La Internet de las cosas y sus repercusiones jurídicas

Publicado por el Feb 18, 2013

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La llamada “Internet total” revoluciona tecnologías y empresas, al tiempo que diversas facetas del ámbito legal.

Ya hoy en día, Internet conecta ordenadores y redes, incluyendo en los primeros, dispositivos como los smartphones, junto a otros muchos tipos de objetos, como televisores, videoconsolas de juegos, electrodomésticos, automóviles, elementos de edificios, infraestructuras como puentes o autopistas, abriendo así la puerta a la interacción “máquina-máquina” (“Machine-to-Machine”, M2M), así como a personas con esos objetos; puede incluso conectarse animales, como sucede ya en algunas explotaciones ganaderas.

El método es la incorporación de dispositivos inteligentes a todos estos objetos tradicionalmente “tontos”, o simplemente de sensores inalámbricos que recopilan datos para su envío a centros de procesamiento.

La actual es por consiguiente, y cada vez más, una Internet de las cosas o de los objetos, que otros denominan “Internet de todo” (Internet of Everything) y que yo prefiero designar como “Internet total”, en la medida en que apenas si existirán reductos, ya espaciales, ya temporales, que escapen a la conectividad.

En este sentido, la Internet de las cosas representa una de las principales manifestaciones de la llamada revolución de los datos, que en estas páginas hemos tenido ya ocasión de mencionar: todo “un nuevo paradigma” tecnológico, nada menos, según la Comisión Europea.

Cinco son a mi juicio los principales factores de la Internet de los objetos que generan repercusiones en diversas facetas del derecho.

El primero de ellos es consustancial a este nuevo paradigma: un mayor número de dispositivos conectados. En la fuente citada, de nuevo la Comisión Europea lo ha cuantificado en una cifra que oscila entre los 50.000 y los 70.000 millones, de los cuales solo el 1 % están conectados en la actualidad. La multinacional Cisco coincide en gran medida con la primera de esas cifras, si bien la precisa aún más, al calcular que eso suceda en torno a 2020.

Es sabido que su extrema compatibilidad con otras redes y dispositivos, ordenadores en un primer momento, constituyó un factor clave para el fulgurante éxito de Internet. Este factor estaba anclado en lo que probablemente constituya el rasgo más importante de esta Red: su apertura, en tanto y en cuanto había sido diseñada para trasladar información “de extremo a extremo”, sin barrera alguna.

Esta apertura de la Red es a su vez fundamental para la libertad en su seno y en torno a ella, puesto que solo si se preserva esencial, aunque a la par responsablemente, será posible impedir que los enemigos de la libertad terminen por instrumentalizarla al servicio de sus intereses. Si asimismo tenemos en cuenta la paulatina pero imparablemente creciente centralidad de Internet en la vida humana, podremos calibrar el peso que la Internet abierta tiene en última instancia para la garantía de la propia libertad.

Ahora bien, preservar la Red abierta y libre viene siendo cada vez más arduo en el actual contexto “cuantitativo” de Internet, en el de digamos, la actual IPv4 de 4.900 millones de direcciones IP. Si ello es así, una Internet con el número de dispositivos al que veníamos refiriéndonos y por ende pensada para hasta 340 sextillones de direcciones IP, será tanto más difícil de mantener en aquellas mismas dos condiciones. Por poner ejemplos: países como Irán pueden tener hoy claros incentivos para crear una “Internet nacional”, o determinadas empresas para crear “silos” exclusivos de datos e información (por emplear el término acuñado en este contexto por Tim Berners-Lee): parece lógico pensar que ese brutal crecimiento potencial de Internet provoque el correspondiente aumento de dichos incentivos. 

Y si es pues de prever que la tentación de erigir “tabiques” sea apreciablemente superior en el nuevo contexto de Internet total, es también fundamental propugnar una importancia paralelamente mayor del principio de apertura de la Red. En una palabra: la Internet de las cosas no hace sino fortalecer la necesidad de un principio como el de apertura de la Red.

Otro resultado adicional de este mayor número de dispositivos estará representado por un inevitable aumento de opciones delictivas para quienes emplean Internet con fines de esa naturaleza. No pretendo el alarmismo, si bien el incremento del riesgo es palpable en cuanto se refiere a las denominadas infraestructuras críticas, como por ejemplo son las redes de suministro de agua, gas, electricidad o teléfono-Internet. De modo que si la legislación europea en materia de ciberterrorismo venía por ejemplo prestando una especial atención a tales riesgos, probablemente ha llegado la hora de que comiencen a ser objeto de una atención aún mayor. También habrá de hacerlo la ciberdefensa y, en cuanto a su regulación jurídica, los tratados internacionales que, tarde o temprano, habrán de terminar acometiéndola.

Junto a más dispositivos, más dispersos. En los albores de Internet ésta enlazaba mainframes que ocupaban salas enteras, en los ochenta comenzó a agregar PCs y en los noventa-dos mil, móviles y las primeras tabletas: a partir de ahora está llamada a conectar también sensores en alcantarillas, autobuses en ciudades y vacas en granjas lecheras. Y hemos visto en qué ingentes cantidades.

Las consecuencias para el derecho se plasman aquí a mi entender en un área principal, de por sí extraordinariamente compleja en cuanto a su reflejo en Internet: la jurisdicción en cualquiera de sus facetas, ya penales o de otra índole.

Y la jurisdicción es aquí materia de especial complejidad, como consecuencia de la descentralización por así decir “congénita” de la Red. Ello ha llevado a su vez a que la de la jurisdicción sea probablemente la materia en la que el derecho de Internet se ha venido encontrando desde sus orígenes más inseguro, sin que hasta ahora haya sido capaz de proponer soluciones verdaderamente satisfactorias para los serios problemas que en este marco se le plantean: como el profesor de Temple University David Post explicaba, ni el tratado internacional resulta suficientemente realista y por tanto práctico, ni el derecho nacional (o a lo sumo regional, por ejemplo a escala europea) es por el contrario suficientemente justo a esos fines: no es realista poner de acuerdo a Estados como China, Nueva Zelanda o España en un tratado que regule la libertad de expresión en línea, pongamos por caso; como tampoco es justo sujetar a la mera presencia de una persona o sus bienes en un determinado país, el hecho de que termine efectivamente indemnizando a un tercero por una supuesta infracción contractual o criminal.

Basta considerar que la Internet de las cosas exacerba en extremo esa descentralización de la Red para percibir que la problemática de la jurisdicción continuará siendo durante mucho tiempo uno de los principales quebraderos de cabeza para quienes operamos en el campo del derecho de Internet.

Más dispositivos, en tercer lugar, supondrán evidentemente un incremento del tráfico: según información de las empresas MitSue Ventures y Neolabels, tan solo veinte domicilios particulares generarán en 2015 el mismo tráfico de datos que toda la red Internet en 1995.

Y a mayor tráfico, presión presumiblemente superior sobre su regulación. Esa presión regulatoria viene haciéndose patente hoy en día en torno al concepto de calidad de servicio (QoS), un auténtico estandarte de las operadoras de comunicaciones electrónicas para promover sus puntos de vista sobre el entorno digital, que hemos examinado con profusión en otros números de La Ley en la Red, respectivamente dedicados a modelos de tráfico y a retos jurídicos de futuro. A la vista de una y otra idea, es pues de esperar que la Internet de las cosas implique aún más eco para el concepto de calidad de servicio, como argumento para justificar un mayor peso de las operadoras en el sector digital.

El cuarto y quinto factores consustanciales a la Internet de los objetos presentan la nota común de influir decisivamente sobre los derechos y libertades, en particular, la privacidad, razón por la cual han sido también analizados en esta sede: uno de ellos es el hecho de que la Internet total no propicia únicamente un volumen cuantitativamente superior de datos, sino asimismo un tratamiento cualitativamente mejor; el otro es esa mayor intrusión de Internet y en general de las TICs en nuestras vidas, sean cuales sean los espacios o momentos en que se desenvuelvan.

Me remito a lo expuesto en su momento a propósito del impacto de ambos fenómenos sobre la privacidad en todos sus ámbitos, desde intimidad hasta identidad personal o protección de datos.

Y concluyo, recordando uno de los aspectos entonces recordados de ese mejor tratamiento de la información: las posibilidades hasta ahora insospechadas que abre en campos como la publicidad, de la mano de su personalización. El motivo de hacerlo de nuevo en este punto es sin embargo diverso del de insistir en su impacto a efectos de privacidad: la razón ahora es subrayar que campos como el de la regulación mercantil de la publicidad habrán de comenzar a tener en cuenta esa creciente posibilidad de personalizar los anuncios, por ejemplo a fin de constatar si se adecúan o no a pautas razonables de respeto al consumidor y lealtad comercial.

 

 

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