Entre los insensatos que gobiernan Cataluña, jueces haciendo política y las falanges organizadas por sindicatos y partidos de izquierda, este país nuestro va a quedar para el arrastre. Como don Luis Mejía dice a don Juan en el Tenorio de Zorrilla, “… con lo que habéis osado, imposible la has dejado para vos y para mí”.
La “oposición u obstrucción disimulada contra proyectos, órdenes, decisiones, ideas, etc.” se llama sabotaje; así lo define la RAE. Es lo que hace Mas y su gobierno regional con las cuentas públicas: despilfarrar e impedir que cuadren las cuentas nacionales. El compromiso del gobierno catalán cifraba su techo de déficit para el año pasado en el 1,58% de su PIB, con un importante margen de ventaja sobre la media nacional, fijada en el 1,3%.
Pues como los gitanos de la feria: ni por cinco, ni por cuatro, ni por tres; por nueve. A noviembre ya habían llegado al 1,96%. Ni más ni menos. Con un par. De aquí en adelante los convergentes, republicanos izquierdistas, comunistas verdes y demás viajeros a la nada podrán ser tildados de saboteadores; será una mera definición.
Lo de los jueces haciendo política porque los políticos les han ofrecido la cancha para hacerlo es de aurora boreal. Ya no sólo se trata del uso alternativo del derecho tan caro a la izquierda, algunas actuaciones van más allá. El llamado Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha anula con una sentencia la supresión de setecientos empleos públicos en la región, adoptada por el ejecutivo para evitar la quiebra de la región. Dicen los superiores magistrados castellano-manchegos que la Junta violó “el derecho a la libertad sindical”, porque para suprimir los puestos se convocó a la mesa sectorial una sola vez y a modo de trámite, sin que se produjese una negociación “real”. Con otro par.
Los denunciantes, UGT y el sindicato de trabajadores y trabajadoras (faltaría más) de administración y servicios de la región, tan contentos; los ciudadanos no deberían estarlo tanto pues si el TS no lo remedia, habrán sido baldíos los esfuerzos que entre todos hicieron para ajustar las cuentas. Catorce millones de euros costaría la marcha atrás, de momento; y de aquí en adelante seguir con las plantillas públicas de cuando éramos ricos, cosa que al delfín socialista de Toledo, García-Page, le parece de perlas “por el bien económico de Castilla-La Mancha”. ¿Se lo imaginan al frente del gobierno? Porque a eso va.
Y de aurora boreal lo de las mareas verdes y demás falanges tildadas de populares, que pretenden impedir el cumplimiento de una Ley aprobada por el Parlamento, la LOMCE, boicoteando la edición de los textos destinados a la educación primaria y básica. Alegan que el ministro quiere hacer ricas a las editoriales mientras las familias no van a poder pagar los nuevos libros -¿y los viejos sí?-.
Con otro par. Estamos en la lucha para impedir que la LOMCE se aplique, dice el de las comisiones obreras, como si en las democracias las leyes no se hicieran para ser cumplidas. Pero tampoco es cosa de perder el humor; en ese totum revolutum de sindicatos y movimientos hay uno que se autodenomina “de renovación pedagógica”; llevan unos cuantos años moviéndose para no renovar nada. Como en La Habana.
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