costa de lesionar desproporcionadamente la libertad de expresión e información: en otras palabras, a “vaciar la bañera con el niño dentro”.

 

 

 

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