El Derecho como garantía de libertad (también en Internet).

Publicado por el jul 23, 2012

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Los mismos derechos que las personas tienen offline deben también protegerse online, en particular la libertad de expresión.

Ésta es la primera y sin duda principal afirmación de una reciente resolución del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, aprobada el pasado 5 de julio en Ginebra, durante su 20º periodo ordinario de sesiones. La resolución lleva por título “La promoción, la protección y el disfrute de los derechos humanos en Internet”.

No cabe duda de que estamos ante un texto de gran importancia. En primer lugar, porque es reflejo del creciente papel de Internet en la vida política, sobradamente evidenciado desde su misma irrupción en el gran público, aunque especialmente patente al hilo de acontecimientos como la llamada Primavera Árabe o el 15-M entre nosotros. La resolución, al propio tiempo, pretende garantizar dicha realidad. No es casual que uno de sus principales promotores, junto con Suecia, fuera Túnez, el primer protagonista de uno de los acontecimientos recién citados.

La resolución muestra también que Internet es un teatro esencial de desarrollo para las libertades. Si no es posible entender hoy la política sin Internet, es natural que sea asimismo en la Red donde derechos como la libre expresión o la participación política encuentren cada vez mayor campo de acción. A resultas de ello, Internet es en gran medida el medio donde se desenvuelven las principales amenazas para éstos y otros derechos, tantas veces propiciadas por gobiernos autocráticos, aunque en ocasiones igualmente por gobiernos democráticos, cuando olvidan justamente el principio que encabeza la resolución: un buen ejemplo en este sentido es el cierre de webs sin las debidas garantías, en particular la intervención de un juez.

En tercer lugar y, sobre todo, la resolución del Consejo de Derechos Humanos pone de relieve que nada de lo que pasa en Internet puede quedar al margen de la política y del Derecho. Y si esto sucede “para lo malo”, de manera que hechos delictivos o cuando menos lesivos para otras personas han de combatirse aunque se produzcan en la Red; también ha de suceder así “para lo bueno”, a fin de que el hecho de ejercitarlos online no reduzca en absoluto los derechos que cualquier persona pudiera ejercer al margen de Internet.

El texto que comentamos incluye otros dos principios de alta relevancia. El primero “reconoce la naturaleza global y abierta de Internet como fuerza determinante para acelerar el avance del desarrollo en sus diversas formas”. Introducido a sugerencia de la Internet Society (ISOC), la más importante organización mundial de promoción y gestión de la Red, pretende llamar la atención acerca de la vinculación entre la apertura de la Red y el disfrute de los derechos en su seno, así como sobre la necesidad de preservar Internet como un espacio de alcance mundial, no fraccionable en secciones diseñadas al servicio de cualesquiera intereses: introducir barreras injustificadas en el libre flujo de información por Internet supone necesariamente limitar derechos y libertades, mientras que crear “Internets nacionales”, sujetas a leyes abusivas, viene siendo práctica frecuente en demasiados Estados.

El segundo de dichos principios “insta a todos los Estados a promover y facilitar el acceso a Internet, así como medidas de cooperación internacional orientadas al desarrollo de los medios de comunicación y de instalaciones de información y comunicaciones en todos los países”. Como se sabe, el acceso a Internet es considerado ya un derecho en muchos, entre ellos España, donde se garantiza incluso como derecho a acceder a alta velocidad. Si bien la resolución no llega tan lejos, pues no consagra el acceso como tal derecho, es evidente que sigue esta misma estela.

Del acierto de la resolución da idea el hecho de que uno de los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos, Rusia, no estuviera siquiera presente durante su debate, prácticamente en los mismos días en los que su parlamento aprobaba una ley claramente restrictiva de la libertad de expresión en la Red. O el de que China y Cuba decidieran oficialmente “formular comentarios” acerca del texto que finalmente se acordó.

Hubo un tiempo, a mediados de los noventa, en los albores de Internet como gran medio de comunicación social, en que muchos llegaron a pensar que la Red debía ser una especie de mundo aparte, un “espacio” enteramente al margen de los Estados y de sus normas jurídicas. La creciente persecución del delito perpetrado en línea, así como de cualquier índole de comportamientos abusivos que tienen Internet como sustrato, ha venido a demostrar lo ilusorio y errado de estos planteamientos, pues Internet , como ingenio humano que es, jamás podría quedar aislada de la intervención jurídica estatal. 

Iniciativas como ésta de las Naciones Unidas ahondan en la misma idea, con el importante matiz de actuar esta vez “en positivo”, protegiendo en la Red lo que se viene reconociendo fuera de ella. Por eso la iniciativa debe ser saludada como un paso importante por la libertad en Internet. Al fin y al cabo ése es el fin último del Derecho, asegurar la libertad. Y si Internet no es el Far West del “todo vale”, tampoco es desde luego un juguete más del sátrapa, que lo aprovecha cuando le conviene y “corta las líneas” cuando peligra su poder. 

 

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