Desobediencia civil, dinero público

Desobediencia civil, dinero público

Publicado por el Oct 20, 2017

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El proceso separatista catalán está inspirándose en los movimientos de resistencia pacífica. La ausencia de violencia es un elemento de sus elementos, el otro es la desobediencia civil. Gandhi es un referente usado en ocasiones, pero las movilizaciones catalanas se han relacionado ya con las más modernas tácticas revolucionaras de Gene Sharp. Jordi Sánchez, líder de la ANC, llamó hace días a la “movilización permanente”.

El 1-O, además de un intento de referéndum, puede considerarse la primera acción no violenta coordinada y masiva del proceso. Una movilización de resistencia que calculaba estratégicamente la posibilidad de su represión. Hay elementos suficientes para acreditar su planificación previa en este sentido. La creación de una red de observadores, o la difusión de una “guía para la acción no violenta”.

La utilización de las masas como fuerza de resistencia pacífica enlaza con una determinada fase del proceso, la que iría desde la declaración de independencia hasta la hipotética desconexión, que pasaría por la ocupación masiva de la calle y las instituciones para hacerse con las estructuras básicas de Estado. La “ocupación del territorio” que la diputada de la CUP, Eulalia Reguant, ya explicó hace semanas.

El Libro Blanco Para la Transición Nacional de Cataluña de la Generalitat detalló la importancia. “Respecto de las posibilidades de actuación de la Generalitat, una vez producida la negativa del Estado y la situación de bloqueo político que se deriva, esta podría intentar forzar la negociación con el Estado, acudiendo a actores diversos (en especial internacionales) que actúen como mediadores ante el Estado. El apoyo de la sociedad civil movilizada podría constituir igualmente un factor decisivo para este objetivo”.

En los días anteriores al 1-O se publicó la “Guía De Acción No Violenta” con difusión en las redes sociales y webs del tejido de organizaciones y asociaciones humanitarias catalanas vinculados con la realización y defensa del referéndum, y también por parte del Consell Nacional de la Joventut Catalana (CNCJ), uno de las entidades que figuran como creadoras de la guía.

Se trata de una entidad de derecho público que agrupa a todas las asociaciones juveniles de Cataluña, y su presupuesto viene recogido en de la Generalitat, de la que recibió en 2017 370.000 euros; otros 33.023 euros de la Administración del Estado.

EL CONTENIDO DE LA GUÍA
La Guía va más allá del derecho a la huelga para hablar de la realización de “acciones”. Hace mención explícita a la desobediencia civil. “Dentro de la acción no violenta está la desobediencia civil”. Y también da consejos para afrontar las consecuencias: “La desobediencia civil puede comportar represión, has de acordar con tu entorno mecanismos de apoyo en caso de detención”.
La guía ofrece detallados consejos para lo que llama “acción no violenta” y ofrece una muestra de ellas:
“El entorpecimiento. Nos plantamos y no dejamos pasar a los opositores (…) Haremos una resistencia ligera y tranquila para no ser desalojados; si nos echan intentaremos volver a recuperar la posición inicial, con alegría humor, sonríe”.
También mediante las barreras de obstaculización, “una acción de confrontación pasiva, de grupo, no individual, en la que somos conscientes y comprometidos asumimos un riesgo de represión física o jurídica”.
Otra de las técnicas es el cordón de interposición: “Cogidos de la mano o con los codos entrelazados, de cara a los agresores, separados unos 40 centímetros, en silencio, expresión serena y mirada inexpresiva pero de inequívoca determinación”.

El antecedente inmediato de esta guía lo tenemos en la que publicó en 2011 el colectivo Aturem el Parlament y Acampada Barcelona, con consejos para la “resistencia activa no violenta” cuando rodearon el Parlament mediante una cadena humana.
Años después, una guía similar en espíritu es difundida por el Consell Nacional de la Joventut Catalana en sus plataformas digitales como mínimo desde el 26 de septiembre.
Es el viaje al presupuesto del activismo del 15M.

Junto al CNCJ figuran como autoras dos asociaciones, Novact e Iridia, que reciben parte de su financiación de instituciones públicas.
Una de ellas, Novact, ONG definida como “Instituto internacional para la acción no violenta” está especializada en “ofrecer apoyo, formación y asesoramiento a movimientos noviolentos o de resistencia civil pacífica que trabajen por la transformación de conflictos”.

Novact ha trabajado “promoviendo acciones internacionales de construcción de paz en situaciones de conflicto” en territorios como Palestina, Sudán, países árabes, y también ha tenido contacto con organizaciones del activismo ucraniano.
EN su web explica que “Novact abre su área de acción a la región del Este de Europa y Cáucaso. Una región que ha vivido algunas de las revoluciones noviolentas más masivas y eficaces de los últimos años (…) NOVACT participó en un encuentro de jóvenes activistas en Chernivtsi, al sur oeste de Ucrania, para identificar potenciales partners. Uno de ellos ha sido el grupo OPORA formado por activistas y organizadores de la revolución naranja”.
Un tuit de febrero de 2014 de la asociación lo explicaba: “Un equipo deNoavct está trabajando con OPORA diseñando acciones no violentas #Ucrania #Euromaidan”.
En sus redes sociales, Novact dio consejos explícitos para la “ aplicación de la noviolencia en las movilizaciones catalanes”.
NOVACT, creada en 2012, es un proyecto de Nova-Innovación Social, registrada como organización no gubernamental con la que comparte sede en una oficina en la Plaza Catalunya. En 2012 ofreció un curso sobre acciones de desobediencia (la huelga, el boicot, la objeción fiscal o el sabotaje) en el que figuraba como ponente Ada Colau dentro de la jornada “Acciones de desobediencia”. Otro de sus proyectos fue la “Universidad Indignada del 15M”
En su web, Novact muestra la memoria económica de 2016, con unos ingresos totales de 1.130.266 euros, subvencionados en un 95%. Los orígenes de la financiación recorren todo el espectro público. La Agencia Española de Cooperación al Desarrollo aporta un 35%, el Ayuntamiento de Barcelona un 18%.
La otra asociación autora de la guía es Iridia. Se autodenomina “Centro para la defensa de los derechos humanos”. En 2017 recibió por parte del Ayuntamiento de Barcelona 20.000 euros para subvencionar su “Servicio de Atención y Denuncia de situaciones de violencia institucional” y, en el cuarto trimestre de 2016, otros 30.000 euros, para los “Derechos civiles y libertades públicos en el espacio público”.
El proyecto más importante de Iridia es el servicio SAIDAVI, un servicio de denuncia de la violencia institucional creado en 2016 con el apoyo del ayuntamiento de Barcelona.
Si Novact está especializada en el diseño de la acción, Iridia aporta la especialización en el registro de la respuesta policial, es decir, una organización especializada para recoger y denunciar cualquier violencia que se produjera durante el 1-O.

SEGUIMIENTO Y ACTUACIÓN EL 1-O

Las anteriores y otras asociaciones como el Istituto de Derechos Humanos de Cataluña o Lafede.cat (red organizativa de asociaciones que en 2013 –ultimos datos que ofrece su web– financiaba la mitad de su presupuesto de 408.000 con convenios con el Ayuntamiento y con la Agencia Catalana de Cooperació) formaron en septiembre la plataforma SomDefensores para, entre otras cosas, organizar una red de observadores durante el referéndum y un “informe sobre violación de derechos civiles y políticos”.

El abogado encargado de presentarlo esta semana fue Jordi Palou, que fue director del Memorial Democrátic, institucion creada por el tripartido para la recuperación de la memoria histórica. Se define como “mediador y consultor nacional e internacional en resolución de conflictos” y es vocal de la Junta Directiva de Novact. En 2014 ya pedía en el diario Ara mediación internacional para el “procés”.

Otra de las organizaciones participantes de SomDefensores en la “Associació Catalana per a la defensa del drets humans”, cuya representante, Laia Serra, abogada de los acusados por el Aturem el Parlament, presentó una guía de consejos jurídicos para los participantes en el 1-O.

SomDefensores y sus asociaciones integrantes habilitaron teléfonos de asistencia “psicosocial” y una red de decenas de “observadores de derechos humanos” para dicha jornada. El 22 de septiembre, presentaron un manifiesto condenando como represiva cualquier acción del Estado contra la celebración del referéndum.

El trabajo final de SomDefensors y sus observadores se plasma en el mencionado informe, con un uso en varias direcciones.
Por un lado, se dirigirá a varias organizaciones internacionales –la ONU y el Consejo Europeo entre ellas–. El objetivo es denunciar internacionalmente la actuación del Estado español y presentar Cataluña como zona de conflicto en materia de derechos humanos. Esto contribuye a la estrategia de internacionalización de la hoja de ruta del secesionismo. La incidencia en la limitación por parte del Estado de derechos y libertades básicos.
Volvemos al Libro Blanco para la Transición Nacional. “La posibilidad de oposición del Estado tiene límites, tanto en relación con los medios utilizables como a su probable eficacia a medio plazo. El Estado, en efecto, no podría adoptar medidas que supusieran una limitación, y menos aún una suspensión o una supresión de los derechos y libertades de las personas. Si este fuera el caso, podría incluso intervenir la Unión Europea, a través de los mecanismos previstos en el art. 7 del Tratado de la Unión, destinados a velar por el cumplimiento por parte de los Estados de los valores en que se fundamenta la Unión7, que permiten que ésta reaccione frente a situaciones de riesgo de violación grave o de violaciones graves y permanentes de estos valores fundamentales por parte de los estados miembros, y que conllevan colocar el estado en cuestión bajo observación y la posible imposición de sanciones”.

Hay, por último, un uso doméstico de los datos de ese informe. La portavoz adjunta de Ahora Podemos, Ione Belarra, afirmó el compromiso de su organización “En convertir las denuncias en iniciativas parlamentarias”.

Cuando una iniciativa acaba, otra empieza. El miércoles se presentó Enpeudepau, “En pie de paz”, una red para “extender y promover la resistencia civil” a la que asistieron, junto a representantes de diversas organizaciones, el exmiembro de la CUP David Fernández. Uno de los objetivos manifestado será la formación en protestas y acciones no violentas. Horas después, Òmnium activa la “acción directa pacífica”.

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