La transformación del modelo económico de Cuba

La transformación del modelo económico de Cuba

Publicado por el 29/05/2018

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“Reputación y generación de valor en el siglo XXI” (LIBRO) por Jorge Cachinero en libros.com

En 2010 el régimen cubano abordó el comienzo del proceso de actualización del modelo económico y social del país.

Según las autoridades de Cuba, esta iniciativa surgió por la propia voluntad de los gobernantes, no estaba sometida a presión externa y estuvo presidida por el debate popular -es decir, siguió las pautas internas habituales de los llamados procesos de participación populares-, en este caso, sobre las 191 propuestas originales del gobierno que incluían ideas, que iban, por ejemplo, desde la posibilidad de que los deportistas amateurs cubanos pudieran participar en competiciones profesionales a la opción de que los gastos de las operaciones de cirugía estética fueran asumidos por el Estado.

A todo este proceso subyace, obviamente, la voluntad del gobierno de Cuba por preservar su modelo llamado de Socialismo Tropical, que, básicamente, aspira a preservar todo -el régimen político y sus estructuras de poder- mientras que se cambia lo necesario para garantizar el nivel de vida de los cubanos.

En sí misma, esta formulación cándida es un reflejo de la voluntad política detrás de este proceso y un testamento de las necesidades acuciantes del momento presente.

El equilibrio que debe mantener el gobierno para conseguir este doble objetivo es singular porque se produce simultáneamente al anunciado proceso de transición política que culminó después de las elecciones a la novena asamblea nacional de Cuba, que se realizaron el pasado 11 de marzo, con la elección del Consejo de Estado y, subsiguientemente, con la designación de Miguel Díaz-Canel como nuevo presidente del país y del gobierno, después de que Raúl Castro anunciara, en febrero de 2013, que no se iba a postular para un nuevo período en la presidencia.

El foco de la transformación económica en marcha de Cuba está puesto sobre la incorporación de elementos, sujetos a control por las autoridades, de la economía privada y, sobre todo, del trabajo por cuenta propia.

Estos cambios, en consecuencia, obligarán a modificar, también, el marco jurídico del país de tal forma que la obsesión del gobierno cubano de que las reformas en la esfera económica “estén bien hechas y respeten la ley” pueda cumplirse para empezar a separar la gestión de lo público de la de lo privado.

Ésta podría ser la ocasión, adicionalmente, para que el gobierno de Cuba abordara una mayor descentralización en la forma de gobierno, es decir, mediante la delegación de poder a provincias y a municipios en línea, por cierto, con iniciativas similares que se están evaluando en otros países de América Latina como, por ejemplo, en Chile.

En ambos casos, la experiencia de España en la construcción de sus administraciones locales está siendo observada y estudiada y, quizás, ésta podría ser una oportunidad para que España renovara la experiencia compartida con América Latina en los años 80 y en los años 90 sobre el éxito de su transición política a la democracia con ésta otra referida al gobierno de los municipios.

Sin duda, el proceso de actualización del modelo económico de Cuba está sujeto a todo tipo de retos y de riesgos.

Por un lado, Cuba debe eliminar la dualidad monetaria que vive el país -una auténtica aberración económica que genera externalidades negativas al proceso de gestión de las nuevas empresas porque, en la práctica, las obliga a llevar una doble contabilidad-, que no se ha abordado, todavía, seguramente, por el miedo de las autoridades a desencadenar un proceso inflacionario, que, como suele ocurrir, golpee a los más débiles, es decir, a pensionistas o a funcionarios.

En segundo lugar, Cuba ha de reducir progresivamente los subsidios al consumo por los ciudadanos de productos y de servicios sin que esta supresión provoque una reacción popular no deseada por el gobierno.

Por último, Cuba tiene que abordar de frente el cambio de concepción sobre el rol que la participación de las empresas extranjeras debe jugar en el proceso de transición económica para que éstas dejen de ser vistas como un mero “complemento” y pasen a ser reconocidas como actores fundamentales en la economía del país, cuya participación tendría que incrementarse sustancialmente.

Además, Cuba, dada su ubicación geográfica, ha de hacer frente a los fenómenos inesperados que desencadena la naturaleza: los huracanes o la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos (EE.UU.), por citar dos destacados.

Entre los primeros, en septiembre de 2017, Irma causó un efecto devastador, que afectó a nueve de las catorce provincias del país, supuso un coste de $13,000 millones y redujo las expectativas de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) de Cuba en 2017 del 2.5% al 1.6%. Con todo, las previsiones de crecimiento del PIB para 2018 son del 2.5% en un año, sin embargo, muy complicado, desde el punto de vista financiero, para Cuba ya que debe hacer frente a importantes vencimientos de su deuda, a los que el gobierno cubano reitera que hará frente.

Los cambios macroeconómicos en Cuba empiezan a atisbarse, pero están, todavía, muy lejos de trasladarse a los ciudadanos cubanos.

Mucho queda por hacer, incluida la relación con EE.UU. tras 56 años de “bloqueo”.

 

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