La Agenda Digital para España: A vueltas con un viejo debate alrededor de Internet (y II)

Publicado por el Aug 1, 2012

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El viejo debate histórico que enfrentó desde comienzos de los años setenta a las operadoras de telecomunicaciones con los creadores de la entonces incipiente Internet se está reeditando en nuestros días con especial viveza.

Hay interferencias en el funcionamiento de Internet que de entrada resultan inaceptables, como son las que se pudieran ejercer sobre sus estándares y protocolos, que configuran su esencia. O como lo sería la discriminación de determinados contenidos en función de orientaciones políticas o de pensamiento: que Telefónica se negara a prestar acceso a Internet a simpatizantes de un determinado partido político sería un ejemplo.

Otras en cambio no solo son aceptables, sino necesarias, y afectan a la infraestructura de Internet, es decir, a las propias redes de comunicaciones: se trata de las facultades de gestión de ancho de banda que han de tener las operadoras.

Sin embargo aquí vuelve a surgir la polémica: y así, casi nadie cuestiona, ni siquiera las empresas de Internet, como hemos visto, que el ancho de banda se gestione en función de la seguridad del tráfico o la calidad del servicio. 
Ya sería más controvertido que lo fuera en razón al volumen de uso, de modo que usuarios masivos de ciertos contenidos o servicios terminasen pagando proporcionalmente más por el uso de las redes: anticipo mi parecer favorable a esta opción, pues no veo justificable que una señora mayor que apenas si utiliza Internet para enviar algunos correos y visitar algunos webs en un mes deba “subvencionar” el uso de la Red (pagando la misma tarifa) de un joven ejecutivo que envía miles de correos, visita cientos de páginas, ve decenas de películas en línea y escucha cientos de canciones por la Red dentro de ese mismo mes.

Mientras que una gestión del ancho de banda que posibilitara a las operadoras el entorpecimiento de servicios como WhatsApp o NetFlix a fin de favorecer los SMS de pago o servicios de vídeo propios sí que resultaría del todo inadmisible, y no solo para las empresas de Internet, sino también para millones de usuarios. Las razones son claras: si ello fuera posible, desaparecerían los incentivos a la innovación en Internet, al tiempo que se perjudicaría abiertamente a los usuarios.

Y también en el contexto de la gestión del ancho de banda debe a mi juicio examinarse esa contraprestación que las operadoras pretenderían obtener de las empresas de Internet, a modo de plus por el uso de sus redes.
Algunos han venido poniendo como ejemplo al respecto el modelo de negocio de las autopistas de peaje. De la misma manera que un vehículo paga el peaje para circular por ellas, también así debieran pagar los usuarios finales o los empresariales por poner en circulación datos en Internet a través de las redes de las operadoras. Sin embargo, tienen en este sentido razón quienes cuestionan este parangón, aduciendo que las empresas titulares de autopistas solo cobran a sus usuarios, no a los fabricantes de los vehículos, siendo en este sentido los diseñadores de aplicaciones (por ejemplo motores de búsqueda como Google, Yahoo o Bing) asimilables a tales fabricantes, por más que también, y crecientemente, pongan en circulación contenidos.

Es por otra parte innegable que las cargas regulatorias que pesan sobre las operadoras no lo hacen hoy por hoy sobre las empresas de Internet. Tal factor pone a las operadoras en una situación de clara desventaja competitiva frente a estas últimas. No está de más recordar en este contexto una sentencia de la jurisdicción holandesa, dictada a mediados de los dos mil a propósito de la pretensión de una empresa de apuestas británica, Ladbrokes, de desarrollar a través de Internet sus actividades en los Países Bajos, pese a estar a todos los efectos radicada en el Reino Unido: demandada por la empresa pública holandesa del sector, De Lotto, los tribunales de su país dieron a ésta la razón, justamente con el principal argumento de que De Lotto venía estando sujeta a una intensa regulación jurídica, cuya última razón, aparte de la indiscutible de proporcionar ingresos al fisco holandés, residía en la protección a los consumidores frente a riesgos como la ludopatía: esta regulación no la sufría en cambio Ladbrokes, que por ello no era justo compitiese con De Lotto en el mercado holandés como si sus cargas no existieran.

La similitud entre estos hechos y la situación que ahora nos ocupa es a mi entender evidente, sin más que reemplazar a Ladbrokes por las que aquí venimos llamando empresas de Internet y a De Lotto por las operadoras; y sin perjuicio de que la pretensión de éstas no sea en modo alguno la de De Lotto en ese caso, impedir las actividades online de Ladbrokes respecto de usuarios holandeses, sino únicamente sujetar a las empresas de Internet a ese plus de tarifa que venimos comentando.

Siendo todo ello así, tampoco debe olvidarse que como BEREC (el organismo regulatorio europeo de las comunicaciones electrónicas) y la Comisión Europea han observado y la Internet Society ha resaltado, en torno al 35% de las operadoras que respondieron a una encuesta realizada por los dos primeros gestionan sus redes con el fin de ofrecer servicios especializados (tipo telefonía o TV) de un modo tal “que podría llegar a afectar el servicio de acceso a Internet que se viene prestando mediante la misma red de acceso”. Este hecho, junto a algunos otros, es correctamente calificado por la Internet Society como una clara amenaza para la neutralidad de la Red.
Pese a asumir que todo este debate está abierto, el Grupo de expertos se decanta en favor de los postulados de las operadoras de comunicaciones, hecho que puede deducirse de manera indirecta: una de las líneas de acción que el Grupo propone al Gobierno de España es la de promover una regulación que favorezca la inversión en redes.

A la vista de las razones antes expuestas, puedo llegar a estar de acuerdo.
No obstante, creo también que en el Informe se echa en falta hacer notar a las operadoras de comunicaciones electrónicas que sus facultades de gestión de ancho de banda no debieran nunca ejercerse en perjuicio de los consumidores o de la innovación tecnológica que Internet trae consustancialmente consigo, con independencia de la infraestructura sobre la que se asiente.

Y digo más. Creo que estas mismas pueden ser las bases fundamentales de la regulación que el Grupo de expertos propone.

Al fin y al cabo, estamos ante una magnifica ocasión para establecer de un modo equilibrado las obligaciones y derechos de unos y de otros en el entorno digital; en otros términos, para definir lo que en nuestro país, dentro del más amplio contexto europeo, debe entenderse por neutralidad de la Red.

 

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