Más transparencia

Publicado por el Jul 2, 2012

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Tras haber sido anunciado hace algunos meses, continúa en trámite de consulta pública el anteproyecto de ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, una norma tan largamente necesitada en nuestro país como estrechamente conectada con el mundo TIC.

El anteproyecto no define lo que se ha de entender por transparencia: lo da por sobreentendido: la actividad gubernamental y administrativa habrá de desarrollarse en la mayor medida posible a la luz pública, en el doble sentido de que gobierno y Administración harán “activamente” pública la información que generen y de que los ciudadanos habrán de gozar del derecho efectivo de acceder a dicha información.

A tal fin, el texto consagra la transparencia como principio y como objetivo, mientras que por primera vez de modo sistemático en España, igualmente como derecho: un derecho que ya venía figurando de forma muy sucinta en el artículo 105.b) de la Constitución y que había sido desarrollado en la Ley de régimen jurídico y procedimiento administrativo de 1992, si bien en este caso de modo insuficiente e insatisfactorio.

A mi juicio correctamente, la nueva norma encuadra la transparencia en el más amplio contexto del buen gobierno. Es un acierto, puesto que la transparencia constituye la mejor prevención de comportamientos abusivos en el ejercicio del poder público, e incluso uno de sus más eficaces remedios, una vez surgidos. Hoy es ya tópico recordar la célebre frase del juez norteamericano Louis Brandeis, pronunciada en 1932: “La luz del sol es el mejor desinfectante”.

A efectos de hacer más eficaz el respeto a la transparencia, el anteproyecto encomienda cierto control sobre ello a una agencia estatal ya existente, a la que sin embargo rebautiza: la anterior Agencia estatal de evaluación de las políticas públicas y la calidad de los servicios pasa a denominarse Agencia estatal de transparencia… (y todo lo anterior). Aquí surge sin embargo un problema: el roce entre esta Agencia y la también pre-existente Oficina de conflictos de intereses, que asimismo ahora se rebautiza como Oficina de buen gobierno y de conflictos de intereses.

Efectivamente, la remozada Agencia de transparencia asume como única función directamente concerniente a la propia transparencia el conocimiento y resolución de una especie de recurso especializado de alzada, denominado “reclamación”, frente a denegaciones del derecho de acceso a la información pública. Por otro lado, la organización de la Agencia se reestructura para asimilarla a la de las llamadas administraciones independientes, de manera que su Presidente se nombra de entre personas de reconocidos prestigio y competencia profesionales, con el respaldo tácito del Congreso de los Diputados y solo puede ser removido por causas tasadas y objetivas.

Por el contrario, la re-denominada Oficina de buen gobierno y de conflictos de intereses retiene el grueso de los poderes efectivos en materia de control especializado del buen gobierno y muy particularmente de la transparencia, en forma de gestión de las declaraciones patrimoniales y de actividades de altos cargos y empleados públicos, de sus conflictos de intereses y de instrucción de los procedimientos sancionadores que de su infracción se pudieran derivar. Mientras tanto, continúa dependiendo orgánicamente del Ministerio de Hacienda y de Administraciones Públicas, es decir, sigue careciendo de la deseable independencia en este ámbito.

En una palabra, el órgano más independiente es el que carece de las competencias necesarias, en tanto que el que adolece de falta de independencia continúa reteniéndolas.

Sobra decir que lo ideal en este sentido hubiera sido refundir todas las competencias relevantes en estas materias en un solo órgano, al que se dotara de una mayor independencia. Me atrevo incluso a proponer su nombre: Agencia estatal de transparencia y buen gobierno.

En lo que específicamente a las TICs se refiere, el anteproyecto hace dos contribuciones principales: por una parte, cataloga los medios electrónicos como el canal usual para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública. Por otra, crea el llamado Portal de la transparencia, como fuente para la publicación de datos e información públicos.

Aquí aparece no obstante otro problema, pues la información que verá la luz en ese portal no será toda la que con arreglo a la nueva ley sea publicable, sino únicamente “la que se solicite con mayor frecuencia”. Entiendo que se da un paso con la mera creación de este portal, si bien considero que la información que se publique en él habría de ser toda la publicable, sin restricciones previas, o que al menos se tienda a ello de forma escalonada.

En este aspecto se percibe en el texto cierto recelo de partida hacia la transparencia. Como también en el hecho de que la información pública que deba hacerse transparente sea solamente la expresamente establecida al efecto en esta norma, sin que se haya recurrido a la técnica contraria, más generosa, de haber previsto exclusivamente en la ley las excepciones a una regla general de transparencia informativa.

Lamentablemente, además, las excepciones que de entrada se prevén van mucho más lejos que el propio artículo 105.b) de la Constitución, que solo dispone limitaciones relativas a “la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas”: el anteproyecto se refiere a éstas, pero también a meros ilícitos administrativos y disciplinarios, relaciones exteriores, intereses económicos y comerciales, entre otros varios. Entiendo que ese elenco de excepciones debiera pues ajustarse de forma estricta a lo taxativamente dispuesto en la Constitución.

Con todo, la que será nueva ley de transparencia debe ser saludada como un avance imprescindible. Entiendo que con ligeros ajustes, entre los que pudieran contarse los aquí sugeridos, esta norma se erigirá en baluarte esencial del buen gobierno en España. Ayudada por la valiosa contribución de las TICs, la transparencia será pues, de forma real y efectiva, base capital de la libertad de crítica y de prensa, clave a su vez para la democracia, aquí y en todas partes.

 

 

 

 

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