¿Debe multarse a Google si su buscador no es “neutral”?

Publicado por el abr 20, 2015

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Hace casi tres años, el 22 de mayo de 2012, en la que casualmente suponía su primera entrega, este espacio de La Ley en la Red se planteaba ya la pregunta de si “los buscadores de Internet debían o no ser neutrales”.  

La decisión de 15 de abril pasado de la Comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, ha puesto nuevamente este tema de absoluta actualidad: Vestager acusa formalmente a Google de abuso de posición dominante en el mercado de búsquedas por Internet, a resultas de su servicio Google Shopping. Esta razón, unida al hecho de que, por motivos técnicos, la entrada original de mayo de 2012 no resulta ya accesible en este medio, me ha llevado a “revisitar” el tema, tomando justamente como base esa entrada, que en consecuencia me limito a actualizar. 

Efectivamente, todos conocemos la importancia de las búsquedas en Internet y, consiguientemente, la de los llamados motores de búsqueda: Google, Yahoo o Bing actúan a modo de “sherpas” en esa ingente masa de información que hoy existe en la Red. El poseer en tal sentido “la llave” de Internet otorga pues a los buscadores un gran poder.

Gracias a su extraordinaria capacidad tecnológica y a su inteligente modelo de negocio, ese poder ha llegado a ser inmenso en el caso de Google, que copaba casi el 90 por ciento de este mercado a escala mundial entre marzo de 2014 y abril de 2015. Ese porcentaje era exactamente el 91,72% en ese mismo período en Europa. Y en España, el 94,55% en idéntico lapso temporal.

La supuesta necesidad de que los buscadores sean neutrales, a la hora de mostrar los resultados de las búsquedas, quizá constituya la respuesta más elaborada a estos retos, en particular el de la hegemonía de Google. Su principal argumento es simple: los buscadores no deben discriminar entre contenidos, los resultados de las búsquedas habrían de ser objetivos, naturales, neutrales.

Desde los inicios de este debate, a fines de la década de los 2000, ello ha llevado a los defensores de la neutralidad de las búsquedas a propugnar la necesidad de regular este mercado, incluso con técnicas tipo “common-carrier”, propias de sectores como las telecomunicaciones, la energía o el transporte: de terminar llevándose a cabo, Google y los demás buscadores podrían acabar sometidos a reglamentaciones como las que obligan a Telefónica, en cuanto operador dominante, a compartir su red con otros operadores: el buscador debería, de algún modo, “abrir” sus páginas en igualdad de condiciones para cualquier beneficiario, incluidos sus competidores.

Y competidores, los tiene (como también Bing o Yahoo), lo que hace que el problema se acentúe. En efecto, buscadores llamados “verticales”, por especializarse en viajes, o en seguros o en moda, entre tantos otros, compiten ferozmente con Google, la cual viene a su vez introduciéndose en esos mercados, gracias a su omnipresencia en el “mundo horizontal”, y siempre en pos de su recurso primordial de subsistencia: los ingresos por publicidad. Es pues natural que Google se vea tentada a priorizar contenidos propios frente a los de sus competidores, lo que a la par viene motivando la queja de un número creciente de ellos, aunque también de asociaciones de usuarios.

Hasta ahora, la neutralidad de las búsquedas no ha gozado de mucho predicamento. Algunos alegan que todo buscador ha de efectuar sesgos, en aras a la seguridad de las redes y sistemas e incluso a la precisión de los resultados. Sus peores enemigos llegan además a recordar que ninguna empresa está obligada a ayudar a sus competidores. Y desde luego que así es.

Aunque igualmente que, si bien no a ser ayudado por Google o por cualquier otro buscador, todo sitio web tiene derecho a no ser discriminado por un motor de búsqueda, con el fin de promover contenidos propios.

Por otra parte, y si bien sesgos estrictamente basados en la seguridad y la precisión están a mi entender justificados, también los usuarios de la Red tienen derecho a esperar resultados objetivos y naturales en la mayor medida posible: sobre todo si tenemos en cuenta que el propio buscador llega a comprometerse a ello ante sus usuarios (así la misma Google en sus términos y condiciones de uso).

Antes lo indicábamos: los poderes públicos llevan cierto tiempo sobre aviso de estos problemas. Es el caso de la norteamericana Federal Trade Commission, que sin embargo archivó en febrero de 2013 el procedimiento de investigación que abrió acerca de las supuestas prácticas anticompetitivas de Google.

La Comisión Europea, por su parte, llegó a albergar sospechas contra Google en 2010, en esta misma línea: tan es así, que inició en ese año una investigación preliminar orientada a esclarecer los hechos, por presunta infracción de las normas de competencia, de cuyo cumplimiento era entonces responsable el Comisario Joaquín Almunia. Los resultados de esas investigaciones se daban a conocer en la primavera de 2012 y amenazaban con sanciones contra esa empresa, si ésta no se avenía a concordar soluciones con la Comisión a la mayor brevedad.

Los avatares sobre el asunto sucedidos desde entonces quedaban descritos en una reciente entrega de este espacio. Era en ese contexto especialmente destacable la –como mínimo- desproporcionada resolución de 27 de noviembre de 2014 del Parlamento Europeo, que instaba a la Comisión a considerar, entre otras medidas, incluso la partición de Google (aislando en todo caso al motor de búsqueda), para que esta empresa pusiera fin a sus supuestas prácticas anticompetitivas. Unas prácticas sobre las que la Comisión, por entonces, no había aún adoptado criterio definitivo.

Hasta el 15 de abril de 2015, como decíamos al inicio, en que la Comisión Europea sí que ha terminado por decantarse en favor de la acusación formal contra Google por abuso de posición dominante.

¿Qué escenarios posibles se abren tras esta decisión?

El primero, que Google, en el plazo de diez semanas que la Comisión le concede, se avenga a las demandas de ésta, y que básicamente consisten en que deje de supuestamente favorecer de forma “sistemática” sus propios servicios en Google Shopping (incluso cuando no se trata del resultado más “natural” en función de la solicitud inicial del usuario). De este modo, la empresa podría evitar la enorme sanción que se cierne sobre ella, la mayor de la historia del antitrust europeo, nada menos que en torno a 6.000 millones de € (equivalentes al 10% de su facturación anual). Ésa sería la ventaja; el inconveniente, que Google reconocería haber promovido un buscador no-neutral, y que ese mismo criterio se podría así extender a otros sectores de su negocio Web, como los citados de viajes, seguros, etc., así como el mercado del móvil a través de Android.  

El segundo, que la empresa no se avenga, termine siendo sancionada con esa astronómica multa (extensible igualmente a otros sectores Web y a Android) y acabe litigando durante años ante la jurisdicción europea. Ése sería el gran inconveniente, siendo la posible ventaja el no ceder conceptualmente y poder terminar resultando vencedora en la jurisdicción, con el enorme desgaste potencial para la Comisión.

Desgaste que no obstante se extendería también a toda Europa. No reproduciré aquí argumentos expuestos en la citada entrega de diciembre pasado, a propósito de un “ambiente regulatorio” europeo sospechosamente hostil hacia las grandes tecnológicas norteamericanas: un ambiente desde luego favorecido por ciertos abusos del poder público estadounidense en el uso de Internet y las TICs (Snowden se encargó de revelar los principales), pero también excesivamente centrado en limitar las actividades de esas compañías tecnológicas de los EE.UU., en lugar de estarlo en promover más decididamente, en positivo, el surgimiento de empresas europeas que lleguen a estar en condiciones de competir con ellas.

Lo que haré ahora será recordar, como hice ya en 2012, que existen vías intermedias. Por un lado, para impedir que “la sangre llegue al río”, cosa que sin duda ocurriría si una sanción de ese volumen se terminase por imponer. Y por otro, para evitar fiarlo todo a la simple evolución tecnológica de los algoritmos, una evolución que no parece haber solucionado por sí sola el problema, como algunos pensaban sucedería en torno a 2010: y ello aunque solo sea porque la evolución de los algoritmos de Google está en último extremo tan lógica como legítimamente sujeta a la política empresarial de dicha compañía.      

Por consiguiente, y como ya en 2012 sosteníamos, pensar en una regulación a escala europea que equiparase los derechos y las obligaciones de Google (y los de cualquier buscador) a los de un “common-carrier” en tantos otros sectores, parece una solución cada vez más razonable. La igualdad sin discriminaciones de cualquier beneficiario, fuera o no competidor del propio buscador, que esta solución haría posible, redundaría en favor de un funcionamiento más armónico del mercado. Y con ello por supuesto del usuario de Internet, que es a quien la Comisión proclama estar con su iniciativa intentando proteger.

 

 

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