Internet en la vida social: de la centralidad a la absorción

Publicado por el Mar 19, 2013

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Recientes hechos atestiguan que, lejos de permanecer “al margen” de un supuesto “mundo real”, el mundo digital está suplantando muchas de sus manifestaciones.

De bien atrás viene el paradigma de la convergencia digital, puesto de manifiesto ya a mediados de 1995 por el gurú tecnológico del MIT Nicholas Negroponte: los hasta entonces independientes sectores audiovisual, informático y de telecomunicaciones estaban llamados a “converger” en uno nuevo, el multimedia, que conjugase la capacidad de transmitir datos, imagen y voz.
Hace poco, unos meses, indicaba en mi libro Historias de Internet que en realidad esa convergencia ha dado lugar a una fusión por absorción, en la que Internet ha engullido los demás componentes: pocos comprarían hoy un ordenador sin conexión a la Red; no existe medio de comunicación que prescinda de su edición digital, de mayor peso cada vez; mientras que acuerdos como el recientemente alcanzado entre Telefónica y Firefox reflejan a las claras que las operadoras de comunicaciones desean estar bien presentes en Internet, cada vez más móvil, por otro lado.
En línea con esta última idea se inscriben tres constataciones adicionales, ya más recientes. Una de ellas, en el ámbito político: sin Internet va siendo crecientemente difícil hacer política en nuestros tiempos, pues la política actual, o es digital, o no es política. Ésta es en el fondo la idea que se desprende de una frase memorable de tres expertos en gobierno electrónico comisionados en 2003 por la OCDE, Field, Muller y Lau: “el eGovernment tiene más que ver con el gobierno que con el ´e´”. Un solo ejemplo, ya plenamente actual: la reciente irrupción del Open Data es muestra palpable de una forma de hacer política que no se limita a dictar instrucciones que los gobernados deben cumplir, sino que cuenta con la cooperación de los ciudadanos para construir líneas de acción ulteriormente vinculantes: los trabajos de la jurista y divulgadora tecnológica norteamericana Beth Noveck lo acreditan con creces.
Otra, económica, procede de un importante Informe sobre la fiscalidad de la economía digital,  encargado por el gobierno francés a dos altos funcionarios de su entramado administrativo y dado a conocer en enero de 2013. El fin último de este documento no es otro que ponderar la instauración en Francia de un nuevo “impuesto sobre el tratamiento de datos”, destinado a gravar las actividades de las Google, Facebook o Amazon; pero más allá de su posible último propósito, el informe presenta gran interés por mencionar ideas como la de que el digital no es en puridad un sector, sino un cúmulo de actividades horizontales o transversales, y quizá sobre todo la de que Internet y las actividades económicas que le son más consustanciales, fundamentalmente lideradas por empresas como las citadas, está “devorando” todos los demás sectores y actividades.
Finalmente, una proyección jurídica, jurídico-criminal, para ser más exactos, puesta de relieve justo en estas páginas de La Ley en la Red en nuestra anterior entrega y desprendida del informe de febrero de 2013 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito: la de que de aquí a apenas unos cortos años, será muy difícil que delito alguno carezca de algún tipo de manifestación digital, siquiera sea en forma de ramificaciones electrónicas en cuanto a su prueba, hasta el punto de que el ciberdelito está llamado a ser el delito.
Es notorio que estas tres diferentes constataciones presentan entre ellas una nota común: en sus respectivos campos, Internet y en general el entorno digital no se están limitando a ganar centralidad (hecho que de la mano de la convergencia digital atrás citada venía siendo nítidamente detectado y que también en estas páginas hemos comentado profusamente en ocasiones anteriores). 
Efectivamente, en esos tres casos citados, Internet está llegando a suplantar manifestaciones políticas, económicas o jurídicas antaño prevalentes, está llegando a transmutarse en ellas, las está absorbiendo.
Resulta paradójico. Los primeros contactos de la Red con el gran público fueron saludados por algunos de sus usuarios pioneros con proclamaciones que tranquilamente pueden tildarse de “ciberlibertarias”: el ciberespacio es “un lugar distinto” del tradicional espacio analógico, hasta entonces único conocido. Como tal “nueva frontera”, debía también quedar al margen de toda intromisión estatal o jurídica.
Los llamados “no excepcionalistas” rápidamente se encargarían de hacer ver que el tener lugar en Internet no transforma la esencia de ningún hecho, que seguirá siendo un acto de campaña política o un contrato o un delito, por citar tres ejemplos. A partir de aquí, era natural reivindicar respecto del Estado y la sociedad sencillamente las mismas funciones propias de cualquier otro fenómeno humano.
Sin embargo, esas tres constataciones a las que atrás aludíamos estarían en cierta medida inaugurando una etapa nueva en la implantación social de Internet.  Del aislacionismo, la Red pasaba a fines de los noventa y primeros años del milenio actual a una suerte de asimilación, que parece ahora estaría dando lugar a una “fagocitación” de prácticas, de actividades y hasta de sectores completos de actividad: el intenso sufrimiento de la industria mundial de contenidos, desde el entretenimiento hasta la información o la literatura es probablemente la mejor muestra del voraz efecto de Internet al que el informe francés se refiere.
La revolución digital, propiciada por las tecnologías Big Data, no hace sino acentuar esta tendencia: la Internet total que está trayendo consigo hará bien pronto impensables momentos y lugares ajenos a la misma conectividad: ¿Cabe imaginar una plasmación más palpable de suplantación? La propia “vida analógica” se irá viendo cada vez más arrinconada por su “versión digital”.
¿Qué consecuencias concretas pueden comenzar a aventurarse? Y subrayo ese “comenzar”, puesto que estas notas apenas si pueden suponer un tímido inicio de la reflexión.
En el plano político, yo diría que halagüeñas, en cuanto Internet está forzando a los gobiernos democráticos (y hasta a los que no lo son) a compartir parcelas de poder antes celosa y exitosamente preservadas. La apertura del gobierno y de los gobiernos será en este sentido una tendencia imparable, como clave de adaptación a la era digital de los principios y normas que los regulan, concebidos cuando el poder político no tenía frente a sí instrumentos de participación ciudadana tan potentes como es Internet.
En el económico, las perspectivas parecen más conflictivas. Esa acción suplantadora de Internet y las TICs está viniendo a dar aceleradamente la razón al brillante profesor de Columbia University Tim Wu, cuando afirma que los nuevos gigantes de la Red podrían estar pronto ante la misma tesitura de los grandes conglomerados empresariales estadounidenses del primer tercio del siglo XX: procedentes de sectores como el petrolero, el del acero o incluso el de los medios de comunicación, muchos de ellos terminaron sujetos a severos procesos de enjuiciamiento por parte de las autoridades norteamericanas en materia de competencia e igualmente en muchos casos, desmembrados.
Por último, si el ciberdelito acaba por convertirse en el delito, el mundo se verá expuesto a dosis crecientes de inseguridad en línea. Y si algo pude comprobar al escuchar recientemente a expertos en esta materia como el tecnólogo Sean McCarthy (en el marco de una jornada de estudio co-organizada entre L&M Data y Syntagma, Centro de estudios estratégicos) es que “ningún sistema, ningún medio, ninguna empresa” es en absoluto seguro al cien por cien: absolutamente ninguno de ellos. Las únicas alternativas que por tanto nos quedarán serán extremar las precauciones desde el punto de vista tecnológico y de la concienciación social, a la par que se intensifican las labores de investigación y desarrollo en esta materia; y, por supuesto, afanarnos en una lucha sin cuartel contra la ciberdelincuencia a escala mundial, que trate de ir ganando adeptos para los mejores textos normativos hoy existentes, entre los que por supuesto descuella el que en 2001 elaboró el Consejo de Europa, al tiempo que se extrema el celo contra el ciberdelito en el plano estrictamente nacional.

 

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