Lex robótica y Derecho digital

Publicado por el Mar 24, 2015

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En un muy citado informe de 2013, la consultora McKinsey pormenoriza hasta doce tecnologías “disruptivas”, que lo son por estar destinadas a transformar en profundidad la vida, la empresa y la economía mundial: más allá de cuatro referidas a energía y materiales y una relativa al genoma, las otras siete se encuadran en la que se viene denominando “revolución digital” (Internet móvil, Internet de las cosas, cloud computing, etc.).  

De entre ellas, la propia McKinsey destaca tres: el almacenamiento energético, la investigación del genoma y la robótica avanzada (en la que cabe enmarcar los automóviles sin conductor). Si tenemos en cuenta que McKinsey pretende con este Informe despejar el horizonte de tecnologías que se supone serán revolucionarias, pero que terminan no siéndolo tanto, concluiremos que la robótica constituye sin duda una de las tecnologías disruptivas por excelencia, y en el entorno digital, la “next big thing”. De hecho, este mismo Informe cuantifica entre 1,7 y 4,5 billones de dólares el impacto económico acumulado de la robótica avanzada para el año 2025.

Fuentes tan autorizadas como The Economist concuerdan, al afirmar que la robótica entrañará “cambios que no serán necesariamente rápidos, pero que serán profundos”, citando para respaldarlo las inversiones multimillonarias que tanto gobiernos como el norteamericano, como grandes multinacionales del sector digital, están dedicando a su investigación e implantación.

Ahora bien, ¿de qué hablamos cuando nos referimos a “robótica”? No ha venido siendo nada sencillo precisarlo, si tenemos en cuenta que como “robots”, se conoce a toda una serie de ingenios que van, desde los humanoides aplicables a infinidad de tareas domésticas, a aparatos sin aspecto humano que realizan autónomamente este mismo tipo de labores, los mencionados automóviles sin conductor, los drones de uso militar o civil, ciertos aparatos de utilización sanitaria y en particular quirúrgica, los ya clásicos de uso industrial, los dispositivos de “mejora del cuerpo humano” (habitualmente aludidos con la expresión “ciborg”), o los que generen campos de investigación y desarrollo como la inteligencia artificial (AI), e incluso la nanotecnología.  

Siendo como es muy abigarrado, este panorama puede sin embargo ahormarse conceptualmente gracias a tres notas, que también aporta el Informe de McKinsey: “sentidos, inteligencia y destreza”. Todos esos ingenios poseen capacidad de percibir la realidad, procesarla con mayor o menor inteligencia, y alterarla mediante acciones de determinada precisión.

¿Qué respuesta debe dar el Derecho a la robótica, a la vista de su condición de tecnología disruptiva por excelencia en el entorno digital?

Aunque es muy pronto para ponderarlo con la necesaria exactitud, y más allá de reacciones legislativas aisladas –procedentes de algunos de los países más avanzados en este campo-, dos opiniones se perfilan como las más autorizadas: una procede de los EE.UU., la otra de la Unión Europea.  

La voz claramente más representativa de entre las que proceden de los EE.UU. es la del profesor Ryan Calo, de las universidades de Stanford y Washington. Para Calo, la robótica entraña tres características “transformativas”: corporeidad (a diferencia del software, el robot es material, o “analógico”, podríamos decir), impredecibilidad (a diferencia de un simple dispositivo, el robot piensa y “decide” con cierta autonomía), e impacto social (que en determinados humanoides lleva a las personas a “preocuparse” por su situación y hasta por sus “derechos”).

Son estas tres notas disruptivas las que llevan a Calo, en primer término, a diferenciar nítidamente la robótica frente a Internet; y, sobre esta base, a trazar una clara frontera entre el Derecho de la Red (Cyberlaw) y un posible Derecho de la robótica. Tan clara es esta frontera para nuestro autor, que en su opinión dicho Derecho de la robótica no debe por supuesto encuadrarse en el Derecho de Internet, sino dar lugar a toda una nueva rama científica. Esta nueva rama deberá desde luego aprovechar los grandes avances que en estos últimos veinte años el Derecho de Internet ha traído consigo, siendo éstos especialmente dos: el enfoque multidisciplinar de los conflictos y el frecuente recurso al método de interpretación analógico (a fin de evitar la sobrerregulación). Aunque, en el fondo, esa disciplina nueva habrá de estudiar los problemas de responsabilidad civil o penal, de privacidad o consumo, entre tantos otros, que los robots puedan llegar a plantear, con total autonomía frente a otras ramas legales.

La respuesta europea tiene su origen en un proyecto de investigación promovido por la Unión Europea, el llamado Robolaw, encabezado por dos juristas de la Universidad de Pisa, los profesores Andrea Bertolini y Erica Palmerini, y presentado ante la Comisión Europea y el Parlamento Europeo el pasado mes de septiembre de 2014.

A diferencia del enfoque estadounidense, el documento europeo evita proveerse de un respaldo conceptual “de cabecera” como el recién descrito, hasta el punto de renunciar incluso a un posible tratamiento legal sistemático para la robótica (al menos, que vaya más allá de las dos pautas generales que más adelante apuntamos). Por supuesto, Robolaw evita también todo entronque de las soluciones que propone con la evolución académica y conceptual del Derecho de Internet desde mediados de los noventa.

En el fondo, y con una enorme solidez, lo que los profesores de Pisa realizan es un análisis funcional de los retos legales de la robótica, mucho más consistente en reglas que en principios, y fundamentalmente centrado en la responsabilidad por defectos o mal uso de los robots, así como en la seguridad que se debe exigir a estos dispositivos.   

Pese al particularismo dominante en su enfoque, Bertolini y Palmerini sí que encuentran dos pilares generales para toda su construcción: Primero, el que denominan “marco común de derechos y principios fundamentales”. Para delimitarlo, los autores de Robolaw desgranan aquellos derechos y libertades a su juicio más afectados por el funcionamiento social de los robots, en una tarea que recuerda mucho a la que algunos hubimos de afrontar a mitad de los dos miles para identificar los que ya llamábamos “derechos y libertades especialmente afectados por Internet”. Bien podrá imaginarse que dignidad, integridad física o privacidad sobresalen en este elenco.

Los citados investigadores italianos coronan este primer pilar de su trabajo apelando a lo que denominan “Investigación e Innovación Responsables” (IIR), que conectan con la necesidad de efectuar una regulación de la robótica que equilibre en su justa medida el respeto a los derechos y libertades, con el desarrollo decidido de esta tecnología disruptiva, en tantas ocasiones dotada de un beneficio e interés enormes para la sociedad (citamos solo un ejemplo, mencionado por los propios autores, el de humanoides que acompañen a personas mayores a fin de ayudarlas en las tareas esenciales de su cotidianidad). De nuevo, esta idea de “responsabilidad” en el desarrollo tecnológico, trabajada también por la Comisión Europea en 2013, recuerda a la que algunos manejábamos poco antes, al propugnar una “apertura responsable de Internet”, que al tiempo que garantice su carácter libre, aleje toda idea de la Red como una especie de “Far West”.  

El segundo pilar común a toda la construcción de Bertolini y Palmerini es su apelación al “soft law” o Derecho blando que al cabo suponen los estándares promovidos desde los entes internacionales y nacionales de normalización (ISO, Aenor, etc.). Sin pretender que suplan al Derecho clásico, estos estándares resultan ideales para complementar este último en campos tecnológicos tan altamente cambiantes como el de la robótica viene siendo y está destinado a ser.

Me permitiré terciar en este escenario. Eso sí, lo haré sin ánimo alguno de profundidad, al ser ésta una materia que estoy en este momento trabajando con mayor detenimiento, con vistas a una monografía de próxima aparición.

No creo que en la Europa (y más particularmente en la España) de nuestros días estemos en condiciones de defender una postura como la de Ryan Calo. Tras más de veinte años desde la irrupción social generalizada de Internet, sigue costando “Dios y ayuda” propugnar visiones del Derecho de la Red desde la óptica de conjunto que esta misma tecnología proporciona, y no desde el correspondiente “cajón” doctrinal impuesto por la estructura universitaria. Son prácticamente testimoniales (la excepción que confirma la regla) los programas universitarios que ofrecen en su currículo de grado la asignatura “Derecho de Internet” o similar, que en cambio se viene impartiendo de forma prácticamente general en las universidades norteamericanas a partir de su implantación a mediados de los noventa (allí la excepción, por supuesto inversa, es Chicago). Pensar por ello, cuando queda aún tanto por hacer con el propio Cyberlaw, en un Derecho de la robótica como disciplina independiente, incluso respecto del Derecho de la Red, me parece poco realista, y hasta inadecuado.

¿Es entonces preferible la opción, por así decir funcional, del proyecto europeo Robolaw? Tampoco lo creo. Hemos dejado antes constancia de las notas definitorias comunes que desde el punto de vista tecnológico pueden predicarse de todos los robots, como también del gran esfuerzo de Calo por identificar esos tres rasgos disruptivos (corporeidad, impredecibilidad e impacto social) de la robótica. Entiendo que todo ello debiera bastar para ir más allá de una yuxtaposición de respuestas legales a retos concretos, por brillantes y rigurosos que éstas puedan ser (y lo son). En suma, esas tres notas definitorias y esas tres notas disruptivas dan a mi juicio pie para reivindicar cierta autonomía académica para esta incipiente rama del conocimiento, rotulada como tal “Derecho de la robótica” (o como indica el propio título del proyecto europeo, “Robolaw”).

Por todo lo hasta aquí dicho, creo que esa “cierta autonomía académica” debiera plasmarse en el estudio de un “Derecho de la robótica” que constituya uno de los focos principales de atención de otra rama de conocimiento más amplia. ¿Cuál debe ser ésta?

¿Quizá el Derecho de Internet? Tras más de 15 años preconizando esta rúbrica, debo reconocer que me siento de entrada atraído por esta opción: a Internet se debe al cabo el estallido del mundo digital entre nosotros desde fines del pasado siglo. De ahí que siempre haya visto en el término “Internet” una “palabra-fuerza”, tan expresiva como capaz de aglutinar vertientes bien diversas del entorno digital.

No obstante, debo reconocer que esta rúbrica de “Derecho de Internet” (o la algo más amplia de “derecho de Internet y las TICs”) no basta para englobar un paradigma tecnológico tan variopinto como es la robótica, que desborda a Internet y las TICs (nuestro robot podrá estar conectado a la Red, cómo no, pero ni de lejos es ése su rasgo esencial).

Podrá entonces pensarse en englobar el Derecho de la robótica en una rama más amplia, que lleve por título otra fórmula frecuentemente utilizada en nuestros ámbitos, como es la de “Derecho digital”. Sin embargo, y aunque solo fuese por su corporeidad, el robot trasciende la mera inmaterialidad del mundo digital, para de alguna forma devolvernos al entorno “analógico” pre-digital. Parafraseando la célebre Declaración de Independencia del Ciberespacio de 1996, podríamos en cierto modo decir que “aquí vuelve a haber materia”, a diferencia de lo que sucede en el entorno exclusivamente  digital.

Siendo lo anterior cierto, creo que esta denominación de Derecho digital, como rama de conocimiento jurídico que englobe un Derecho de la robótica, resulta la más apropiada. Con ella se evita la inconveniente (y no solo por prematura) generación de una disciplina legal enteramente autónoma, al tiempo que se apela a un rasgo indiscutiblemente compartido entre Internet y las TICs, por un lado, y el robot por otro: el hecho de que, como mínimo, unas y otro empleen recursos tecnológicos tan “digitales” como el software programado y la electrónica (valga la redundancia) digital.

En un trabajo de 1997, Joel Reidenberg, uno de los “clásicos” del Derecho de la Red, se refería a éste como “Lex Informatica”. Los años 2014 y 2015 están alumbrando la Lex Robótica. La Lex Robótica en el contexto del Derecho digital.

 

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