El Tratado ACTA: ¿Censura ilegítima o desinformación organizada? (y II)

Publicado por el jul 12, 2012

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Es cierto que la transparencia con la que ACTA se ha negociado es la habitual por parte de las instituciones europeas y que se ha ajustado al Tratado de la Unión: es más, uno de los preceptos de ACTA se esfuerza por fomentarla (artículo 30).

También lo es que ACTA prácticamente reproduce el esquema básico de los principales textos sobre propiedad intelectual e industrial que vinculan a la UE y a sus Estados miembros, como el Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, los tratados promovidos por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual o las propias Directivas de la UE (así se desprende de sus artículos 3, 6 y 27).

Prueba lo afirmado cómo regula ACTA determinados asuntos especialmente importantes, tanto más cuanto que han sido singularmernte resaltados por sus detractores: medidas cautelares civiles (art. 8), noción de daños a efectos de protección (art. 9) o concepto de piratería con relevancia penal (para la que el artículo 23.1 exige fin comercial y ánimo de lucro): todas estas medidas se regulan exactamente igual en la normativa recién citada, hoy en vigor en la UE.

Finalmente, si bien con una notable excepción (excluir el trámite de audiencia en el procedimiento sumario previsto en el artículo 12.2), las principales novedades de ACTA figuran en casi todas las legislaciones nacionales, España incluida. En este sentido, y desde perspectiva española, muy bien podría afirmarse que lo que ACTA hace es internacionalizar la Ley Sinde-Wert: como es notorio, también esa Ley prevé ya la obligación legal que ACTA impone a los proveedores de servicios en línea de desvelar la identidad de presuntos infractores de derechos de propiedad intelectual o industrial (art. 27.4). Puede discreparse de esta medida, pero no es desde luego ACTA la que la introduce.

A propósito de ello, es verdad que la noción de “autoridad competente” a que el Tratado se refiere puede dar pie a interpretar que organismos distintos de un juez podrían terminar siendo tal “autoridad” y decidiendo en última instancia medidas tan lesivas de derechos como el cierre de una web (así se derivaría del artículo 5.c). Con todo, un texto de naturaleza internacional como es éste no puede ir más allá, siendo ésta una cuestión que corresponde decidir soberanamente a cada Estado. Ni siquiera la UE fue capaz, al hilo de la negociación del Paquete Telecom en 2009, de imponer una solución uniforme a escala comunitaria a este respecto, justamente en relación con estas mismas materias. Por otra parte, y aunque otros Estados signatarios de ACTA pudieran conferir la última palabra sobre el cierre de webs a autoridades no judiciales, cosa que no se desprendería pues de ACTA, sino de disposiciones internas ya vigentes, esto no sucedería por regla general en la UE, cuyos Estados solo suelen reconocer esta facultad última a los jueces: así lo establece por ejemplo en España la Ley Sinde-Wert y así lo exigió en Francia su Consejo Constitucional respecto de su homóloga, la llamada Ley Hadopi.

A pesar de lo dicho, es verdad que no todos los países de la Unión Europea recogen ya todas estas novedades en sus correspondientes ordenamientos. Una importante muestra figura en la “ayuda o facilitación” para la comisión de infracciones, que ACTA tipifica como conducta punible (art. 23.4), y que por ejemplo en España abriría la puerta a poder perseguir por complicidad en la comisión de delitos contra la propiedad intelectual a los responsables de webs de enlaces: nuestro Código Penal, en cambio, lo hace hoy por hoy inviable, siendo ésta una de las razones por las que los tribunales andan “enredados”, nunca mejor dicho, en un auténtico y caótico maremágnum jurisprudencial sobre este asunto.

Esto explica a su vez la inquietud de muchos países de la UE respecto de este Tratado, de ahí que resulte altamente conveniente que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie sobre su texto, a efectos de disipar las dudas de legalidad, como creo hará; o bien para considerarlo incompatible con las libertades de la Unión, lo que significaría su muerte definitiva, al menos con su actual redacción. También esto explica, por cierto, la postura de abstención mantenida en el Parlamento el 4 de julio por el grupo del Partido Popular Europeo, proclive a que el Parlamento esperase el dictamen del Tribunal antes de adoptar una decisión final.

Según ha manifestado, la Comisión Europea seguirá a la espera del mencionado dictamen del Tribunal de Justicia, sin perjuicio de continuar trabajando por una solución que equilibre el respeto de la propiedad intelectual e industrial con el de otros derechos y libertades, particularmente la libertad de expresión.

En cualquier caso, y así lo indica oficialmente el propio Parlamento Europeo, su rechazo de ACTA significa que ni la UE ni sus Estados miembros pueden hoy por hoy ratificarlo.

Éste es el resultado inmediato de una decisión que, a mi juicio, se ha adoptado de modo precipitado, con insuficiente ponderación de argumentos jurídicos racionales y razonables, y excesiva atención a consideraciones externas quizá no del todo bien informadas y casi siempre guiadas por una errónea percepción: la de que cualquier intento por proteger la propiedad intelectual e industrial, y en consecuencia, canales esenciales de prosperidad económica e innovación tecnológica en Europa, implica automática y necesariamente violar la libertad de expresión u otros derechos básicos.

No es así. Unos y otros derechos pueden coexistir, también en Internet. ¿Cómo no? Así, y por un lado, no vale cualquier método para perseguir las infracciones contra la propiedad intelectual o industrial, por eso la “patada en la web” que hace posible el cierre de sitios sin que intervenga un juez ha de rechazarse en todo caso. Por otro lado, Internet es abierta y ha de seguir siéndolo, pero la apertura de la Red ni puede ni debe ser cobertura para el abuso de derechos, mucho menos para conductas piratas que pretenden el lucro con la propiedad ajena.

 

 

 

 

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