La Agenda Digital para España: A vueltas con un viejo debate alrededor de Internet (I)

Publicado por el jul 30, 2012

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El viejo debate histórico que enfrentó desde comienzos de los años setenta a las operadoras de telecomunicaciones con los creadores de la entonces incipiente Internet se está reeditando en nuestros días con especial viveza.

Y es así tanto en el plano internacional, de la mano de la prevista cumbre de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) en diciembre en Dubai, como en el nacional, al hilo del Informe de recomendaciones de 18 de junio de 2012 del Grupo de expertos convocado por el Gobierno para la elaboración de la Agenda Digital para España.

Es una controversia crucial, pues está en juego la interpretación que se deba dar a un principio capital de Internet, el de su neutralidad, entendido desde su definición por el profesor de Columbia Tim Wu como la necesidad de evitar discriminaciones entre cualesquiera aplicaciones o contenidos de la Red.

Momento habrá de seguir de cerca los prolegómenos y los resultados de la Cumbre de Dubai. Por tanto, nos centraremos desde ahora en el Informe del Grupo de Expertos español. El documento es muy rico y contiene muchos otros aspectos; no obstante, asuntos como la conveniencia de promover la economía digital, preservar la seguridad y confidencialidad de los datos o fomentar la I+D+i en el entorno TIC no vienen dando lugar a polémicas tan acendradas. En cualquier caso, y dada su importancia, también estos “otros asuntos” serán objeto de atención en La Ley en la Red.

La versión actual de la vieja controversia antes citada se libra entre operadoras de comunicaciones electrónicas (Telefónica, por ejemplo) y empresas de aplicaciones, contenidos o servicios de Internet (Google o Amazon, a modo de muestra), que abreviadamente podríamos llamar “empresas de Internet”. Unas y otras tienen también sus respectivos aliados: las operadoras, en los fabricantes de equipos y sistemas (HP, pongamos por caso), igualmente de forma similar a como sucedió a principios de los setenta, pues también entonces IBM o Digital aspiraban a poseer una red de ordenadores alternativa a Internet; y las empresas de aplicaciones, contenidos y servicios, en las de fabricación de terminales y dispositivos (Apple por excelencia, en cuanto inventora del iPhone y el iPad), como directas beneficiarias de la creciente “movilidad” de Internet.  

En esta pugna, las operadoras pretenden optimizar su titularidad sobre las redes de comunicaciones electrónicas respecto de su uso por parte de las empresas de Internet. Los principales argumentos son tres: la inversión que su mantenimiento y renovación exigen; la insuficiente participación de las operadoras de comunicaciones electrónicas en los beneficios que Internet y en general la sociedad digital vienen generando; y en tercer y último lugar, la desventaja competitiva que para estas empresas de comunicaciones suponen las notables cargas regulatorias a las que están sometidas, especialmente las operadoras con posición dominante en ciertos mercados, cargas que sin embargo no se aplican a las empresas de Internet (la obligación de prestación del servicio universal, también justamente de acceso a Internet, es el mejor ejemplo).

Aunque no explícitamente expuesta en el documento, la intención final de las operadoras es sujetar las actividades de las empresas de Internet a alguna suerte de contraprestación económica por el uso de las redes. En una palabra, que empresas como Google o Amazon terminaran pagando un plus a operadoras como Telefónica por el uso de sus redes en cuanto tales empresas de aplicaciones, contenidos y servicios de Internet (pues como usuarios digamos “ordinarios”, ese uso vienen lógicamente pagándolo ya).

El documento no rehúye dejar constancia del punto de vista de las empresas de Internet, recordando que su posición es fundamentalmente la defensa de la neutralidad de la Red, sin perjuicio de que cierto tráfico pueda ser discriminado por razones de seguridad o calidad, siempre que sea respetando los principios de transparencia y proporcionalidad.

Asimismo, el Informe reconoce expresamente que este capital debate esta aún por resolver.

                         [Continúa en la parte II]

 

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