Gobierno abierto: Más acción, menos pasión

Publicado por el jul 22, 2013

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Un anclaje más claro del gobierno abierto en la tradición del gobierno electrónico (y de la Ética en el servicio público) sería útil para avanzar con decisión en la apertura de los gobiernos a la sociedad.

En el número anterior de este La Ley en la Red, constatábamos la elevada dependencia del gobierno abierto respecto del entramado político y teórico norteamericano, concretamente del Memorándum sobre la transparencia y el gobierno abierto, elaborado por la Administración Obama en enero de 2009.

Esta dependencia, a mi juicio excesiva, provoca un efecto perjudicial: perder de vista el hecho, creo que innegable, de que el Open Government, en los EE.UU y en el resto del mundo, no es sino una faceta evolutiva más del gobierno electrónico o eGovernment, que ya nos viene acompañando desde finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI.

El eGovernment o gobierno electrónico, que en nuestro idioma se conoce también como Administración electrónica, es a su vez evidente fruto de la irrupción de Internet como Red de redes en las sociedades occidentales a mediados de los noventa del pasado siglo, una irrupción que, al ocupar todas las facetas de la vida humana, no podía evidentemente dejar de tener reflejo en la esfera pública.

En este sentido, considero muy necesario recordar que la idea de “gobierno en red”, tal y como algunos expositores del gobierno abierto llaman también a éste (así Abal Medina, en el trabajo de 2010 sobre Open Government coordinado por Calderón y Lorenzo), dando pues por sinónimas ambas denominaciones, estaba ya en autores de referencia  del eGovernment.

Cito por ejemplo a De La Coste, en palabras de 2003, vertidas en un soberbio informe presentado al entonces Gobierno francés:

“[D]e la mano de la ‘e-administración’ y la ‘e-democracia’, asistimos a un proceso histórico, análogo al paso del Estado feudal al Estado moderno. Pasamos al Estado en red.” Y continuaba este mismo experto pronosticando que, tarde o temprano, las diferentes Administraciones nacionales europeas se pondrían ellas mismas en red, hasta el punto de llegar algún día a formar “una red de Estados en red”.

El propio De La Coste incidía también en los objetivos de mejora democrática y perfeccionamiento administrativo, presentes como hemos visto en el documento Obama, con su ingeniosa propuesta de reemplazar la —comúnmente asumida— ecuación eGovernment = e-Administración + e-democracia, por esta otra: eGovernment = e-Administración × e-democracia, queriendo con ello subrayar que es en la combinación e interpenetración de estos dos factores, y no en el mero encuentro de los mismos, donde reside el verdadero motor de la modernización de la administración.

En un estudio de ese mismo año 2003, promovido por la OCDE, Field, Muller y Lau señalaban en línea concordante, y no menos brillante, que “el eGovernment tiene más que ver con el (buen) gobierno que con el “e”.

También desde Francia, como De La Coste, los especialistas Jubert, Montfort y Stakowski señalaban en 2005 que el eGovernment es una suerte de “catalizador suave” de una reforma del Estado que los factores interactuantes de la globalización y la tecnificación han hecho inevitable; reforma que los propios autores indicados vertebran en torno a cuatro estrategias: financiera (menores costes), de crecimiento (mejores servicios), de eficiencia (optimizar procesos) y de proximidad (al ciudadano). Si nos fijamos, pues, la idea de reforma estatal está ya bien perfilada, como también el hecho de que nos hallamos ante una exigencia de la masificación de la red Internet; además, las dos últimas estrategias reseñadas son en el fondo las mismas que el Memorándum Obama propone, y con él sus seguidores en todo el mundo.

Mientras que en un trabajo publicado en nuestro país en 2006, Leitner y Criado resaltaban que “el objetivo” del eGovernment es la gobernanza, siendo “el medio” la e-administración.

A pesar de lo antedicho, obras como la citada de Calderón y Lorenzo o el trabajo de 2011 de Corojan y Campos desde la Fundación Ideas invitan a contemplar el modelo de gobierno abierto, más como una ruptura con la “tradición” del eGovernment que como una mera evolución de la misma: el motivo sería el supuesto anclaje del gobierno abierto en principios y objetivos enteramente nuevos, o cuando menos, suficientemente “nuevos”, como para situarse al margen de lo que sería una simple evolución respecto del eGovernment. En cuanto al trabajo promovido en febrero de 2013 por el Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información (ONTSI), si bien es verdad que no llega respecto de lo dicho tan lejos como los dos citados, también lo es que no establece ese vínculo tan claro entre gobierno abierto y gobierno electrónico que a mi entender es necesario.

Al fin y al cabo, esa evolución protagonizada por el gobierno abierto ha nacido además de las prioridades políticas de un determinado Gobierno, el del Presidente Obama, en un país y momento histórico concretos, por más que su fulgurante éxito induzca sin duda a pensar que logrará afianzarse en el tiempo, más allá de fronteras geográficas y de orientaciones ideológicas: así lo demuestra por ejemplo entre nosotros su asunción sin reservas por parte del ONTSI en su mencionado documento de febrero de 2013.

A diferencia de la línea seguida en esos trabajos, creo en consecuencia preferible enmarcar armónica y claramente los postulados del gobierno abierto en el contexto general del e-Government, como su evolución natural, y no como una suerte de ruptura basada en un esquema de valores supuestamente nuevo en su práctica totalidad.

Así lo hacen por ejemplo, con plena naturalidad, las Naciones Unidas, en su periódico informe dedicado al gobierno electrónico en el mundo, concretamente y sin ir más lejos, en el último de ellos, publicado en 2012.

Conforme a todo lo hasta aquí dicho, el gobierno abierto se ha convertido en una especie de “mecanismo-puente” entre dos campos de acción hasta no hace mucho alejados entre sí: uno, el de la Ética en el servicio público; otro, el de las TICs (y en particular Internet) en el desarrollo de las tareas del gobierno y la Administración.

De hecho, el despertar de esa inquietud por los valores éticos en el ejercicio del poder, que arrancó en los EE.UU. post-Watergate, y en el resto del mundo en la Postguerra Fría de comienzos de los noventa del pasado siglo, coincide exactamente en el tiempo con los inicios de la generalización de Internet entre el gran público, que precisamente se producía en esos mismos años.

Más allá del exotismo de propuestas como la “democracia del living-room” de comienzos de los setenta, fue a partir de mitad de los noventa cuando empezó a ser general propugnar el empleo de las TICs para generar mayor transparencia y en general apertura en el gobierno; mientras que, de modo paralelo, se invocaba desde comienzos de los dos mil la necesidad de abrir, haciéndolos más accesibles y transparentes, el gobierno y la Administración, para justificar su digitalización.

Anclado en estos mismos valores, si se quiere complementados mediante un mayor énfasis en los principios de participación y colaboración, el gobierno abierto es pues directo y evidente heredero de esta tradición.

Reconocerlo así no hace otra cosa que fortalecer sus fundamentos y clarifica la convicción de que construir gobierno abierto es simultánea e inseparablemente, construir un gobierno más transparente y accesible, es decir, un gobierno más ético y por lo tanto más justo.

En un formidable estudio sobre la Ética en su sector público, la Cámara de los Comunes británica llegaba en 2007 a la principal conclusión de que “la regulación [de estos asuntos] forma parte integral y permanente del paisaje constitucional” del Reino Unido, tal es su trascendencia para la gobernanza general. Otro tanto puede afirmarse respecto de cualquier otro país, y por esto mismo de España.

Gracias a su explicada conexión con valores éticos y jurídicos de tanta profundidad como son la transparencia, la participación o la colaboración, no me cabe duda de que el gobierno abierto puede por consiguiente aspirar también a esa consideración, la de formar parte del “paisaje constitucional” de cualquier Estado.

Si forma parte del paisaje constitucional, el gobierno abierto puede fácilmente ser asumido de modo general por todos, ya sean gobiernos, ciudadanos, empresas u organizaciones. Y ya se trate de gobiernos, o de ciudadanos o de organizaciones de un color u otro.

Éste es el principal sentido de defender el anclaje del gobierno abierto en la inmediata tradición del gobierno electrónico (y también de la Ética en el servicio público).

Y precisamente por esto, creo llegado el momento de que el “movimiento” ceda paso a las iniciativas (ya ciudadanas, o en general sociales, ya políticas); o lo que es lo mismo, la pasión ceda a la reflexión y la ideología a la acción.

Se cuenta de Napoleón que, poco después de llegado al poder, afirmó: “Hasta aquí la novela de la Revolución, ahora comienza su Historia”. Dado lo admirable y deseable de sus principios y fines, es evidente que el gobierno abierto merece asentarse definitivamente en nuestras administraciones y, quizá sobre todo, en nuestras sociedades. Nada mejor para ello que poner fin cuanto antes a su “novela” y comenzar a la mayor brevedad entre todos, gobiernos y también ciudadanos, a construir su Historia.

 

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