El TC y los profesionales de la política

Publicado por el Mar 5, 2014

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Reforma saludable

Reforma saludable

Los aspirantes a vivir la representación política como una profesión se habrán llevado un chasco con la sentencia del Constitucional que avala la supresión de sueldos fijos en el parlamento de Castilla-La Mancha. Ojalá cunda el ejemplo de la reforma de aquella cámara instada por Cospedal a poco de tomar asiento en la cabecera de su banco azul.

Los parlamentarios castellano-manchegos perdieron desde entonces, 1 de enero del pasado año, la llamada dedicación exclusiva que les habilitaba para cobrar un salario. La bancada socialista puso pies en pared y los 21 afectados por la medida presentaron recursos de amparo, reforzados por el interpuesto también por cincuenta senadores del mismo partido.

Los protestantes argüían que el cambio a mitad de legislatura afectaba a la permanencia y el ejercicio de sus cargos. El Constitucional sentencia que se trata de un legítimo cambio normativo frente al que no cabe exigir ningún derecho consolidado. Las asambleas o parlamentos autonómicos son libres para configurar la modalidad retributiva que consideren oportuna y el momento de su entrada en vigor.

Retirar un salario fijo poco tiene que ver con que se menoscabe sus funciones, ni la legislativa ni la de control al Gobierno, dice la sentencia.

Y recuerda que cuando la Constitución establece en su artículo 71 que “los diputados y senadores percibirán una asignación que será fijada por las respectivas Cámaras”  está refiriéndose exclusivamente a los miembros de las Cortes Generales, sin que dicha previsión constitucional pueda trasladarse a las asambleas o parlamentos autonómicos, como los socialistas alegaron.

Con todo ello, los parlamentarios castellano-manchegos ingresan unos mil euros mensuales -indemnización y dietas de asistencia-, un tercio de su antiguo salario.

Tras esta rápida síntesis de los recursos y la sentencia del Constitucional, dos sencillas reflexiones.

Reclamar el amparo del Constitucional para seguir cobrando sus salarios requiere tanto tupé como escasa sensibilidad cuando las cinco provincias que representan los recurrentes tienen doscientos cincuenta y dos mil parados EPA. En números redondos, 90 mil en Toledo, 68 mil en Ciudad Real, 50 mil en Albacete, 24 mil en Guadalajara y 20 mil en Cuenca. Hace un año, cuando pidieron amparo, los parados eran doscientos setenta mil, veinte mil más que hoy.

Y segunda. El respaldo del TC a la iniciativa puesta en marcha por la secretaria general de los populares abre las puertas a una reconsideración de la función representativa en nuestro sistema político y su forma de ser ejercida. La iniciativa de la señora Cospedal debería ser secundada ya por las seis cámaras autonómicas que mantienen salarios fijos: Andalucía, Baleares, Canarias, Cataluña, Extremadura y Navarra. Son minoría frente a las que tienen el sistema de dietas, pero una minoría con escaso sentido.

Más allá, o acá, de cambios legales, la regeneración democrática comenzará por los propios partidos cuando la representación política deje de ser vivida como un medio de vida, una profesión más. Al conjunto de la sociedad corresponde erradicar las diversas formas de corrupción. Y a las instituciones, perseguirla con eficacia y castigarla de forma ejemplarizante. Sólo así la política atraerá a los mejores de cada casa, y caso, lo que vendría de perlas para la convivencia de los españoles.

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