Cinco claves de Internet en 2013 (y su proyección político-legal)

Publicado por el Dec 27, 2013

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El muy próximo final de este año 2013 ofrece una excelente ocasión para recapitular y extraer algunas conclusiones a partir de las aproximadamente cuarenta entregas de La Ley en la Red durante el mismo.

1. Las fronteras entre el mundo digital y el mundo “real” se difuminan cada vez más.

Efectivamente, y por un lado, Internet es cada vez más central en nuestras vidas, donde va cobrando una relevancia también creciente. Así lo hemos ido narrando en estas páginas, al hilo de múltiples ejemplos, como un estudio del Boston Consulting Group de 2012 que demuestra cómo nuestros jóvenes serían capaces de renunciar a recursos esenciales a cambio de no perder su conexión a la Red; de proyectos del Gobierno francés de introducir un impuesto digital; o de sentencias judiciales que derechamente así lo atestiguan.   

Ideas como la que a partir de mediados de 2013 circularon en Alemania, a propósito de la posible creación de un  “Ministerio de Internet”, que pretendiera afrontar los desafíos de la Red desde una visión de conjunto, demuestran haber percibido esta tendencia.

Como también un innovador y muy prometedor proyecto de la empresa Facebook, presentado en Silicon Valley a comienzos de diciembre pasado, con el fin de aplicar técnicas avanzadas de inteligencia emocional a su plataforma, con la convicción subyacente de que lo que en ella sucede no difiere sustancialmente de lo que tiene lugar en el mundo “real”. 

Por otra parte, Internet es cada vez más “total”, al estar en crecimiento el número de objetos conectados a la Red: hemos comentado sobradamente en este espacio que esta “Internet de las cosas” genera enormes oportunidades de bienestar y de innovación, aunque también considerables retos legales, en múltiples campos, especialmente el de la privacidad.

2. Crecen los riesgos para Internet tal como hoy la conocemos (abierta, libre e innovadora).

Cabe proyectar estos riesgos en tres grandes planos:

– El primero, la seguridad, sin duda uno de los grandes quebraderos de cabeza de Internet, y de cuyo adecuado encauzamiento dependerá en gran medida su éxito futuro. Por eso estas páginas se ocupaban de los esfuerzos de la Oficina de las Naciones Unidas sobre la droga y el delito (UNODC) por catalogar correctamente el ciberdelito, en un sobresaliente estudio publicado en febrero de 2013: una de las principales ideas que de este estudio se desprendían es la de que países como China y Rusia parecen concordar en sus respectivos modelos de persecución del cibercrimen, al tiempo que empiezan a generar grandes áreas de influencia, lo que acentúa la necesidad de que Occidente esté alerta y trate de contrarrestar esta tendencia con el pionero Convenio sobre ciberdelincuencia del Consejo de Europa (2001), hasta ahora ejemplo dominante en el mundo.

La próxima reforma del Código Penal español, prevista para los primeros meses de 2014, puede inscribirse en este contexto, siquiera sea porque supone la más completa y sistemática adaptación hasta hoy emprendida de la normativa penal española al entorno digital.

En tanto que las varias entregas de este espacio dedicadas al escándalo PRISM del ciberespionaje norteamericano (y de otros países occidentales) han permitido acreditar sobradamente hasta qué punto la seguridad (y por supuesto la privacidad) en línea ha quedado comprometida a raíz de comportamientos abusivos en el ejercicio del poder llevados a cabo también desde Occidente.

– El segundo plano anunciado es económico o de mercado. Dos entregas de 2013 lo demuestran: la primera se refería a la posición de dominio de Google en los subsectores de Internet móvil (gracias a su sistema operativo Android) y de sitios web (merced a su motor de búsqueda), que acentúa los temores de pensadores como Tim Wu cuando en su The Master Switch (2010) subrayaba la posibilidad de que éste u otros gigantes de la Red devengan en un futuro próximo en conglomerados semejantes a lo que a comienzos del siglo XX fueron empresas como las grandes estadounidenses del petróleo, el acero o la cinematografía.  

Otra entrega se centraba en determinados abusos de algunas operadoras de comunicaciones electrónicas en el suministro del servicio de acceso a Internet, consistentes en primar con menores precios a sus usuarios de servicios avanzados con el fin de perjudicar la prestación de dichos servicios por empresas de su competencia: Deutsche Telekom comenzaba a hacerlo en mayo de 2013 en Alemania, con los consiguientes riesgos para la neutralidad de la Red, inaceptables a mi entender.  

– El tercer plano es tecnológico y se refiere al peligro para la neutralidad y apertura de la Red que está suponiendo el retraso en el despliegue del nuevo sistema de direcciones de Internet IPv6, como consecuencia de la necesidad de compartir las actuales direcciones IPv4, cada día más escasas, y el correlativo aumento del poder de los intermediarios en la oferta de este tipo de servicios.  

3. Se van abriendo paso remedios que tratan de atajar los grandes bloques de riesgos anteriores.

A lo largo de este año, hemos identificado cinco:

– El primero, la ciberdefensa, como brazo de los ejércitos para combatir la inseguridad en el entorno digital. Concretamente estas páginas destacaban los esfuerzos llevados a cabo durante fines de 2012 y 2013 por parte de las Fuerzas Armadas españolas.

– En segundo lugar, una de nuestras entregas de 2013 reivindicaba una Carta de derechos en Internet que, inicialmente, tuviera un ámbito europeo, para idealmente irse extendiendo por todo el mundo. A raíz de los escándalos de ciberespionaje de este año, por cierto, el Gobierno alemán lanzaba a partir de septiembre pasado una idea semejante. No se oculta la práctica imposibilidad de que ese texto resulte aplicable a corto plazo a escala universal, si bien es cierto que el ejemplo del citado Convenio sobre ciberdelincuencia del Consejo de Europa, que ha llegado a erigirse en pauta mundial en su materia, invita a que Europa ejerza también aquí un papel de liderazgo.  

– Tercero, y especialmente en España gracias a que 2013 ha sido el año de aprobación de la anhelada Ley de transparencia, los mecanismos de Gobierno abierto, sin lugar a dudas uno de los temas-estrella del próximo futuro en el ámbito de la política, de la Administración y del propio entorno digital.

– La próxima regulación europea de la neutralidad de la Red es el cuarto. La Comisión Europea presentaba su proyecto en la materia en el mes de julio de 2013, previendo por primera vez la neutralidad como principio de obligado cumplimiento (más allá de declaraciones meramente políticas), por más que sujeto a condicionamientos de calidad de servicio que aquí considerábamos razonables.

En este contexto, llamaba en cambio la atención la indiferencia hacia la neutralidad de la Red de la futura normativa española sobre telecomunicaciones, ya en trámite parlamentario, hasta el punto de que ni siquiera es mencionada como principio en su texto.    

– El último remedio es puramente tecnológico, y se trata de UETS, esa especie de “Internet sin Internet” diseñada por el ingeniero español José Morales Barroso y que, en cuanto permite el simultáneo uso de la conmutación de circuitos, a la par que del protocolo TCP/IP, hace posible aprovechar la flexibilidad de la comunicación por Internet prescindiendo de sus vulnerabilidades a efectos de seguridad. 

4. Se encona la pugna entre libre expresión y privacidad en Internet.

Es un conflicto clásico, que evidentemente cabe observar también en el mundo off-line, y que a lo largo de 2013 ha entrado en Europa en una fase de mayor encono que nos coloca a día de hoy en una situación de relativo desconcierto.

Digo esto último porque quizá en nuestro Continente estábamos acostumbrados a que el gran celo por la privacidad aquí dominante tuviera fácil reflejo en Internet: dos importantes resoluciones jurisprudenciales de este año que acaba, una del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (el caso Delfi), la otra del Tribunal Supremo alemán (caso Rolf Sorg-Función de autocompletar de Google), constituyen clara expresión de ello, y por eso mismo fueron criticadas en esta columna, por llegar a suponer a mi juicio lecturas exorbitantes de la privacidad en línea a costa de la libertad de expresión con la que entraba en conflicto.

Y, sin embargo, si son confirmadas por la aún pendiente sentencia, las conclusiones del Abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el caso que enfrenta a la Agencia española de protección de datos con Google a propósito del llamado “derecho al olvido”, dadas a conocer en junio de 2012, podrían suponer un saludable cambio de tendencia en la hasta ahora corriente expansiva de la privacidad en Internet en merma de la libertad de expresión: el Abogado general no tiene reparo alguno en hablar de “censura” para referirse a la exigencia de que Internet olvide informaciones que un determinado usuario pueda considerar lesivas para su privacidad.    

Más allá de este conflicto que entre sí mantienen, puede decirse que libre expresión y privacidad han reafirmado durante 2013 sus correspondientes “versiones digitales”: la primera, gracias a casos como el de Ahmet Yildirim, que llevaba al Tribunal Europeo de Derechos Humanos a basar en dicha libertad de expresión el derecho de acceso a Internet; la privacidad, merced al realce que vienen adquiriendo temas íntimamente conexos con ella, como son los de identidad digital. Unos y otros han sido tratados a lo largo de 2013 en La Ley en la Red.    

5. Es necesario equilibrar la protección de la propiedad intelectual en Internet con los avances tecnológicos en el entorno digital.

Ésta es una idea que tenía su origen durante 2013 en los EE.UU., y cuyo tratamiento en estas páginas condujo a hacer de la correspondiente columna la “entrada más popular”: dos eran sus fuentes, las sentencias judiciales neoyorquinas en los casos Aereo y Capitol Records v. ReDigi; y el informe sobre propiedad intelectual e industrial de julio pasado emitido por el Grupo de trabajo sobre políticas de Internet del Departamento de Comercio.

Su fundamento es claro: negocios con contenidos digitales que pretenden emplear esos nuevos avances tecnológicos quedan desprotegidos por una normativa que no los tiene en mente.   

Eso sí, esta novedosa idea se lanza a la par que la mucho menos popular y también más antigua de que el respeto a la propiedad intelectual e industrial supone un presupuesto de partida que se debe hacer cumplir: así lo resaltan las fuentes norteamericanas citadas.

En lo que a España se refiere, las políticas optan ante todo de momento por reforzar esta última faceta del cumplimiento de la normativa, fin principal de la proyectada reforma de los delitos en materia de propiedad intelectual, que las Cortes debaten ya dentro de la antes mencionada reforma del Código Penal.

Más allá de los argumentos habituales, quizá sirva para justificar dicha reforma un motivo manejado en entrega anterior de este 2013, y basado en un estudio que demostraba cómo los ingresos de la industria de contenidos digitales en los EE.UU., lejos de haber bajado en los últimos años, se habían incrementado en ese país. Ello llevaba a sus autores a negar la necesidad de ulteriores reformas en el ordenamiento norteamericano. Dejo al lector que extraiga sus propias conclusiones a la vista del hundimiento de ingresos de la industria de contenidos digitales en nuestro país.     

 

 

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