Internet y libertad de expresión: El problema es el troll, no el mensajero (y II).

Publicado por el Nov 17, 2013

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Como reconocen, en tercer lugar, los tecnólogos especializados, introducir filtros que resulten eficaces contra comentarios ofensivos “presenta dificultades múltiples”, en palabras de uno de ellos, el español José Carlos González, quien continúa diciendo en una publicación online sobre el tema:

“Por un lado, no basta con detectar palabras ofensivas aisladas, sino que es necesario filtrar expresiones, a veces teniendo en cuenta el contexto de la expresión y sus variantes flexivas. Por otro lado, hay que interpretar el lenguaje abreviado o los textos con errores ortotipográficos tan frecuentes en las secciones de participación o en los contenidos generados por usuarios. Estos “errores” pueden derivarse de las limitaciones de los dispositivos, del carácter impulsivo de los comentarios, o de la intención enmascaradora de los propios usuarios que, a sabiendas de la existencia de filtros automáticos, tratan de burlarlos por todos los medios (a veces con mucho ingenio).”

El propio González apunta después que, pese a esas dificultades, los filtros pueden llegar a sofisticarse y con ello aumentar su eficacia. Lo que pretendo citando su opinión es hacer ver que el hecho de que un filtro de estas características resulte insuficiente es algo natural en la industria, dadas las dificultades que su implantación entraña, unidas a la propia astucia de algunos de los usuarios.

Por otro lado, Delfi advertía a sus usuarios, en una cláusula de exención de responsabilidad sobre cuya accesibilidad no pareció haber dudas, que ella no se haría responsable de contenidos abusivos, que ellos mismos responderían en tales casos, detallaba cuáles serían esos casos e incluso advertía que en Estonia había habido ya sentencias que condenaban a usuarios en tales circunstancias. A ello añadía el filtro, el mecanismo de denuncia de comentarios por otros usuarios (que daba lugar a la retirada inmediata) y la posibilidad de que fuera el propio damnificado quien la solicitara (que también, como en este mismo caso, originaba la inmediata remoción del comentario en cuestión).

Siempre puede pedirse más a un medio de estas características; otra cosa es que esa exigencia resulte razonable. A la vista de lo expuesto, y de las reacciones probadas de la demandante, sinceramente pienso que esos mecanismos de defensa por parte de Delfi eran suficientes para hacer frente a situaciones como la que se produjo.

La conclusión a la que en este sentido llega el Tribunal lleva en cambio a exonerar de entrada de toda responsabilidad a quienes al fin y al cabo profieren las ofensas, que son los trolls o usuarios abusivos. De este modo, se llega incluso a generar la seguramente indeseada consecuencia de considerar poco menos que ineptos a quienes, pese a haber leído (o haber podido leer) las cláusulas de aviso y de exención que se les ha puesto claramente de manifiesto por Delfi, optan por hacer caso omiso y utilizar abusivamente la plataforma de comentarios. No acierto a comprender por qué esas cláusulas de exención y de aviso, perfectamente legítimas, han de quedar como resultado de ello desprovistas de todo su valor, al tratar a los trolls como incapaces, en lugar de como infractores.

Por si fuera poco, y en sexto lugar, el fallo de Estrasburgo genera inquietud respecto de plataformas tan relevantes en Internet como pudiera incluso ser Twitter: también Twitter desarrolla sus actividades sobre una base profesional, también la publicidad constituye una parte fundamental de sus ingresos y en consecuencia también se beneficia para todo ello de una audiencia grande y que, a ser posible, sea cada vez mayor.

Una similitud adicional entre ambos modelos de negocio: como Delfi, también Twitter ostenta un control prácticamente total sobre los contenidos vertidos en su plataforma, si bien es verdad que, a diferencia de en Delfi, en Twitter el usuario que hubiera subido un tuit puede borrar posteriormente su contenido: ahora bien, como en Delfi, tampoco el usuario de Twitter puede alterar el contenido de un tuit ya subido.

Cierto por otra parte que, en contraste con Delfi, en Twitter los usuarios han de registrarse previamente, pero como todo tuitero conoce de sobra, millones de usuarios lo hacen con pseudónimo: en esos casos, la utilidad de ese registro previo a efectos de identificaciones fehacientes resulta casi nula, como es obvio, siendo solo la dirección IP el posible asidero a esos efectos. Esta diferencia inicial queda pues por lo dicho privada de trascendencia real.

Y bien, ¿tiene sentido exigir a Twitter responsabilidades por contenidos difundidos por sus usuarios? Lo preocupante es que este fallo podría llegar a invocarse en su contra, cuando es evidente que, a pesar del control sustancial y del registro previo, esa plataforma constituye un mero canal de difusión absolutamente ajeno a los mensajes que en su seno, y a millones, se vierten de día en día. En estas mismas páginas se comentaba el caso de Lord McAlpine, quien tras sentirse gravemente injuriado mediante tuits y retuits difundidos por cientos de usuarios, decidió, con toda lógica, no demandar a Twitter por lo sucedido, sino a esos mismos usuarios, algunos, se insiste, autores de meros retuits. McAlpine, por cierto, procedía así respecto de cuentos de usuarios, cuando lo que aquí debía hacer el damnificado era hacerlo contra un numero mucho más reducido, 20 exactamente: no parece una cifra exorbitada de direcciones IP que pudiera recabarse, si no de Delfi, por supuesto de la autoridad judicial y, si no a través de cauces civiles, desde luego sin problemas siguiendo una vía penal.

Al fin y al cabo, supervisar en Twitter mensajes de usuarios constituiría una tarea tan hercúlea como absurda, por lo recién dicho: aunque en menor medida, también en Delfi, con más de 10.000 comentarios generados cada día. Por eso la normativa europea excluye a los prestadores de servicios de Internet de esa obligación, y por eso es razonable sostener que sean los propios usuarios quienes deban alertar sobre si algo es conflictivo en concreto o no, y por ello mismo, que sea el usuario presuntamente perjudicado quien deba denunciar ese perjuicio, y suscitar así la posible reacción del medio. Exigir a Delfi una actitud de antemano sensible a esta noticia, por referirse a un asunto conflictivo, vuelve a conducir a una conclusión muy preocupante: ¿sería entonces exigible supervisar todas las noticias  “conflictivas”? ¿Cuáles debieran llevar esa etiqueta?

En octavo lugar, y por otra parte, contrasta vivamente la actitud de Delfi, que reaccionó al instante, el mismo 9 de marzo, retirando los comentarios ofensivos, con esa ya mencionada indolencia de L., quien se tomó nada menos que seis semanas en alertar de que se sentía insultado. ¿Probablemente el injuriado pensó que Delfi estaba obligada a defender sus intereses mejor que él mismo? En cualquier caso, y con independencia de esta última conducta, es claro a mi juicio que la de Delfi resultó adecuada para velar por el honor de un tercero, siendo de nuevo coincidente con lo que la legislación europea sobre comercio electrónico requiere a quienes presten servicios de alojamiento de contenidos: otra cosa es lo que la correspondiente normativa nacional pueda exigir a los editores, pero lo que justamente venimos argumentando aquí es que, a mi entender, y por todo lo ya dicho, Delfi no es editora de los comentarios de sus usuarios.

Por último, la cita del caso Krone que el Tribunal esgrime quizá no sea especialmente feliz, pues es cuanto menos discutible que el aquí perjudicado se encuentre en una situación de mayor debilidad que Delfi, que debiera hacerle acreedor de la especial protección derivada de la doctrina contenida en esa sentencia, tratándose como se trata de quien controla una naviera de notoria relevancia en Estonia.

El damnificado, en suma, siguió el camino más fácil, “matar al mensajero”, en lugar de perseguir a quien en el fondo era responsable del mail, el troll. Su decisión, si bien criticable, es por otro lado comprensible. Lo que en cambio resulta mucho menos explicable es el respaldo que sus tesis han encontrado en Estrasburgo: queda, eso sí, un consuelo, el de que, al estar ante el fallo de una sección, termine siendo corregido por el pleno.

 

 

 

 

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