El Open Data ante la nueva Ley de transparencia

Publicado por el dic 10, 2012

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Al estar llamada a ser paraguas general de regulación en la materia, la Ley de transparencia causará un hondo impacto en el panorama español del Open Data.

Efectivamente, la vocación del Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno es la de convertirse en el vehículo general de regulación del Open Data en nuestro país. Por tal entenderemos la apertura de datos públicos por parte de las Administraciones, en formato digital y preferiblemente libres de derechos de autor, a efectos de su reutilización con cualesquiera fines lícitos, incluidos los comerciales: en sus líneas básicas, así lo definía, en acepción clásica desde entonces, un grupo de expertos congregados en la ciudad californiana de Sebastopol en diciembre de 2007, encabezados por Tim O´Reilly, Carl Malamud y, entre otros cualificados académicos, Lawrence Lessig.

Lo afirmado se desprende del artículo 4.4 del Proyecto, que directamente establece unas pautas generales de publicación y reutilización de información en manos del sector público. Por su parte, la disposición final primera de ese texto, al derogar el artículo 37 de la Ley 30/1992, de régimen jurídico de las Administraciones publicas y del procedimiento administrativo común, podríamos decir que “engulle” el régimen general de la transparencia administrativa, hasta ahora contenido en ese precepto: naturalmente, ese nuevo régimen general será el previsto en la futura Ley.

Abona además todo lo dicho la disposición adicional primera del Proyecto, al ordenar su aplicación en materia de reutilización de la información del sector público, en lo no previsto en la Ley 37/2007, encargada de normarla, junto con su reglamento de desarrollo, aprobado mediante Real Decreto 1495/2011. Esa misma disposición adicional primera erige el Proyecto en norma supletoria en materias con régimen específico: en lo que al Open Data respecta, una de esas leyes es por ejemplo la Ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, aunque también normas como las que regulan los conflictos de intereses, la protección de datos, la propiedad intelectual e industrial o los secretos oficiales, entre otras.

Ahora bien, por más que la futura Ley de transparencia sea la llamada a regir prioritariamente el Open Data en España, la mera contemplación de su amplio entramado legal permite calificar éste como un verdadero pluriverso normativo. A todas las leyes atrás citadas, ha de añadirse “por arriba” la Directiva 2003/98/CE, que regula la reutilización del sector público a escala comunitaria europea; además de por supuesto la Constitución, con su artículo 105.b), el clásico acomodo del acceso ciudadano a los archivos y registros públicos. Mientras que en el plano autonómico, y más allá de las genéricamente dedicadas a la transparencia pública (la gallega de 2006 es pionera), deben citarse las incipientes leyes de gobierno abierto, encabezadas por la navarra de julio de 2012, a la que pronto seguirá la extremeña, que comenzó su tramitación parlamentaria en octubre de 2012.

Demasiadas normas pues, en torno a una misma cuestión. Un abigarrado panorama legal que, una vez la Ley de transparencia esté en vigor, convendría quizá solventar mediante la elaboración de un texto refundido general que, siquiera fuese a escala estatal, eliminase la actual dispersión. Ese nuevo texto refundido debiera aglutinar estas materias bajo la óptica común de la transparencia y el Open Data, aunque también del buen gobierno y la buena conducta de los responsables públicos.

Otro aspecto que llama la atención de la actual regulación española del Open Data es la rigidez del procedimiento de reutilización de la información del sector público que la Ley 37/2007 prevé. Un procedimiento muy severo en sus plazos y fases, que seguramente casa mal con el espíritu por naturaleza flexible y tendencialmente informal del Open Data, mucho más necesitado de la interacción con el ciudadano que del escrupuloso desenvolvimiento de los trámites administrativos. Para colmo, el artículo 10 de la Ley 37/2007culmina con el silencio negativo este procedimiento de reutilización, de manera que si la Administración no responde expresamente, el ciudadano deberá entender desestimada su petición: no parece que ésta sea la manera ideal de concluir los procedimientos cuando lo que en el fondo se ha de buscar es la co-participación ciudadana en aras a un gobierno más inteligente: así lo propugnan de hecho los más cualificados exponentes mundiales del Open Data, como la profesora de la New York Law School Beth Noveck, creadora en abril de 2009, durante su etapa en la Casa Blanca, del primer sitio web del mundo a él dedicado, el norteamericano Data.gov.

Tampoco contribuye a la flexibilidad el dato de que las palabras “cooperación” o “coordinación” no aparezcan ni una sola vez en el texto de la Ley 37/2007. Esta falta de cooperación entre las diversas Administraciones, estatal, autonómica y local, constituye uno de los principales defectos del régimen jurídico español sobre Open Data, como por ejemplo y reiteradamente hace notar uno de nuestros principales expertos en España, David Cabo, de la Fundación Civio.  A juicio de Cabo, la ausencia de cooperación es además lo que explica que España aparezca a la cabeza mundial en número de catálogos de datos publicados por las Administraciones, a pesar de que en ocasiones su calidad y utilidad no son las ideales, entre otras cosas debido a la estanqueidad entre los distintos portales Open Data de nuestro país.

El Proyecto de ley de transparencia, ahora en plena andadura parlamentaria, ofrece una excelente ocasión de subsanar ambos problemas, tanto introduciendo un procedimiento más flexible y desde luego terminado en silencio positivo; como determinados mecanismos de colaboración interadministrativa: sin ir más lejos, la necesidad de remitir a la Administración General del Estado, para su ulterior publicación en el sitio estatal de Open Data (Datos.gob.es), la relación de catálogos que toda Comunidad Autónoma o entidad local publique en su correspondiente website, de manera que cualquiera pueda al menos saber qué recursos de información pública se encuentran a su disposición en unos u otros sitios. Una medida como ésta, por cierto, no beneficiaría solo al ciudadano, sino también a la correspondiente Administración territorial, que de este modo disfrutaría de una plataforma adicional, probablemente de mayor visibilidad en Internet que la suya propia, para “promocionar” su trabajo.

Un último aspecto, directamente derivado del Proyecto de ley de transparencia, pero con evidente reflejo en Open Data. Como se indicó en un número anterior de La Ley en la Red, el Proyecto continúa lastrado por el persistente recelo hacia la transparencia que consustancialmente caracteriza al poder público, en España y en todo el mundo. Este aparente deseo de “encastillar” cierta información se manifiesta en dos hechos ya entonces relatados: uno, que los elencos de datos que se abren a la transparencia queden de antemano pormenorizados en el texto, en lugar de operar del modo inverso, dando de entrada por sentado que todo es publicable, salvo que el texto lo prohíba; y otro, que las materias exceptuadas de la transparencia, que pese a lo anterior, existen también, son demasiado amplias, tanto, que a mi modo de ver algunas de ellas no resultan compatibles con el artículo 105.b) de la Constitución.

Aunque el recelo hacia la transparencia se refleja igualmente en otro aspecto del Proyecto que merecerá atención específica en una entrega posterior de la Ley en la Red. En efecto, su texto hace un esfuerzo muy loable a la hora de conjugar el Open Data, y en general la transparencia, con derechos aparentemente contrapuestos, como por ejemplo la privacidad, en particular la protección de datos. Ese esfuerzo queda sin embargo ahí, sin que se trate simultáneamente de modular otras materias vedadas a la transparencia, como pueden ser los secretos oficiales (regulados por una Ley de 1968, reformada en 1978, en plena era WikiLeaks…), los intereses económicos y comerciales, o el medio ambiente. El pretendido fin de mayor apertura de la información bien lo habría aconsejado.

 

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