El rol de las empresas en la formulación de políticas públicas

Publicado por el 11/03/2017

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“Reputación y generación de valor en el siglo XXI” (LIBRO) por Jorge Cachinero en libros.com

 

Bryce Harlow abrió la primera oficina de relaciones gubernamentales de Procter & Gamble, una de las más grandes compañías de productos de consumo del mundo, en Washington, D.C., en 1961.

 

Anteriormente, Harlow había trabajado para el general Marshall, Chief of Staff del ejército de tierra de los Estados Unidos, en su departamento de información pública, durante la II Guerra Mundial y, en la Casa Blanca, para los presidentes Eisenhower y Nixon. Posteriormente, Harlow asesoró, también, aunque, informalmente, a los presidentes Ford y Reagan.

 

Harlow fue uno de los grandes lobistas de la escena estadounidense del tercer cuarto del siglo XX y, hoy, The Bryce Harlow Foundation. Integrity in Professional Advocacy trabaja por defender las necesarias relaciones entre las empresas y los reguladores de acuerdo con los más altos estándares de comportamiento profesional y de integridad.

 

A Harlow le gustaba recordar que “(g)ood representatives of good businesses contribute a great deal to good government”.

 

Sin duda, Harlow sabía que la relación de las empresas con el regulador era una actividad que podía ser virtuosa y beneficiosa para la formulación de políticas públicas por el poder ejecutivo y por el poder legislativo, en particular, y, por extensión, para la sociedad, en general, siempre que se realizara con integridad.

 

Las empresas privadas son esenciales para colaborar con el regulador en su objetivo de formular políticas públicas mejores.

 

Al hacerlo, las empresas privadas no sólo ejercen un derecho constitucional de ser escuchadas y de ser tomadas en cuenta por el regulador en asuntos que les conciernen directamente, sino que, y ésta es la parte más valiosa de dicha conexión, al hacerlo, las empresas se convierten en una fuente de información de primer nivel para éste porque, en la mayoría de las ocasiones, es difícil encontrar nadie que conozca mejor un modelo de negocio que sus propios directivos.

 

Por lo tanto, el ejercicio de este derecho, si se practica de forma virtuosa, debe facilitar el que los tomadores de decisiones, en el ejecutivo o en el legislativo, cuenten con el mejor análisis técnico y científico que les ayude a formular políticas públicas en áreas de crecientes complejidades científico-técnicas, económico-sociales y directivas y operativas, a la vez.

 

En definitiva, el beneficio de la participación de las empresas privadas en la formulación de políticas públicas reside en su capacidad de identificación de posibles impactos económicos, sociales o medioambientales, por citar sólo algunos, que las políticas públicas imaginadas, pensadas, redactadas o en proceso de aprobación por el regulador puedan tener a nivel local, nacional o global.

 

Al actuar, así, es decir, facilitando el flujo de información y ayudando a encontrar posibles compromisos reguladores, las empresas privadas pueden mitigar la tentación de la visión de corto plazo, consustancial al proceso de toma de decisiones del regulador, fruto de la presión de los ciclos electorales, de los resultados de las encuestas y de la legítima pugna parlamentaria y partidista.

 

Además, las empresas pueden tomar esas oportunidades de diálogo con los reguladores como conducto para facilitar el que se expresen opiniones que, de otra forma, no se escucharían, ni participarían en el proceso de toma de decisiones y de formulación de políticas públicas.

 

Las empresas y el mundo de los negocios tienen mucho que decir en la consecución de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (SDGs, por sus siglas en inglés) de la Iniciativa de las Naciones Unidas y de la Agenda 2030 para alcanzar dichos objetivos.

 

Junto a ese creciente papel activo y visible en el desarrollo y la puesta en práctica de las políticas públicas que están tomando las empresas y los negocios privados, existen otros actores en dicho proceso -éste es el caso de las organizaciones sin ánimo de lucro y no gubernamentales (ONGs), los sindicatos, las organizaciones de consumidores, o las organizaciones de la sociedad civil, de cualquier signo y campo de actividad- que, con similar legitimidad al que tienen aquéllos, son protagonistas activos en el proceso de lobby e influencia hacia los reguladores.

 

Dado que, durante décadas, la actividad de lobby de las empresas privadas no ha sido, y sigue sin ser, normalmente, percibida por la sociedad como un fenómeno virtuoso -en muchas ocasiones, por razones que, desgraciadamente, así lo justifican-, éstas deberían comprometerse a construir relaciones satisfactorias, de ganador-ganador, de beneficio mutuo y para la sociedad y en el largo plazo con los reguladores para coadyuvar, junto a otros actores de la sociedad civil, en el compromiso de formular y de desarrollar políticas públicas y prácticas de gobierno eficaces y razonables que vayan más allá de sus agendas particulares y de sus cuentas de resultados en el corto plazo.

 

Desgraciadamente, todavía hay muchos que, al no actuar así, contaminan un proceso que podría y debería ser virtuoso y beneficioso para todos.

 

Al final, son los individuos y sus comportamientos íntegros los que pueden marcar la diferencia.

 

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El blog de @Jorge_Cachinero © DIARIO ABC, S.L. 2017

Estrategia. Liderazgo. Transformación. Reputación y Diplomacia Corporativa. En un mundo Volátil, Incierto, Complejo y Ambiguo. Director Ejecutivo del Senior Management Program y Profesor de @IEbusiness y Miembro del Consejo Científico del @rielcano. Lo que no se lee. Lo que no se oye.Más sobre «El blog de @Jorge_Cachinero»

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