¿Modelo de voz o modelo de Internet? El tráfico de datos en el entorno digital

Publicado por el Nov 5, 2012

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La OCDE tercia en el debate sobre la eficacia del modelo de tráfico de Internet.

Lo ha hecho a través de un sólido informe de 17 de octubre de 2012, elaborado por dos prestigiosos economistas, Dennis Weller (de Navigant Economics) y Bill Woodcock (de Packet Clearing House), titulado “Internet Traffic Exchange. Market Developments and Policy Challenges”, dentro de su serie OECD Digital Economy Papers.

La principal conclusión del documento es que “operando en un entorno altamente competitivo, en gran medida carente de regulación y de organización central, el modelo de tráfico de Internet ha generado precios bajos, ha promovido eficiencia e innovación y ha atraído la inversión necesaria para sostener el ritmo marcado por la demanda.”

El estudio alcanza esta conclusión tras una comparación sistemática del modelo de Internet con el de “las formas tradicionales de tráfico de voz, sujetas a regulación”, con el que se produce “un fuerte contraste”, que se ilustra con el siguiente ejemplo: “Si el precio del tráfico de Internet se expresara en una tarifa equivalente a la de minutos de voz, sería de alrededor de 0.0000008 $ por minuto, o lo que es lo mismo, cinco órdenes de magnitud inferior a las tarifas estándar de voz.”

A partir de aquí, se enuncia la gran preocupación que late tras el informe: la de que existe un intento de traslado de los modelos tradicionales de tarificación y regulación al más eficiente modelo de tráfico de Internet. Ese intento se estaría protagonizando por los sectores con intereses en el mercado de voz (esencialmente, las operadoras de comunicaciones) y por autoridades nacionales habituadas a los esquemas regulatorios clásicos. Todo ello se debe al hecho de que el tráfico de Internet ha ido creciendo al tiempo que el tradicional de voz ha ido menguando, lo que a su vez ha motivado que el modelo de tráfico de Internet se haya convertido en “la norma global”: es decir, más que nunca hasta ahora, Internet ciertamente es la Red de redes.

Para la OCDE, estos hechos generan retos en tres órdenes principales: la arquitectura de Internet, al hilo de la adopción del nuevo protocolo IPv6; la innovación tecnológica en las redes, que si bien vino manteniendo un ritmo geométrico de crecimiento hasta 2001, se estancó desde entonces, a raíz del estallido de la “burbuja tecnológica”, por lo que servicios online de creciente demanda de ancho de banda, especialmente el streaming de video, comienzan a verse seriamente obstaculizados; y el propio modelo de tráfico de Internet, con sus consiguientes implicaciones regulatorias.

Respecto de este último, el aspecto del informe que más me interesa resaltar es el denominado “Modelos de precios para financiar inversiones futuras”. La razón es clara, como se desprende de entregas anteriores de La Ley en la Red: es en este tipo de asuntos donde se está jugando el destino de la neutralidad de Internet.

En el tratamiento de este concreto tema el estudio resulta particularmente esclarecedor, debido a su gran amplitud de miras. En él se describen cuatro posibles esquemas de precios orientados a enjugar las inversiones requeridas por el mantenimiento y perfeccionamiento de las redes de comunicaciones electrónicas:

–          El primero viene a sujetar los precios al volumen de tráfico consumido, tal y como viene ya sucediendo en diversos países.

–          El segundo sería el que algunos denominan “peaje indiscriminado”, aplicable por los operadores de red a todo tráfico que circulase por Internet. Según ya hemos expuesto en estas páginas, aquí encajaría la ya casi mítica reclamación de Telefónica a proveedores como Google de abonar una tarifa por el uso de sus redes, anunciada a inicios de 2010.

–          El tercer modelo sería el de la llamada calidad de servicio, también tratada como tema crítico en La Ley en la Red. Implicaría una “coordinación de extremo a extremo entre todas las redes integradas en Internet, o al menos las dotadas de suficiente masa crítica, para conseguir dicha calidad de servicio”.

–          La cuarta y última opción, que sería combinable con la primera, sería que los operadores de redes ofreciesen “servicios de alta calidad” basados en “acuerdos comerciales voluntarios”, siendo dichos servicios del mismo tipo de los que hoy en día suministran proveedores de contenidos como NetFlix, Akamai o Google.

El informe se decanta a favor de las soluciones primera y cuarta. Aunque en mayor medida la primera, ambas vienen avaladas por los hechos, como se ha dicho. En tanto que la opción cuarta se ve respaldada por un análisis específicamente llevado a cabo para el propio estudio: tras examinar alrededor de 142.000 acuerdos de interconexión, se llegó a la conclusión de que las cláusulas de este tipo de acuerdos son tan generalmente aceptadas que el 99.5% de ellos se celebran sin contrato escrito alguno. Por otro lado, los autores apoyan la cuarta opción siempre y cuando suponga respetar la normativa sobre libre competencia.

El estudio se manifiesta en cambio en contra de las opciones dos y tres, con el argumento principal de que habrían de imponerse obligatoriamente, bien por intervención gubernamental, bien mediante acuerdos de naturaleza colusoria. La obligatoriedad, sin embargo, “no resulta coherente con el modelo de tráfico de Internet”.

Esta razón sería común a ambas soluciones, pues si bien la obligatoriedad se revela obvia en el caso dos, también la opción tres podría terminar abocando a ella, al requerir una coordinación “en cascada”. La calidad de servicio, además, se ha revelado impracticable en el pasado por la falta de acuerdos generales, su implantación implicaría “tremendos costes”, al tiempo que está por ver si generaría el nivel de “experimentación y evolución” que Internet requiere hoy en día.

Coincido sin problemas con aquel punto de vista: ciertamente la obligatoriedad “no resulta coherente con el modelo de tráfico de Internet”, basado en el extremo a extremo, en la distribución de paquetes de datos con arreglo al “mejor esfuerzo” (“best-effort”), en una palabra, en la neutralidad.

También me considero partidario de que las tarifas de datos oscilen en función de su volumen. No se trata aquí del segmento de volumen de tráfico que a priori se contrata, es decir, de las típicas tarifas de 1, 6, 10, 20 ó más megas, lógicamente más caras según aumenta el volumen potencial. Se trata de que pague más quien, dentro de cada uno de esos segmentos, efectivamente más consume. La “tarifa plana” tuvo sin duda su razón de ser en los comienzos de la comercialización masiva de Internet y entre otros beneficios contribuyó a excluir la Red de los esquemas tradicionales de tarificación por voz, que resultaban manifiestamente inadecuados e injustos en ese nuevo contexto. Mantener la “tarifa plana escalonada” comienza en cambio a resultar inadecuado en el actual entorno digital, donde la importancia del caudal de datos se revela cada vez más determinante; y también injusto, siendo los desniveles de consumo manifiestos entre unos y otros usuarios, incluso dentro de un mismo segmento o escalón: ¿Por qué debe mi vecino pagar lo mismo que yo por nuestros respectivos 20 megas, si mi uso de Internet, pongamos por caso, es sustancialmente superior? ¿Sigue teniendo sentido que, aun solo dentro de un tramo, mi vecino esté en cierto modo subvencionando mi mayor uso?

No obstante, y aun reconociendo su brillantez al abordar los temas y también su valentía al decantarse por unos u otros puntos de vista, este estudio me suscita también algunas incógnitas.

Coincido por ejemplo en la oportunidad de la opción cuatro: los acuerdos voluntarios y la asunción de funciones de suministro de contenidos por parte de los operadores de comunicaciones. Ahora bien, ¿qué ocurre si esos acuerdos voluntarios no llegan? ¿O, cuando menos, hasta tanto llegan? Todo esto suponiendo que los operadores de comunicaciones opten efectivamente por entrar en ese negocio alternativo, en el que es verdad que muchos y entre ellos casi todos los importantes, están ya de un modo u otro (es el caso de Telefónica entre nosotros, o de Comcast en los EE.UU., por solo citar dos de entre muchos casos).

El informe acierta al ver en el modelo de tráfico la clave del equilibrio en el entorno digital. No es difícil explicar por qué: Internet no es otra cosa que una red de transporte, una red de transmisión de información. Aquí radica su más íntima razón de ser. Fue diseñada para realizar esa misión.

El tráfico es pues la fuente originaria de riqueza en Internet. Para algunos agentes en el entorno digital ese tráfico constituye una fuente prácticamente incondicionada de recursos, que se incrementarán en función del mismo. Es el caso paradigmático de las que aquí solemos llamar “empresas de Internet”, más técnicamente conocidas como proveedores de contenidos: dando por supuesta una gestión corporativa saludable, lo ordinario es que sus ingresos aumenten conforme el tráfico de sus contenidos lo haga también.

Asimismo para otros agentes de ese entorno, paradigmáticamente los operadores de comunicaciones, el tráfico de Internet constituye sin duda la base de sus ingresos en este ámbito (más allá del negocio de voz, por ejemplo): gracias al tráfico que, junto a otros agentes, las empresas de Internet generan, entidades como las telcos pueden también desenvolverse en este mercado. El problema es que los ingresos de las telcos por este concepto están severamente condicionados de partida, o al menos lo están mucho más que los de las empresas de Internet. La necesidad de invertir en el mantenimiento e innovación de las redes de infraestructura es el primer gran obstáculo. Las cargas regulatorias de un sector fuertemente supervisado por los poderes públicos son el segundo, incluso en el acceso a Internet, que en países como España está garantizado por ley como parte del servicio universal de comunicaciones: de hecho, España figura entre los países pioneros del mundo en garantizar legalmente no solo ese acceso a la Red, sino también a la velocidad mínima de 1 mega por segundo.

Quizá se echa en falta una mayor conciencia del informe respecto de estas difíciles cuestiones.

Finalmente, y en el actual estadio de la sociedad digital, mayor tráfico no implica necesariamente mayor ingreso para los operadores: un mismo número de abonados genera de hecho en ocasiones un volumen creciente de tráfico, siendo la congestión de las redes de banda ancha un problema bien real en nuestros días: ¿cuántas veces conseguimos disfrutar de un vídeo en nuestra casa sin ninguna interrupción?: pese a mis 20 megas contratados, yo mismo sufro esas disfunciones con frecuencia y mi operador no me ha exigido en cláusula alguna que solo vea vídeos a las 4 de la madrugada, para evitar sobrecargas por usos simultáneos de mis vecinos.

El informe se hace eco de este último problema, al afirmar que “la inversión de todos los interesados en las distintas redes es recomendable”. No obstante, se limita a hacerlo al introducir sus argumentos en contra de la obligatoriedad.

A la vista de todas estas cuestiones, en un alarde de cautela, el documento recomienda que las autoridades nacionales observen su evolución y esperen acontecimientos. El tiempo dirá si esa cautela ha sido o no también prudencia.

Lo cierto es que, entretanto, comienza a apremiar el tiempo para prevenir una insatisfacción creciente de los consumidores por el colapso de unas redes cada vez más saturadas, entre el ávido deseo de unos por suministrar cada vez más contenido y la recelosa desgana de otros a la hora de financiar su renovación.

Más allá de ello, confieso que me inquieta el destino de la neutralidad de la Red, al plantearme cómo será posible evitar la obligatoriedad si las avenencias mutuas terminaran por llegar demasiado tarde o por no llegar siquiera.

Paralelamente y, por el contrario, cada vez me va resultando más claro que un estudio en estrictos términos de mercado, independiente y riguroso, podría arrojar mucha luz sobre los costes y beneficios reales de unos y de otros en esta pugna tan crucial para el futuro de Internet. Sus conclusiones ayudarían a situar con objetividad a todos los agentes implicados ante estos dilemas. Y a buen seguro contribuirían a que las soluciones que se adoptase fueran las más oportunas.

 

 

 

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