¿Grabar el pleno de tu ciudad para subirlo a Internet?

Publicado por el nov 19, 2012

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Los intentos ciudadanos de grabación de plenos suponen verdaderos tests de gobierno abierto en el ámbito local.

Las sesiones plenarias de muchos municipios españoles vienen siendo testigos de los episodios, quizá con mayor profusión en meses recientes. Determinados ciudadanos presentes en el salón de plenos donde se celebra la sesión, normalmente de entidades locales medianas o pequeñas, comienzan a grabarla con su dispositivo móvil (smartphone o tableta), con la habitual intención de subirlo después a la Red. En ocasiones, y al percibirlo, el alcalde o alcaldesa detiene el desarrollo de la sesión y requiere a quien graba a que deje de hacerlo. Y aquí se inicia a veces el “forcejeo verbal”: ante la frecuente negativa de quien graba, el alcalde no continúa la sesión y, tras mayor o menor tiempo, continúa rogando a quien graba que detenga la grabación. A veces el grabador depone su conducta y ahí acaba todo. Otras no es así y termina siendo expulsado por las fuerzas locales de seguridad.

No cabe duda de que la revolución digital ha dejado completamente anticuados algunos aspectos de la regulación legal de los plenos municipales (otro tanto cabría decir de los provinciales o de cabildos y consejos insulares) en nuestra legislación sobre régimen local.

El artículo 70.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local establece que las sesiones del pleno de las corporaciones locales son públicas, reduciendo la posibilidad de sesiones secretas a asuntos que puedan afectar al derecho a la intimidad de los ciudadanos y siempre que así se acuerde por mayoría absoluta. En desarrollo de este precepto, el artículo 88.2 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales, y tras reiterar la naturaleza  pública de los plenos, concreta que “para ampliar la difusión auditiva o visual del desarrollo de las sesiones podrán instalarse sistemas megafónicos o circuitos cerrados de televisión.” Algunas Comunidades autónomas disponen también de normativa propia en materia de régimen local, que en lo esencial se pronuncia en términos semejantes.

Algunos de los conflictos generados han terminado en los tribunales, en instancias oficiales de queja ciudadana o en alguna agencia regulatoria. Lo curioso es que, sin perjuicio de algún titubeo inicial, procedente de jurisprudencia menor, la tendencia actual en todos esos organismos es la de considerar inconstitucionales e ilegales las prohibiciones de grabación. Así se desprende de sus ejemplos más representativos: la sentencia del Tribunal Supremo de 11 de mayo de 2007, caso Pilar de la Horadada, relativo además, no ya a ciudadanos individuales, sino a una empresa que pretendía comercializar la grabación; la del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 27 de enero de 2009, caso Ayuntamiento de Manises; la recomendación del Defensor del Pueblo de 19 de junio de 2012, caso Ayuntamiento de Matillas; la resolución del Defensor del Pueblo andaluz de 22 de diciembre de 2011, asunto Federación andaluza de municipios y provincias; y el informe de la Agencia española de protección de datos de 16 de marzo de 2012, caso Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany.

La principal razón que se esgrime en esas sentencias y resoluciones es la de que la prohibición de grabación vendría a suponer una forma de censura, contraria al artículo 20 de la Constitución, en cuanto garantiza los derechos a la libre expresión y a la libertad de información. Aquella libertad corresponde a todo ciudadano, en tanto que la de información no queda obviamente limitada a la profesión periodística, como algunas autoridades municipales habían argüido para justificar la prohibición, en razón a que su correspondiente ayuntamiento sí que permitía la grabación a los medios de comunicación debidamente autorizados.

No se oculta que en ocasiones, especialmente en municipios de un cierto tamaño, la grabación indiscriminada por parte de determinados ciudadanos puede llegar a generar consecuencias perturbadoras para el normal desarrollo de las sesiones. Sería el caso de una o varias personas que pretendieran incluso grabar, no ya usando dispositivos móviles, sino instrumental para-profesional, como trípodes, por ejemplo (así sucedió recientemente en el municipio madrileño de Majadahonda, sin ir más lejos).

En esos supuestos, el empleo por el alcalde de su facultad de asegurar el orden en la sesión podría estar justificado (arts. 21.1 Ley de bases y 41.2 y .4 Reglamento de organización). Máxime si, como sucede en la propia Majadahonda o en Rivas-Vaciamadrid, los plenos se retransmiten en directo por Internet por parte de la propia corporación. Y obsérvese que digo en directo, de manera que queda de entrada despejada toda posible sospecha de manipulación.

Ahora bien, fuera de estos casos, resulta difícilmente justificable impedir la grabación. Un argumento jurídico más lo aporta la Agencia española de protección de datos, entre otros en el informe citado sobre Sant Antoni de Portmany: la legalidad de la cesión de datos que la grabación supondría estaría sustentada por el carácter público de la sesión (por supuesto fuera de los supuestos de afectación a la intimidad previstos en la legislación de régimen local).

Opino que la jurisprudencia y los organismos públicos citados se han venido pronunciando en la línea correcta, siendo sus argumentaciones sólidas y concluyentes. A la vez, son alegaciones moderadas, bien conscientes de la necesidad de ponderar derechos y bienes en ocasiones contrapuestos, como son por ejemplo la libertad de expresión y el buen desarrollo de las sesiones.

A lo afirmado por ellos cabría añadir una razón: el Reglamento de organización ciertamente cita solo dos medios de reproducción de sonido e imagen, los “megafónicos” y el “circuito cerrado de televisión”. Ahora bien, ello se debe naturalmente al estado del arte y del entorno audiovisual en el momento de su redacción: 1986 era un año en el que Internet distaba aún casi una década de siquiera empezar a popularizarse y en el que la creación de televisiones “en abierto” era un privilegio aún reservado a muy pocos (grandes poderes públicos y grandes grupos empresariales privados). Por el contrario, no parece que el espíritu de ese texto fuera el de restringir la transparencia de los debates plenarios, como demuestran dos cosas: una, su propio carácter público; otra, el hecho de que, como el texto indica, esos medios mecánicos pretendían “ampliar la difusión auditiva o visual”.

Contribuye a justificar lo expuesto el que, sabiamente, la legislación de régimen local excluya el carácter público del órgano local estrictamente ejecutivo, la Junta de Gobierno (arts. 70.1 in fine Ley de bases). Tiene toda lógica: el órgano cuyos debates deben ser públicos es aquél en el que se refleja la pluralidad de grupos políticos, es decir, el pleno. Escuchando los debates plenarios, los ciudadanos perciben al tiempo los argumentos del alcalde y su equipo, la propia Junta de Gobierno, para actuar como lo hace; y los de los concejales de la oposición para hacer o no frente a esas políticas y proponer alternativas: como el genio anglosajón suele expresarlo, “the majority, its way; the minority, its say”. En el desarrollo de su función ejecutiva, la Junta de Gobierno, por el contrario, ha de gobernar, no contrastar sus políticas con las de otros; la publicidad en su seno, además, privaría a la acción de gobierno de la necesaria discreción que la eficacia requiere, así como de cauces de negociación que simplemente no pueden efectuarse a la luz pública.

A la vista de todo ello, los municipios que aún no lo hagan tienen solo dos opciones: la primera, a mi juicio ideal, emitir por sus propios medios las sesiones plenarias en directo a través de Internet. Es la ideal, pues evidentemente desactiva la inclinación que los ciudadanos pudieran tener a grabar la sesión: de alguna manera, “se les ahorra ese esfuerzo”, sabedores de que pueden ya acceder a los debates con toda facilidad y además gratuitamente.

La segunda opción es acumulativa con la primera y no sería sino permitir la grabación del pleno por cualquier ciudadano que lo deseara: es de suponer que esa situación de “coexistencia” de señal oficial con señales privadas estaría llamada a la extinción, por lo recién dicho. Pese a todo, entiendo que la existencia de señal pública no bastaría por sí sola para excluir legalmente la grabación. Con una excepción: la de que la grabación privada llegara a perturbar el desarrollo de la sesión, por ejemplo a resultas del empleo de instrumental para-profesional: creo que en estos casos la retransmisión en directo vía streaming sería argumento sobrado para impedir esa grabación privada.

En cualquier caso, el entorno digital hace de cualquier ciudadano un potencial emisor de información, no solo privada, también de interés general, es decir, en el sentido con el que la menciona el artículo 20 de la Constitución. Esa información se recibe además hoy por infinidad de canales, entre los que Internet viene cobrando creciente importancia. A la vez, el espíritu de la normativa local es el de abrir a conocimiento público los debates plenarios de nuestras entidades locales.

A mayor abundamiento, las iniciativas de buen gobierno en forma de más transparencia, de apertura del gobierno, de mejor acceso a los datos (Open Data) constituyen una tendencia de relevancia capital en las políticas públicas de las democracias más avanzadas. En los actuales tiempos del Open Government, y salvas las cautelas atrás expuestas, no tiene pues ningún sentido restringir la difusión ciudadana de información de tanto interés como es la contenida en el pleno de un ente local.

Por tanto, bueno sería que, haciéndose eco del problema y asumiendo la realidad de los tiempos que corren, tanto las normas legales como reglamentarias que regulan la materia reconocieran expresamente ese derecho a grabar los plenos, sin perjuicio de sujetarlo a los requisitos que exigiera el buen desarrollo de la sesión. Aun cuando no sería el acomodo definitivo más idóneo, la próxima ley de transparencia, actualmente en trámite parlamentario, brinda para ello una oportunidad ideal.  

 

 

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