Contra la ciberpiratería sí, pero no así.

Publicado por el Mar 31, 2014

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La noticia de que dos importantes cadenas de televisión vienen recurriendo a técnicas de ataque informático contra un conocido sitio web de enlaces ilegales me ha llamado poderosamente la atención.

La reseña procede efectivamente del diario El País de fecha 29 de marzo de 2014. Allí se narra cómo durante la celebración del partido de fútbol Real Madrid-Barcelona de la semana anterior, tenía lugar a la vez “un espectáculo silencioso, dirigido desde un despacho en Madrid en conexión con un par de Data Centers, uno de ellos fuera de España.” Siempre según el mencionado artículo, “[F]ue un ataque legal, que permitió localizar alrededor de mil páginas y señales de streaming con contenidos piratas para cerrarlas o colapsarlas.”

El objetivo era el sitio web de enlaces ilegales Rojadirecta, el mismo que como se sabe fue objeto de una actuación judicial en los EE.UU. a comienzos de 2011. Y digo “ilegales”, porque los enlaces que Rojadirecta ofrece en listados cuidadosamente ordenados y clasificados por eventos deportivos y fechas lo son a contenidos cuya puesta a disposición del público no cuenta con la preceptiva licencia del titular de los derechos: otra cosa es que esa ilegalidad dé lugar a un delito o quede en ilícito civil, pero esta cuestión se examina más adelante.

De nuevo según el diario El País, evidentemente propiedad del grupo Prisa, que junto con Mediapro (a su vez dueña de Gol TV) ostenta la titularidad de una parte importante de esos derechos respecto de la Liga española de fútbol, la técnica empleada consiste en “entorpecer la señal por medios legales, barriendo el espectro de la cadena de servidores de páginas, servidores de streaming, proxies, operadores, registradores de dominio, proveedores, blogs que intervienen, y mediante convenios ya firmados con estos actores o requerimientos, [sic] actúen automáticamente y bloqueen la página.” Para todo ello, según esta misma fuente, se “utilizan empresas especializadas como IPRODED y un programa apellidado Hermes, […] un híbrido entre abogado e informático.”

Si se visita la web de esta empresa, cuyas siglas se refieren al Instituto para la Protección de Derechos en el Entorno Digital, se puede efectivamente comprobar que, además de acciones de índole judicial, entre otras, Iproded lleva a cabo en favor de sus clientes “actuaciones tecnológicas”, en forma de “medidas activas de protección de los contenidos y para la desincentivación del consumo ilegal”; Iproded también permite responder ante “situaciones especiales” o “eventos críticos (acontecimientos deportivos, estrenos de cine o televisión, etc.)”, respecto de los cuales realiza “acciones especiales de protección que logran cotas de exclusión muy cercanas al 100%”.

Debo reconocer que la noticia me ha sorprendido. Primero porque la explicación aportada por la fuente periodística en cuanto al método empleado no termina de ser clara: se habla por un lado de “entorpecer la señal […] barriendo el espectro de la cadena” de agentes participantes en el entramado Rojadirecta; mientras por otro se menciona lo que parece ser una vía jurídica, la de “convenios ya firmados […] o requerimientos” con dichos agentes, para que “actúen automáticamente y bloqueen la página” de Rojadirecta. No se me suscita problema alguno respecto de esta segunda vía, que parece apelar a la libre voluntad de los cientos de actores del entramado Rojadirecta, más allá de los administradores de la web matriz, en el sentido de “instarles al arrepentimiento”, que ulteriormente se recoge en un acuerdo con el fin de que pongan  fin a su participación en la cadena bloqueando el acceso desde su respectiva área de influencia. Esto parece desprenderse de la frase reproducida, si bien su redacción no permite deducirlo al cien por cien.

La que en cambio considero mucho menos clara y de entrada problemática, es la primera vía de las citadas, esa acción consistente en “entorpecer la señal […] barriendo el espectro de la cadena” de participantes en el entramado Rojadirecta. No obstante, el propio artículo ofrece una vía de interpretación de lo que esto significa, pues como aquí se ha mencionado, la misma fuente habla de que el “espectáculo silencioso” celebrado en ese despacho de Madrid “fue un ataque”, indicándose asimismo bajo el titular que “[U]na empresa lanzó un ataque para cerrar 1.000 páginas durante el clásico del fútbol español”. Lo que parece habría hecho pues esta empresa, a solicitud de sus clientes, en este caso las dos empresas de comunicación antes citadas, es atacar la cadena de actores que, a modo de “satélites digitales”, se desenvuelven alrededor de Rojadirecta.

La segunda razón que abona mi extrañeza es la insistencia en el carácter legal de estos  “ataques” (como se ha visto, se subraya dos veces en la noticia), sin aportar en cambio argumentos que permitan sustentar expresamente dicha legalidad. La empresa Iproded no es más explícita a la hora de explicar en qué consisten sus actuaciones tecnológicas “activas de protección”, reduciéndose exclusivamente a lo dicho lo que en su propio web se expone, y sin que tampoco esta empresa dé argumento alguno en favor de la legalidad de sus actuaciones, que igualmente ella misma se esfuerza en destacar.

Puede sin duda aducirse que un sistema legal basado en el principio de libertad, como es el español, obliga a presumir dicha legalidad, a resultas de la clásica cláusula de cierre kelseniana: “Lo que no está prohibido está permitido”. Con todo, máxime cuando se auto-subraya el carácter legal de una determinada actuación, no estaría quizá de más aclarar que tal actuación queda efectivamente fuera de “lo  prohibido”.

De lo contrario, esa reiterada apelación a la legalidad del método, unida a la insuficiente claridad en torno a lo que consiste, llamará indefectiblemente a la sospecha. Y es justamente lo que sucede aquí. Con una agravante, la de que la fuente de la noticia habla expresamente de que la actuación antipiratería consiste en llevar a cabo “ataques”.

Quien venga siguiendo con una mínima asiduidad este espacio de La Ley en la Red, será sin duda consciente de que quien lo firma está bien lejos de simpatizar, y ni siquiera de contemporizar con la piratería digital. Podría reproducir muchas muestras de ello, pero me limitaré a una sola, expuesta a propósito de la reforma del Código Penal en curso (aún en trámite en las Cortes Generales), ésa que justamente se orienta a incriminar actividades como las que Rojadirecta desarrolla, pasando a ser delito algo que hasta ahora no lo era, la administración de sitios web de enlaces a contenidos ilícitamente ofrecidos por terceros (siempre y cuando se reúnan determinadas condiciones).

En esas mismas páginas me mostraba partidario de algo que desde 2009, en mi obra Derecho europeo de Internet, vengo sosteniendo: la necesidad de armonizar el tratamiento de los enlaces a contenidos ilegales en el ordenamiento español al que ya entonces se había abierto paso en los de Estados avanzados como los EE.UU., Reino Unido o países nórdicos, y consistente en lo esencial en el que ahora establece la reforma penal en trámite.

Y ello con independencia de que el valor añadido que al contenido aportan empresas como las cadenas televisivas aquí en liza sea también a mi juicio incomparablemente menor que el que generan creadores como escritores, músicos o cineastas. En puridad, serían los futbolistas, o en general los deportistas, quienes podrían equipararse en calidad de “creadores” a los escritores, músicos o cineastas, y no obviamente las cadenas de medios que retransmiten sus eventos deportivos. Ciertamente aquéllos sufrirán merma en su rendimiento económico si las cadenas de retransmisión perciben menores ingresos, si bien es verdad que el modelo de negocio de algunas de ellas descansa quizá en exceso en la prima de ingresos que proporciona la exclusividad de los derechos. Exclusividad que a su vez explica el afán de la piratería por quebrantarla, máxime en momentos de dificultad económica, en que el usuario se verá fácilmente tentado a dejar de pagar la “cuota mensual del fútbol” y acceder gratis a Rojadirecta. Pese a cuanto antecede, el beneficio obtenido por webs del tipo de Rojadirecta me resulta a todas luces injusto e ilícito, de ahí que, como decía, siempre me haya mostrado partidario de combatirlo legalmente.

Ahora bien, esa lucha ha de hacerse precisamente así: legalmente. Y la reforma penal se propone hacerlo. Por medios jurídicos, entre otros judiciales, y también por medios tecnológicos, en cuanto implican la retirada de contenidos y el cierre de webs: pero siempre con un indiscutible respaldo legal.

Los “ataques” que aquí comentamos, supuestamente consistentes en “entorpecer la señal”, y que terminan permitiendo “cerrar o bloquear” páginas, recuerdan demasiado a las acciones de quien “obstaculizara o interrumpiera el funcionamiento de un sistema informático ajeno, introduciendo, transmitiendo, dañando, borrando, deteriorando, alterando, suprimiendo o haciendo inaccesibles datos informáticos”, siendo ésta la tipificación de los ataques contra sistemas informáticos en el artículo 264.2 del Código Penal.

Cierto que ese delito solo se comete cuando esas actuaciones se producen, entre otras circunstancias, “sin estar autorizado”: los “convenios” con actores del entramado Rojadirecta a los que la noticia aludía podrían quizá dar acomodo a dicha autorización en múltiples casos.

Y sobre todo, solo se incurre en el delito de ataque a sistemas “cuando el resultado producido fuera grave”, un concepto jurídico calibrado en función de quien opera legalmente un sistema informático y resulta víctima de un ataque, y siendo obviamente aberrante que administradores de sistemas como es Rojadirecta pudieran llegar a invocar ese “resultado grave” en su favor.

En cualquier caso, y para concluir, entiendo que todas las circunstancias analizadas hacen muy oportuna una explicación por parte de los responsables de estas actuaciones, sobre todo tratándose de medios de comunicación (además muy relevantes).

Difícilmente se puede rebatir que hasta ahora el ordenamiento ha venido dando una respuesta absolutamente insatisfactoria a las justas demandas de los perjudicados; no obstante, la reforma penal en curso permitirá en breve llevar a cabo este mismo tipo de actuaciones sin duda alguna respecto de su legalidad. Soy el primero en estar abierto a los argumentos que en favor de la legalidad de las acciones aquí comentadas pudieran esgrimirse; pero hoy por hoy creo que prevalecen las incógnitas al respecto.

El fin no justifica los medios. Por ello mismo, la justicia no puede tomarse por la mano, a través de lo que parecen acciones más propias de un “ciber-somatén”. El Estado de Derecho tiene sus cauces, en Internet y fuera de ella, y éstos son las bases de nuestra convivencia. Por duro que resulte aceptarlo, también el supuesto ciberpirata tiene sus derechos. En una palabra: contra la ciberpiratería sí, pero no así.

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