¿Anonimato para los trolls?

Publicado por el Jun 15, 2012

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El pasado 30 de mayo, un tribunal británico aceptaba la petición de Nicola Brookes, madre de 45 años, de obligar a Facebook a desvelar las identidades, direcciones de correo electrónico y direcciones IP de una serie de ciberacosadores, comúnmente llamados trolls. Estos individuos llevaban meses tachando a Brookes en esa red social de pedófila y traficante de drogas, después de que ella colgara un comentario de apoyo a una concursante del programa televisivo “El factor X”.

Como es natural, hasta tanto pudo lograr las identidades, la indefensión de Brookes era total. Por un lado, Facebook se negaba a entregárselas, alegando el derecho a la protección de datos de sus usuarios. Por otro, la policía carecía de respaldo legal para obligar a Facebook a hacerlo, si no era justamente a través de la orden judicial ahora obtenida. Con ella en la mano, Nicola Brookes podrá ahora actuar contra alguien en concreto, cosa que desde luego piensa hacer, nuevamente ante la Justicia.

El sufrimiento y la impotencia de esta persona, como ella misma ha revelado tras conocerse la sentencia en su favor, ha sido muy intenso. Brookes revela cómo incluso su identidad fue suplantada, pues los ciberacosadores llegaron a crear un perfil falso de ella en Facebook. A raíz de todo ello, el propio Gobierno británico anunciaba esta semana su intención de promover legislación que obligue a los proveedores de servicios de Internet, como Facebook en este caso, a desvelar la identidad de personas que incurren en este tipo de conductas.

¿Sería necesaria esta misma legislación en España? A mi juicio sí. Primero, por una razón legal. Con las leyes actuales, ningún proveedor de servicios tipo Facebook estaría obligado en nuestro país a desvelar, no ya a sus víctimas, sino siquiera a las fuerzas de seguridad, las identidades de “usuarios-trolls”: en primer lugar, porque la legislación sobre comercio electrónico solo les haría responsables de no hacerlo en el caso de tener “conocimiento efectivo” de que los hechos son ilícitos, pero esa ilicitud solo la puede declarar un “órgano competente” y el único órgano competente para ello es un juez. Y en segundo lugar, porque la única legislación que en España faculta a las fuerzas de seguridad a prescindir de un juez para acceder a estos datos en poder de proveedores como Facebook, la relativa a conservación de datos en comunicaciones electrónicas, solo resulta aplicable a delitos graves: ni las injurias del tipo de las sufridas por Nicole Brookes, ni el delito contra la propia imagen que la suplantación de identidad podría suponer son delitos graves conforme a nuestro Código Penal. Así pues, solo un juez podría obtener en España las identidades de trolls en situaciones como éstas. En resumen, en España estamos en la misma situación que el Reino Unido ante este tipo de problemas.

La segunda razón por la que una ley de este tipo también sería necesaria en nuestro país es de índole político-social. Los condicionamientos tecnológicos consustanciales a Internet y, a raíz de ello, los modelos de negocio surgidos en la misma, hacen indefectible la presencia de intermediarios, como es Facebook en este caso. Esto a su vez hace posible que el inevitable “porcentaje estadístico” de usuarios maliciosos se cobije tras los intermediarios y, amparado en la normativa sobre protección de datos, abuse de su anonimato, en ocasiones con la crueldad que venimos viendo.

Como es natural, las leyes de protección de datos han de seguir tutelando al usuario de buena fe, impidiendo cesiones injustificadas a terceros por parte de los responsables de los datos. Lo que en cambio no es razonable es que esas leyes sirvan de escudo a quienes abusan de ellas, mientras fuerzan a víctimas de comportamientos intolerables a emprender procesos judiciales que pueden no ser cortos y en cambio resultar costosos, simplemente para conocer quién es la persona que los está hostigando, debiendo a partir de ahí volver a empezar ante un juez.

Una norma como la que el Reino Unido pretende aprobar parece pues oportuna y justa. Si quien acosa en el mundo offline es perseguido, también debe serlo quien lo hace en Internet. ¿O es que el acoso perpetrado en línea deja precisamente de serlo por realizarse en la Red? El anonimato que Internet facilita, muchas veces beneficioso para la libertad, no puede ser acicate para causar daño a otros. Por eso no ha de existir anonimato para los trolls.

 

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