Kirchnerismo con K de Kafka

Publicado por el abr 13, 2012

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La presidenta argentina encontró en YPF su judío expiatorio. La pretendida resurrección de la guerra de las Malvinas no ha sido suficiente para acallar las denuncias por corrupción que alcanzan hasta el vicepresidente Boudou. Tampoco ha moderado el fuego amigo que asola las filas del kirchnerismo. Su gobierno manipula los resortes del poder judicial, la fiscalía, la prensa independiente y cuanto se ponga por medio en el ejercicio de un poder sin alternativa; hasta su propio sindicalismo. Ahora da el paso para hacerse con el control de YPF, la primera empresa del Cono Sur.

El objetivo es claro: el controlador de la antigua Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) es extranjero, la española Repsol; el país tiene un déficit fiscal y energético que ensombrece su crecimiento espectacular, y la seguridad jurídica nunca ha sido uno de sus atributos más reconocidos.

Desde el mes de febrero, el gobierno de Cristina Fernández ha venido aplicándose a la tarea de depreciar el valor de la compañía para hacerse con el control del tercer yacimiento mundial de hidrocarburos, el de Vaca Muerta, con unas reservas estimadas en 250.500 millones de dólares, y con la explotación integral de sus recursos.

El ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios comenzó suspendiendo con efectos retroactivos, un Programa de Petróleo y Refino el día 3. Veinte días después, un insólito acuerdo de la Comisión Nacional de Valores declaraba irregular e ineficaces los acuerdos adoptados por el Directorio (Consejo) de la compañía, por no haber autorizado la presencia en su sesión de dos altos funcionarios, el secretario de Energía y el viceministro de Economía, que pretendía introducir Roberto Baratta, consejero representante del Estado.

Y desde el 1 de marzo la provincia de Chubut seguida el día 2 por la de Santa Cruz y el resto hasta ayer mismo, han venido cancelando las concesiones para explotar los pozos. Consecuencia directa: la acción de YPF ha bajado un 51% en lo que va de año -su valor en bolsa no pasa de los 8.300 millones de dólares-, lo que abarata sustancialmente la compra por parte del Estado del 50,11% que pretende alegando “interés público” para evitar el lanzamiento de una OPA por la totalidad del capital.

Según el proyecto de ley expropiador, el Estado quiere hacerse con las acciones que controla el grupo de Enrique Eskenazy, un 25,46% del total de YPF y prácticamente la mitad de las que posee Repsol, que del 57,43% quedaría en un 32,9%.

Este insólito golpe de mano sólo es comprensible en la Argentina peronista, cada vez más próxima a sus amigos bolivarianos. Y está por ver hasta dónde el proclamado “interés público” sea suficiente para acallar a los intereses minoritarios residentes en la bolsa del Nueva York, que ayer vivió una espectacular especulación con sus títulos.

La advertencia hecha por el Gobierno español tendrá virtualidad en la medida en que Repsol considere hostil la toma de su posición de control; es decir, del precio. En cualquier caso, es la primera vez que un Gobierno de España procede con tal contundencia en defensa de los intereses de un nacional, sea persona física o jurídica.

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