Internet y derechos de autor: novedades desde los EE.UU.

Publicado por el Aug 7, 2013

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El gobierno norteamericano acaba de sacar a la luz un importante documento que trata aspectos hasta ahora no abordados de la relación entre Internet y contenidos digitales.
El gobierno norteamericano hacía público el documento el 25 de julio de 2013, bajo el título: “Política sobre propiedad intelectual, creatividad e innovación en la economía digital”. Ha sido concretamente elaborado por el Grupo de trabajo sobre políticas de Internet del Departamento de Comercio.
Como no puede ser de otro modo -si bien es digno de relieve, dada la fuente del informe-, se reconoce el enorme impacto de Internet sobre el mundo de la propiedad intelectual. Cito textualmente: “Podría decirse que ningún cambio tecnológico previo ha impactado sobre la propiedad intelectual con una magnitud comparable a la del desarrollo de Internet”.
Sentada esta convicción, el informe lanza tres grandes principios:
1. El primero de ellos, bien interesante, quizá sobre todo por frecuentemente olvidado: la complementariedad entre propiedad intelectual y libre flujo de información (y libertad de expresión): efectivamente, el fomento de una no tiene por qué menoscabar los otros. Todo lo contrario, pues como el documento acertadamente recuerda, los propios Padres fundadores norteamericanos justamente vieron en la propiedad intelectual una manifestación de libre expresión, a la vez que diseñaban dicha propiedad como garantía de una información y una expresión libres.
Es pues, añado, la piratería, amparada en un uso abusivo de las libertades de expresión e información, la que estaría propiciando esa aparente antítesis entre tales libertades y los derechos de autor: en consecuencia, proteger la propiedad intelectual viene en el fondo a suponer asegurar las libertades de expresión e información de todos, siendo a su vez ésta una garantía absolutamente esencial en toda sociedad libre.
2. El segundo principio no sorprende y, en este sentido, probablemente el documento decepcione a quien esperase ver en él argumentos “revolucionarios”: es la simple necesidad de hacer cumplir la ley en materia de propiedad intelectual, persiguiendo y sancionando las infracciones.
3. Ahora bien, lejos de ceñirse en exclusiva a los remedios legales, el informe recuerda, en tercer lugar, que las infracciones solo pueden prevenirse y combatirse agregando a la ley soluciones en los planos tecnológico, de concienciación y educación ciudadanas, y de colaboración entre las partes interesadas.
Así sucede en general con todos los problemas: las infracciones en materia de propiedad intelectual no tenían por que ser una excepción.
De hecho, siendo la ley imprescindible, especialmente como factor de disuasión y de lucha contra el problema una vez surgido, los demás elementos son aún más importantes que ésta a la hora de prevenir y, en su caso, hasta persuadir acerca de la necesidad de respetar la propiedad intelectual de otros: dispositivos que eviten copias no autorizadas, campañas de información que asesoren a los ciudadanos en torno a estas ideas y surgimiento de nuevos modelos de negocio hallan aquí respectivamente su cabida.
Sobre la base de estos tres principios, el Departamento de Comercio estadounidense propone tres bloques de recomendaciones, los tres muy armonizados entre sí.
1. La primera gran recomendación podría decirse que está a medio camino entre ambas orillas de intereses y es la de actualizar el equilibrio entre los derechos de autor y sus excepciones.
Más allá de las singularidades derivadas de la legislación norteamericana en este contexto, que llevan al documento a sugerir una revisión del derecho de comunicación pública de grabaciones sonoras, esta recomendación sería perfectamente trasladable a los ámbitos europeo y español: basta reparar en la conflictividad entre nosotros de la llamada copia privada como excepción a ciertas manifestaciones de los derechos de autor: la invocación de esta excepción en el uso de redes P2P de intercambio de archivos es sin duda el mejor ejemplo.
2. La segunda recomendación va claramente en favor de la protección de los derechos de autor: se trata de evaluar y mejorar los mecanismos de lucha contra las infracciones en línea y promover el crecimiento de los servicios legales, al tiempo que se preserva el funcionamiento esencial de Internet.
Destaca en este sentido la propuesta del documento de equiparar las sanciones penales del streaming ilegal a las previstas para la reproducción y distribución de obras protegidas tipificadas como delito.
En Europa, y particularmente en España, esta recomendación resulta en cambio innecesaria, pues, dando por supuesto el ánimo de lucro que hace posible la sanción penal, en nada varía la responsabilidad del presunto infractor porque su conducta consista en almacenar en su servidor contenidos para su ulterior descarga por terceros, en lugar de para su visionado o audición en streaming. Y dando también obviamente por sentado que, a diferencia de lo que sucede en los EE.UU., el disfrute de servicios de streaming sin licencia, por parte de usuarios carentes de ánimo de lucro, no está tipificado como delito en España.
3. La tercera recomendación es en cambio más proclive al libre flujo de información en Internet y consiste en desarrollar el potencial de Internet como mercado legal de obras protegidas por derechos de autor y como vehículo de agilización de licencias.
Una muy reciente sentencia de un tribunal federal (el del Distrito Sur de Nueva York), de 30 de marzo de 2013, en el asunto Capitol Records v. ReDigi, incidía de lleno en esta cuestión. La demandada, ReDigi, es una empresa de Internet que estableció un original negocio, una especie de mercado de ocasión para MP3 usados, el acceso a los cuales revendía en Internet, por supuesto sin licencia de los titulares de los derechos. A fin de evitar ser acusada de “compartir” sin perder no obstante acceso al archivo original, ReDigi borraba dicho archivo original, tanto del disco duro del vendedor en origen como de los servidores de ReDigi.
Pese a ello, el Tribunal de Nueva York falló a favor de Capitol Records, por estimar una vulneración del derecho de reproducción en la realización de la primera copia de cada archivo, pero asimismo del derecho de distribución en la segunda (por ser ilícita la primera copia), sin que a juicio del Tribunal dicho derecho de distribución pueda considerarse agotado en un entorno como es el digital: el propio Tribunal se esfuerza en su sentencia por diferenciar claramente el mercado digital del mercado físico a estos efectos.
No discuto que el Tribunal de Nueva York tuviera otra opción que hacer lo que hizo a la vista del Derecho estadounidense vigente. Con todo, parece justo reconocer que el modelo de negocio de ReDigi es ingenioso y probablememte hubiera merecido un trato legal más favorable: cierto, como el mismo Tribnal señala, solo el legislador podría dispensárselo, a través de las reformas legales pertinentes, que abrieran también al mundo digital el agotamiento del derecho de distribución.
Muy probablemente por razones de esta índole, es por las que el Departamento de Comercio lanzaba su tercera recomendación en la línea recién indicada.

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