¿Olvido en Internet? No, si el precio es la censura (I).

Publicado por el Jul 2, 2013

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Las conclusiones del Abogado General presagian un más que probable varapalo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea al aún no-nato derecho al olvido.

Las Conclusiones del Abogado General Sr. Niilo Jääskinen se presentaban el pasado 25 de junio de 2013, en el Asunto C‑131/12 Google Spain, S.L., Google Inc. contra Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Mario Costeja González (petición de decisión prejudicial planteada por la Audiencia Nacional). Más simplemente, y como es sabido, se trata del conocido asunto del “derecho al olvido” en Internet, recientemente tratado ya en La Ley en la Red (y de modo en lo esencial coincidente, por cierto, con la orientación de estas conclusiones).

Su importancia radica en que el Tribunal, como asimismo es sabido, suele emitir la inmensa mayoría de sus sentencias (calculadas en torno al 80%) de conformidad con las pautas que el Abogado general le indica en sus conclusiones. De manera que la sentencia sobre el derecho al olvido online, que se conocerá alrededor del mes de diciembre de 2013, desestimará con esa misma probabilidad ese aún no-nato derecho.

El Abogado general Jääskinen comienza sus conclusiones con la que a mi juicio constituye la mejor cita posible: la del famoso trabajo de 1890 de la Harvard Law Review de Louis Brandeis y Samuel Warren, que sirvió para establecer la mejor definición contemporánea de la privacidad. Y subrayo el acierto de la cita porque resalta el encuadre del supuesto derecho al olvido, no solo en la protección de datos personales, sino en el más amplio y adecuado marco de esa misma privacidad en cuanto que “derecho a ser dejado en paz”. Ya quedó sentada esta idea en un número anterior de La Ley en la Red.

Siguiendo el esquema de las preguntas sometidas a consideración del Tribunal europeo por parte de la Audiencia Nacional española, Jääskinen resuelve en primer lugar las agrupables bajo el bloque de cuestiones territoriales. A continuación  recomienda al Tribunal la adopción de determinadas líneas “sustantivas” acerca de si las labores de un motor de búsqueda como es Google implican o no “tratamiento de datos personales” en el sentido de la Directiva 95/46/CE. Y ya en tercer lugar se refiere al tema que aquí más directamente nos ha de ocupar, el de la existencia o no de un derecho al olvido en Internet conforme a dicha normativa europea. Al introducir el análisis de todos ellos, el Abogado general subraya su notoriedad señalando que se trata de “temas hasta ahora no tratados por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea”.

A fin de destacar esta misma relevancia, creo oportuno añadir que el del derecho al olvido es sin duda uno de los temas estrella del Derecho de la Red, fundamentalmente por dos razones: primero, porque suscita un conflicto entre derechos de enorme importancia de por sí, y que de hecho chocan tradicionalmente off-line, como son la privacidad y la libertad de expresión e información; y segundo, porque son justamente ambos derechos, privacidad y libertad de expresión e información, los que de un modo más intenso se han visto afectados por Internet: la privacidad, de modo limitativo a su desarrollo, crecientemente amenazado por una presencia tendencialmente total de la Red en nuestras vidas; las libertades de expresión e información, de manera expansiva, pues nunca antes había poseído la Humanidad una herramienta de comunicación tan poderosa.

En cuanto al territorio, Jääskinen opta por aplicar el punto de conexión a mi entender más correcto cuando se trata de decidir acerca de la legislación aplicable a conflictos surgidos alrededor de Internet: el del “público objetivo” al que los contenidos en liza se dirigen. Las Conclusiones llegan a ese resultado a través de un razonamiento complejo, pues se basa en el hecho de que Google tiene un “establecimiento” en territorio comunitario (español, concretamente), no con el fin de gestionar el motor de búsqueda en sí, sino con el de “promover y vender espacios publicitarios” en el mismo: la posesión de dicho establecimiento es a su vez requisito imprescindible para que la legislación de protección de datos europea y española resulte aplicable a Google España.

En punto a si Google efectúa tareas de “tratamiento de datos”, en cuanto que su motor de búsqueda “localiza información publicada o incluida en Internet por terceros, la indexa automáticamente, la almacena con carácter temporal y, por último, la pone a disposición de los usuarios de Internet”, el Abogado general no puede sino responder afirmativamente, para los casos en que esta información contiene datos personales. Es natural, a la vista de la enorme amplitud del concepto de “tratamiento de datos” que se desprende de la Directiva 95/46/CE.

Una cosa es, sin embargo, que en las actividades mencionadas exista tratamiento de datos y otra bien diferente que Google pueda ser considerado “responsable del tratamiento”, a los conocidos efectos de la normativa europea. Tras un cuidadoso análisis de las diferentes tareas citadas, que Jääskinen va distinguiendo minuciosamente entre sí, llega a la triple conclusión de que, con carácter general: a) Google no puede obviamente ser considerado responsable del tratamiento de los contenidos de “las páginas web fuente”, que deben pues quedar bajo la responsabilidad de sus correspondientes editores. b) Tampoco puede serlo de los contenidos de la llamada “memoria oculta” del buscador, que es el “resultado de procesos técnicamente complejos y automatizados”, destinados a generar “un reflejo de los datos textuales de las páginas web rastreadas”: el Abogado general parece seguir aquí la argumentación del Tribunal de Justicia en el caso Google v. Louis Vuitton, entre otros, en el sentido de excluir la responsabilidad respecto de procesos “ciegos” para el proveedor. c) A diferencia de los dos supuestos anteriores, Google sí que ejerce un control total sobre los contenidos del índice de su motor de búsqueda, motivo por el cual deberá responder de los mismos cuando “no indexe o no archive datos personales, yendo así en contra de las instrucciones o las peticiones del editor de la página web”[1]; con la misma argumentación implícita, el Abogado general extiende esta responsabilidad a casos homólogos a los citados (así como a los de no actualización de páginas web a solicitud de sus editores) que afecten a los contenidos de la memoria oculta.

Finalmente, las Conclusiones derivan en el asunto “mollar”, tal como venía planteado por las cuestiones de la Audiencia Nacional: el de “si los derechos de rectificación, supresión, bloqueo y oposición establecidos en la Directiva” 95/46 “equivalen a un «derecho al olvido» del interesado”.

                                                                                                                                                   Continúa en el próximo número



[1] En este entrecomillado sigo la versión francesa del texto, que cotejada con la inglesa, me permite deducir que, por alguna razón (posiblemente a raíz de un error en la traducción de tal versión inglesa), la española no capta el significado correcto.

 

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