Internet de las cosas: aún más retos para un marco legal de por sí desbordado

Publicado por el Sep 2, 2013

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Un relevante estudio de Rand Corporation para la Comisión Europea constata las carencias regulatorias ante esta crucial ola tecnológica.

El trabajo se titula “Europe’s policy options for a dynamic and trustworthy development of the Internet of Things” y lleva fecha de 31 de mayo de 2013.

Se parte de la siguiente premisa: “los postulados de elección racional, fuerzas de mercado y auto-organización eficaz sobre los que se basa la gobernanza económica, socio-política, jurídica y tecnológica de Internet, resultan adecuados para sistemas sujetos a control humano”, mientras que “los sistemas autónomos y actuantes entre sí de la Internet de las cosas se están apartando ya de este paradigma”.

Es una premisa innegable, que además hemos podido ya constatar en números anteriores de La Ley en la Red. Si bien es cierto que podría compartirse con mayor facilidad su segunda parte, centrada en el potencial revolucionario de la Internet de las cosas.

No en vano, dejar sentado que la gobernanza de la Red en esos diversos planos mencionados resulta adecuada, al menos respecto de sistemas bajo control humano, me parece demasiado optimista:

– La crudeza de la batalla, en plena libranza, entre operadoras y empresas de contenidos, al hilo de la llamada calidad de servicio, demuestra que la gobernanza económica dista de ser pacífica;

– el gobierno político de la Red a escala global es asunto de la máxima conflictividad en estos momentos, como acredita la última cumbre de la UIT en Dubai, el pasado diciembre;

– la gobernanza jurídica de la Red esta en sus mismísimos comienzos, pues ¿qué son apenas veinte años de evolución en este campo con los por ejemplo más de dos mil del Derecho romano?;

– respecto del gobierno tecnológico de Internet, me remito a lo recién dicho sobre la gobernanza política de la Red, pues la pugna entre modelos centralizados (por ejemplo alrededor de las Naciones Unidas) y el multilateral que hasta ahora viene afortunadamente rigiendo, lo condiciona de lleno: uno de los principales riesgos de las opciones centralizadoras sería precisamente que criterios ajenos a los estrictamente tecnológicos influyeran en la gestión de organismos de esa pura naturaleza, como es IETF.

El objetivo del estudio de Rand es coherente con la premisa anunciada, bien consciente de los riesgos, así como con la implícita convicción de que la Internet de las cosas ha venido “para quedarse”: se trata de identificar acciones que permitan incentivar la implantación de la Internet de las cosas, sin a la par quebrar los valores éticos y el derecho europeos.

Con todo ello en cuenta, Rand extrae toda una serie de conclusiones, que creo reconducibles a las tres siguientes:

1. Una primera en materia de arquitectura, en el sentido de que el actual desarrollo de la Internet de las cosas está generando una sustancial heterogeneidad de aplicaciones, entornos y sistemas, sin a la vez dar lugar a una interoperabilidad (total).

Esta conclusión podría sin embargo extenderse a otros campos de desarrollo tecnológico alrededor de Internet, sin ir más lejos, el cloud computing. Pioneros como Cerf o Berners-Lee llevan algún tiempo denunciando que, de la mano de las tecnologías cloud, podrían recrearse barreras de comunicación que la propia Internet venció: Berners-Lee habla en esta línea de “silos” de información “inconexos” entre sí, como por ejemplo lo está nuestro perfil de Facebook respecto de nuestras fotos en Flickr.

El hecho de que se vuelva a detectar este mismo problema, esta vez al hilo de un paradigma tecnológico adicional, aunque conexo, como es la Internet de las cosas, no hace más que revelar su actualidad y su importancia. Inter-net, su nombre lo indica a las claras, es interconexión, de ahí que cualquier traba en este sentido lo sea también para la esencia de la Red y deba por tanto evitarse a toda costa. Así lo propugna igual y atinadamente el informe de Rand.

2. La segunda conclusión podría incluso parecer contradictoria con la premisa de partida del estudio, al menos con su primera parte, criticada aquí algunas líneas atrás. De hecho, la misma existencia de esta segunda conclusión viene en cierto modo a fortalecer dicha crítica.

Ésta es la conclusión: “Internet no encaja correctamente en la totalidad del marco regulatorio que le resulta aplicable”. No puedo estar más de acuerdo, aunque solo fuera porque las normas que hasta ahora la vienen rigiendo se han ido elaborando de modo fragmentario, más allá de por supuesto, y en muchas ocasiones, a toda prisa y hasta extemporáneamente.

Siempre he estado convencido de que la mejor manera de comprender la Red desde su faceta legal es hacerlo de un modo conjunto, holístico si se quiere, partiendo de Internet como una realidad tecnológica y comunicativa de enorme entidad, en todo caso suficiente para merecer atención individualizada desde el derecho: por eso mismo llevo también años reivindicando el enfoque de los problemas legales de la Red desde un “derecho de Intenet” que sea capaz de elevarse sobre perspectivas sectoriales, exclusivamente orientadas a resolver problemas de telecomunicaciones, o de libertades o de propiedad intelectual en lo que a su reflejo en Internet se refiere.

Ahora bien, esa conclusión aquí compartida no parece compatible con la premisa de partida del estudio, que proclama, recordemos, que las diversas dimensiones del marco de gobernanza de la Red resultan adecuadas.

Y si arriba discrepábamos en el sentido recién indicado de la premisa del documento, también ahí concordábamos en cambio con él a la hora de percibir que la Internet de las cosas sin lugar a dudas trastoca los esquemas regulatorios y de gobernanza actualmente aplicables a la Red.

Por eso ahora me parece coherentemente acertado respaldar a Rand cuando concreta en este mismo contexto que “la Internet de las cosas presenta retos únicos, en especial respecto de los marcos regulatorios de: la competencia (singularmente, en lo que se refiere a definiciones de mercado y funciones de los reguladores); las telecomunicaciones (en particular, el servicio universal); así como de la privacidad y la ciberseguridad.”

3.  Lo que nos lleva derechamente a la tercera conclusión, que creo debe dedicarse indiscutiblemente a la que quizá sea la manifestación legal más notoria de la Internet de las cosas: la de las citadas privacidad y seguridad.

Si algún mérito puede así proclamarse del documento aquí analizado es que destaca también otras posibles repercusiones legales y políticas de la Internet de las cosas, además de la que hasta ahora, incluso (y reiteradamente) en estas páginas, se venía detectando de modo general y que no es otra que la de la privacidad y la ciberseguridad.

A propósito de todo ello, el informe desgrana tres ideas:

– Según la primera, “las protecciones clásicas de la negociación, los mercados y la contratación podrían no funcionar con la misma eficacia respecto de los contactos hombre-máquina, por no hablar de los de máquina-máquina (M2M).” Y concretando aún más, el documento percibe un particular riesgo de problemas en lo que se refiere a los regímenes de responsabilidad (como pueden ser, añado, los de los encargados del tratamiento de datos en la actual normativa europea).

Un ejemplo bastará para empaparnos de la idea: ¿quien respondería de la intrusión en su privacidad si, por ejemplo, un fabricante de medicamentos contra la diabetes descubre que una determinada persona sufre de la enfermedad, gracias a que desembocan en la Red datos indebidamente filtrados por la nevera de la domotizada vivienda de dicha persona? ¿Podría el fabricante de la nevera ser considerado responsable del tratamiento de los datos de su propietario, toda vez que “la nevera sabe” que su dueño conserva en ella medicamentos contra la diabetes?

Cuestiones como ésta nos llevan por tanto a compartir de lleno esta especifica conclusión del estudio.

– Como también comparto la segunda idea antes anunciada, bastando como justificación las entregas de La Ley en la Red dedicadas a estos temas: “la ubicuidad de las redes de sensores (y en su caso de agentes) añade aspectos nuevos [en materia de privacidad y seguridad], al tiempo que puede derivar en ciberataques dirigidos a nuevos objetivos, como las propias viviendas domotizadas.”

– Algunas de las páginas de este espacio orientadas a estos temas relevan asimismo de ulteriores explicaciones sobre el acierto que a mi entender supone la última idea del estudio que reseñaremos: insiste en la conveniencia de “encastrar” los principios que en la actualidad regulan la privacidad y la ciberseguridad en Europa en los sistemas que aquí se fabriquen, en clara apelación a la misma base de la llamada privacidad por diseño.

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