La burbuja del certificado energético

Publicado por el 01/06/2017

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Cuatro años han pasado desde que entrara en vigor el Real Decreto 235/2013, que obliga a que las viviendas o locales que se vendan o alquilen dispongan de un certificado de eficiencia energética. Una novedad para los inmuebles existentes que no lo era para los de obra nueva, vigente desde hace 10 años.

La implantación de la normativa tenía como objetivo mejorar la eficiencia energética de nuestro parque residencial, pero pronto el certificado se ganó la mala fama de ser un impuesto más para el ciudadano. Al tiempo reveló lo que ya era un secreto a voces: nuestras viviendas no son eficientes y derrochan energía.

Certicalia

Si atendemos a los datos de los 45.000 certificados energéticos realizados por la empresa Certicalia en los últimos cuatro años, el resultado de las calificaciones energéticas (de la A -más eficiente- a la G -menos eficiente-) es bastante desolador: la calificación E es la más habitual con un 53%. Sólo un 0,16% de las viviendas obtiene la calificación A. Mientras, la B tampoco es muy corriente, ya que sólo la obtienen el 0,20% de las viviendas certificadas. La calificación C la han obtenido un 1,62%, y la D, el 10,41%, 12,69% la F y, por último, un 21,91% obtienen la calificación G.

Aunque normalmente las viviendas o locales se certifican por separado, en caso de que el edificio realice el Informe de Evaluación del Edificio (IEE) o solicite ayudas públicas estatales, es necesario encargar un certificado del edificio completo, cuya calificación englobaría a todos los inmuebles integrados en el mismo. Hasta el momento, Certicalia ha certificado 147 bloques residenciales.

La guerra de precios que desató en sus inicios realizar este certificado, ha dado lugar a una disminución progresiva de su coste. En ciudades como Madrid, constata Certicalia, se ha pasado de pagar 150 euros por una vivienda de 50 m2 a 45 euros. En otras comunidades autónomas, realizar este documento está por debajo de la mitad del precio de hace cuatro años.

Con todo, el coste medio del certificado de una vivienda (de entre 50 y 80m2) oscila entre 55 y 120 euros dependiendo del municipio en el que se encuentre el inmueble, más el IVA (IGIC en Canarias) y las tasas por el registro del certificado (son distintas para cada comunidad autónoma, exceptuando Aragón, Andalucía, Asturias, Canarias, Cantabria, Ceuta, Madrid, Navarra y País Vasco donde el registro es gratuito).

Mientras, el coste medio de un edificio residencial (teniendo en cuenta un bloque con entre 5 y 10 viviendas) se encuentra entre 200 y 400 euros, más el IVA y las tasas de registro, según Certicalia.

¿Qué sale más a cuenta, certificar energéticamente una vivienda o un edificio? Hagan sus propios números, pero siempre saldrá ganando el medio ambiente.

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