El Tratado ACTA: ¿Censura ilegítima o desinformación organizada? (I)

Publicado por el Jul 9, 2012

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El Acuerdo comercial contra la falsificación (ACTA en sus siglas inglesas), la más reciente y relevante iniciativa mundial anti-piratería, fue rechazado por el Parlamento Europeo el pasado 4 de julio de 2012, por 478 votos contra 39, y 165 abstenciones. De este modo, el Parlamento seguía el dictamen de su Comisión de comercio internacional, que recomendaba este rechazo el día 21 de junio, por 19 votos contra 12 y sin abstenciones.

ACTA se firmaba entre octubre de 2011 y enero de 2012 por ocho países, entre ellos los EE.UU., Japón, Canadá, Australia o Corea del Sur, así como por la Unión Europea y 22 de sus Estados miembros (incluyendo a España). Aun cuando ACTA pretende también, entre otras cosas, combatir la piratería de bienes tangibles, aquí nos limitaremos a comentarlo desde la óptica de su regulación de contenidos digitales.

Merece la pena detenerse sobre la orientación del voto de los europarlamentarios el 4 de julio. La abstención era la postura defendida por el grupo mayoritario, el democristiano del Partido Popular europeo. Y aquí es donde se abrió la principal brecha, con un rechazo masivo de ACTA por parte de los diputados populares de los países del este de Europa (de nada menos que el 100% en el caso de polacos y húngaros) y, en algo menor medida, de países del sur y el Benelux. La “rebeldía” en este grupo procedía sin embargo también de un número significativo de diputados franceses que votaban a favor de ACTA, junto con algunos alemanes (y en menor número, italianos y nórdicos).

La totalidad de los parlamentarios españoles votó en consonancia con su respectivo grupo, de manera que todos los populares se abstuvieron, mientras que todos los demás se manifestaron en contra.

De hecho, la línea oficial de los grupos de izquierda y liberales era el rechazo al Tratado. Fue abrumadoramente seguida por sus miembros, sin más excepciones destacables que las de algunos diputados alemanes y nórdicos, que la rompieron a favor de la abstención. Debe no obstante resaltarse la postura del único diputado de entre todos los de grupos de izquierda (no solo el socialista, del que es miembro), que votó a favor: se trata del parlamentario portugués Vital Moreira, quien curiosamente preside la Comisión de comercio internacional, que previamente había dictaminado el texto. Moreira es además un veterano doctor en derecho y ciencia política por la Universidad de Coimbra, donde imparte clases; experto en derechos y libertades, ha sido también magistrado del Tribunal Constitucional en el vecino país.

En cualquier caso, estamos ante una victoria incontestable de los detractores de ACTA, un texto que, en su lucha contra la piratería, plantea algunos enigmas, frente a iniciativas claramente lesivas de las libertades, como las frustradas SOPA y PIPA en los EE.UU.; y textos que se esfuerzan por respetar los derechos, como la Ley Sinde-Wert en nuestro país.

En efecto, asociaciones de internautas de todo el mundo, especialmente del este de Europa (e incluso algunos Estados, Polonia entre ellos), lo venían calificando de tratado “censor, secreto y ambiguo”, que restringe sustancialmente derechos como la libertad de expresión.

Por el contrario, la Comisión Europea, fundamentalmente a través de su Comisario de Comercio, el belga Karel de Gucht, viene insistiendo en que la negociación de ACTA se ha efectuado con la transparencia exigida por el Tratado de la Unión Europea, en tanto que el texto se limita a instaurar procedimientos anti-piratería, sin que nada cambie en lo sustancial de la regulación comunitaria de protección de la propiedad intelectual e industrial. En palabras de De Gucht, ACTA no pretende sino “extender al resto del mundo las garantías de la propiedad intelectual e industrial existentes en la Unión Europea”. De nuevo según el Comisario, la gran contestación que el Tratado generó en Europa, sobre todo en países como Polonia, Hungría o Bulgaria, obedecería a una campaña de “desinformación organizada”.

 

 

 

 

 

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