La obligación de impugnar

Publicado por el Mar 2, 2013

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Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado… “. Es la fórmula del compromiso que adquieren los miembros de los gobiernos españoles antes de ocupar su cargo. Unos juran, otros prometen, pero el contenido es el mismo. ¿Cómo no iba a impugnar el Consejo de Ministros, éste o cualquier otro la proclama separatista catalana, como la del 23 del pasado enero?

El gobierno de la nación no ha interpuesto un recurso de inconstitucionalidad pues lo que del parlamento catalán salió no era una ley. Podría haber planteado un conflicto de competencias entre el Estado y la Comunidad Autónoma; tampoco lo ha hecho, no se trata de una colisión de competencias sino de algo superior: de burlar la Constitución desde el primero de sus artículos, y ante eso no hay diálogo ni componendas posibles.

Por ello ha actuado de la forma más directa, impugnando la resolución que adoptó el Parlament hace poco más de un mes y que tratan sus agentes de expandir por otras instancias, como el mismo Congreso. Ello supone la automática suspensión de todos los efectos que pudiera tener aquellas proclamas del pueblo catalán como sujeto político y jurídico soberano

Rajoy tenía de actuar; ha consultado a los servicios jurídicos y al Consejo de Estado, donde se sienta uno de los primeros responsables del problema, el expresidente Rodríguez Zapatero. Y ha resuelto sólo una semana después del debate sobre el estado de la Nación. No podía hacer otra cosa que cumplir y hacer cumplir la ley.

Las jeremiacas lamentaciones de los nacionalistas burgueses causan lástima. Porque como parlamentarios catalanes, también ellos han jurado o prometido respetar la Constitución española antes que el Estatuto de autonomía (art. 16 de su Reglamento). E incluso el actual titular de la Generalitat prometió lealtad a la Constitución, por delante de otros adornos con que se invistió para jugar el papel de nuevo y pequeño Moisés.

“¿Qué quieren, ahogar la expresión democrática de un pueblo?”, dramatizó ayer el portavoz de Mas presumiendo la que se les venía encima. Alguien debió responderle en voz alta que justamente se ha tratado de todo lo contrario: defender la expresión democrática de todo un pueblo de cuarenta millones, todos concernidos por igual en el futuro de su país.

De otra forma vino a decirlo la vicepresidenta Sáenz de Santamaría: sólo el pueblo español en su conjunto es soberano, y no una parte de él.

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