La verdad de MACS, la mentira del galeón San José

La verdad de MACS, la mentira del galeón San José

Publicado por el Dec 15, 2018

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El Gobierno de Colombia, gracias a la intervención del presidente Iván Duque, revisa durante estos meses la licitación con una empresa de capital británico pero con sede en Suiza (país sin costas, ni bancos, al menos de peces) que fue la pre-elegida, en alto secreto mantenido durante dos años, para excavar con el expresidente Juan Manuel Santos los restos del naufragio del galeón San José. El periodo de revisión de la licitación llamada APP (Asociación Público Privada) concluirá el 10 de febrero de 2019.

Se trata de Maritime Archaeology Consultants Switzerland (MACS), una compañía que acaba de hablar públicamente, algo que no hace apenas desde 2015. Uno se pregunta cómo es posible que nunca antes se haya oído su voz (salvo cuando ABC demostró que Dooley había trabajado antes para Sea Search Armada, la empresa a la que el Gobierno de Colombia había concedido la excavación del San José años atrás). El proyecto para el que MACS fue pre-elegida podría ser demasiado importante como para que nunca se les hubiera oído defenderlo. De hecho poco se ha hablado de arqueología hasta ahora. Mucho de tesoro, de reparto y de tecnología, pero de amor por el significado de los restos muy muy poco.

Conversatorio celebrado en Cartagena. Sin detalles del proyecto

Durante todas las polémicas se acostumbraron a que fuera el Gobierno, por boca de la exministra de Cultura Mariana Garcés, quien les defendiera en público. Y eso es elocuente del tipo de relación de Santos con MACS. La defendió contra las presiones de la Academia, contra la indignación de las instituciones científicas y -lo que resulta más grave- contra las evidencias de prácticas incompatibles con la gestión del patrimonio, publicadas por ABC.

Ayer habló MACS. ¿Por qué?

El ministro de Exteriores de España, Josep Borrell, cometió un error el miércoles, al anunciar un principio de acuerdo para decidir el futuro del San José entre ambos Gobiernos y eliminar de la ecuación la posibilidad de que gran parte del cargamento de metales y joyas de ese pecio sea comercializado por una empresa. Los principios éticos de la arqueología abominan de la excavación de yacimientos arqueológicos con el fin de comercializarlos en todo o en parte, porque durante décadas ha terminado inexorablemente con la destrucción del yacimiento por el rendimiento económico de la operación y con la pérdida de información que, si la excavación hubiera tenido fines distintos, habría resultado muy relevante para la humanidad.

Indivisibilidad

El Gobierno de Colombia, por boca de su vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, desmintió cualquier acuerdo con España, desmintió al ministro Borrell -que se lo había ganado a pulso, dicho sea de paso- pero anunció dos importantes novedades: la mejor disposición para trabajar con España (porque sí ha habido conversaciones de muy buen clima) y, lo que es fundamental, su convicción de que hay que preservar la indivisibilidad del pecio. Es la primera vez que una instancia tan alta se expresa en Colombia en términos tan contundentes a favor de lo que dictan los estándares científicos internacionales.

Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta del Gobierno

Porque un yacimiento arqueológico es una riqueza de la humanidad, que no se cuenta en monedas sino en la información que aporta sobre la sociedad, sobre la actividad humana y el origen cultural que lo produjo. Y un galeón tiene un origen cultural fascinante, en este caso es un origen hispánico, producto de una sociedad mestiza y llena de vínculos y conflictos, paradojas y contrastes difíciles de aceptar en su conjunto, pero de los que descendemos tanto los españoles como los colombianos. Y eso es lo importante, aprender de lo que dicen los restos, los ajuares de los marinos y los tesoros monetarios, de las joyas y de las armas, de los textiles y las porcelanas. Y sobre todo de la arquitectura naval: no sabemos aún cómo se construyeron los barcos que hicieron posible la primera globalización.

Divisibilidad en el Gobierno de Duque

Pero hay un efecto positivo en el error de Josep Borrell y es que ha permitido que se perciba claramente un problema que acontece en el interior del Gobierno de Iván Duque. Ciertamente, suspendió la APP nada más llegar al poder, pero durante la formación de su equipo, contrariamente a las previsiones, Duque nombró ministra de Cultura a Carmen Inés Vásquez. Según publicó el periodista Alonso Sánchez Baute, la nueva ministra es la esposa de un empresario con intereses marítimos, Saverio Minervini, que había sido uno de los mayores apoyos de la ley con la que Santos hizo legal la contratación de cazatesoros para el proyecto San José, la ley 1675/2013. Minervini también tenía muy buena relación con el nuevo presidente, al que conocía, y de cuyo padre era amigo personal. Se entiende que el tema del galeón fue determinante en ese nombramiento.

Carmen Inés Vásquez, ministra de Cultura

Pero esa relación era tan evidente que Duque decidió, por higiene democrática, retirar de Cultura y de Carmen Inés Vásquez la competencia para un tema tan importante. Trasladó entonces el poder de decisión  sobre el galeón a la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez. Pero la batalla y las presiones no hicieron más que empezar por ese mismo motivo.

Cuando la vicepresidenta Ramírez afirma que el Gobierno preservará la unidad del galeón y su carga excluye a MACS de sus planes. Por eso ayer la compañía volvió a aparecer en los medios, para mantener sus opciones y su presión sobre el Gobierno, al que el patinazo de Borrell incomoda porque le ha hecho pronunciarse antes de haber estudiado del todo las posibilidades. La vicepresidenta ha trabajado intensamente y ha escuchado a diferentes personalidades para ir dibujando su propio criterio al respecto. El hecho de que hablara de indivisibilidad significa que algunas cosas que ha oído no cayeron en saco roto.

MACS, lobby intacto

Pero ¿qué ocurre al otro lado? El papel de la ministra de Cultura, con una significativa incompatibilidad para entender de este problema, es percibida como favorable a MACS y a sus intereses. Aunque no lo fuera, de ella dependen los nombramientos orgánicamente relacionados con el proyecto de Santos. El director del ICAHN, Ernesto Montenegro, o el director jurídico del ministerio, Juan Manuel Vargas, artífice del contrato, negociado en secreto durante dos años, que daba los metales al peso de MACS como pago, en lugar de por su valor asociado a la historia de la que proceden. Y que además someterá al escrutinio del valor comercial más del 80% del yacimiento, lo cual es una aberración. Ambos siguen en sus puestos y ambos han trabajado con MACS, codo con codo, desde hace 3 años. Son todo menos neutrales.

Momento del hallazgo del San José en noviembre de 2015, Ernesto Montenegro felicita a Roger Dooley

Además, la actualidad política del caso Odebrecht, el gran escándalo de corrupción latinoamericana, ha hecho saltar otros nombres a la palestra, que podrían estar influyendo en un apoyo cerrado a MACS y una presión añadida sobre el Gobierno de Duque. Uno de ellos, según diversas fuentes políticas, es el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, al que se reprocha su falta de eficacia al investigar los sobornos de la empresa brasileña en Colombia, y al que se le asocia como uno de los que ayudó a Santos a diseñar el proyecto de la APP  y que desde su nuevo puesto, dada su participación en la Comisión de Antigüedades Náufragas durante el diseño de la operación, impedirá cualquier investigación penal por las irregularidades detectadas en la contratación de MACS.

Lo más curioso es que la investigación de las actuaciones del fiscal en el caso de una posible corrupción en la tramitación de la APP están en manos de un subordinado suyo, algo que ya ha llamado la atención de los medios. Por lo que respecta a otros casos Martínez se defiende diciendo que no entiende directamente en ellos. Pero es que, por lo que respecta al galeón, el actual fiscal fue, incluso, quien propició la única reunión mantenida con Sea Search Armada (SSA), la empresa que primero descubrió el San José y a la que el proyecto de Santos apartó del yacimiento. La reunión, en la que participó también la exministra de Cultura, Marian Garcés, tuvo lugar en mayo de 2015, cuando ya llevaba cinco meses trabajando en la búsqueda con MACS, lo cual es calificado por el abogado de SSA, Danilo Devis, como una “tomadura de pelo”.

SSA ha denunciado el papel del Martínez tras comprender lo sucedido en dicha reunión, ESPEJO DE NAVEGANTES ya publicó las incompatibilidades manifiestas, pero hasta esta semana, pasado un año y medio de la denuncia, según refiere Danilo Devis, el fiscal delegado Jorge Hernán Díaz, ni se había dignado en contestar sobre el estado de la misma. A fecha de 15 de noviembre le informó de que está “en etapa de indagación”. El abogado destaca que, siendo abogado de Santos, ministro de su Gobierno, estructurador de la APP y miembro de la Comisión de Antigüedades Náufragas en la etapa decisiva, “es el principal valedor de MACS en la actual administración”.

Habló MACS, por fin

Así (de liadas) las cosas, ayer habló MACS en BlueRadio Colombia. Y no fue por la aparición de una posibilidad de que España intervenga, ni saltó a la palestra por la entrevista y debate en los que la misma emisora tuvo la amabilidad de incluirme. MACS habló porque la vicepresidenta dijo por primera vez una idea peligrosa para sus planes: que el Gobierno de Colombia no traga sin más con el plan secreto pactado con Santos, sino que contempla lo que arqueólogos de medio mundo le han dijo (como antes nos lo habían dicho a nosotros, como lo puede comprobar aquí): que el yacimiento es indivisible.

¿Dividirían los colombianos la colección del Museo del Oro para pagar su investigación y le darían una parte a una empresa británica? Seguramente no. Ni es legal ni sería ético. Y lo que es una aberración en el patrimonio hallado en tierra firme es la misma aberración si el hallazgo de ese yacimiento se produce bajo el agua. No puede ser que la arqueología del siglo XXI dicte los principios de gestión de patrimonio en tierra y bajo los mares volvamos a la arqueología del siglo XVIII y XIX, a la de los ricachones coleccionistas que engrosaron los museos europeos, a la de la era de la colonización en la que los estados aún no habían articulado jurídicamente la protección del patrimonio. Es un enorme retroceso y así lo dijo el arqueólogo José María Luzón en el encuentro de Madrid sobre el San José.

La historia no se puede cambiar, pero el futuro del San José se decide aquí y ahora. Muchos colombianos llevan batallando contra esta injusticia desde hace casi una década. Algunos flaquearon, otros siguen, contra todo pronóstico, como siguieron contra el peso de una Administración tan firme en sus planes y sus secretos como la de Santos, de una manera tan cívica que algún día deberá ser reconocida, resistiéndose a una injusticia de consecuencias irreparables.

Las mentiras del San José

Santos siempre se llenó la boca con dos mensajes que han tenido mucho éxito. El primero, que el San José es patrimonio de todos los colombianos, y que su proyecto lo garantizaba. El segundo, que el tesoro era de los colombianos y harían un “cipote museo” en Cartagena.

Ha llegado la hora de decir que ambas cosas son mentira. Si el galeón San José fuera un patrimonio de todos los colombianos, su expresidente no habría hecho la ley 1675/2013 para pagar con hasta el 50% de lo que se encuentre a los cazatesoros de MACS. Si fuera solo de todos los colombianos no se llevarían el señor Dooley, Mensun Bound (al parecer apartado ya por la vergüenza de su trayectoria y sus prácticas crematísticas) ni los financieros de los grandes fondos londinenses la mejor parte del botín.

Porque decir que todo bien repetido por el hecho de estar repetido no es patrimonio es una falacia, una indignidad y una manera de hacer legal una humillación a los colombianos que, a cambio de sentirse orgullosos de su historia se verían obligados a pagar con la mitad. ¿Tendremos que recordar que el contrato redactado durante los dos años de secreto y hecho público a finales de marzo pasado decidía pagar a MACS con las monedas y lingotes al peso, para darle más, muchísimo más metal, por sus trabajos? No se pensó en los colombianos al negociar. Eso está fuera de duda.

Ernesto Montenegro, director del ICAHN 

Además está el tema del plazo, una excavación de dos millones de objetos en seis meses no es arqueología, lo miren como lo miren, es una manera de explotación minera que, con más o menos cuidado, llevará a la carrera y a la superficie la carga en solo seis meses (excavada con criterio crematístico porque ningún arqueólogo propondría hacerlo así). La media daba 55.555 objetos diarios a excavar. No conozco si los vengadores y los superhéroes han estudiado arqueología, pero no hay arqueólogo humano capaz de tener cuidado y hacer ciencia a ese ritmo. Es una burrada destructiva que pone en peligro el yacimiento.

Por eso MACS miente al decir que su proyecto es para proteger el patrimonio. Es para venderlo. La responsabilidad de los responsables políticos colombianos es terminar con la especie de que no todo lo que hay en el yacimiento es patrimonio y dejar la decisión sobre el futuro en comisiones de supuestos expertos nombrados por políticos, estableciendo un eslabón débil en la cadena de decisión. Conozco a muchos arqueólogos que no han dejado de pelear contra esa idea, repetida hasta la saciedad en Colombia, tanto que se ha vuelto una verdad al estilo que Goebbels, que no todo lo naufragado es patrimonio. Pero la idea no viene de Alemania, sino del mundo anglosajón, donde tienen una visión extraña de la historia que compartimos.

Esta idea se le ocurrió primero a un cazatesoros, Robert Marx, que la expresó ante la Corte Constitucional en 2003 (porque ya entonces había lobby de esa industria sobre los gobiernos de Bogotá) y que, después de una década exacta de presiones y ofertas, lograron imponerla a la razón científica y el Gobierno de Santos, más débil o más tentado ante las presiones de varios cazatesoros que lo cortejaban entonces, convirtió en legal en la norma 1675/2013.  Y fue Dooley quien se llevó el gato al agua en enero de 2015, al presentar un proyecto para el San José, un texto que si ustedes leen solo encontrarán normas de reparto de monedas (eso supone el 90% de sus páginas) y un sucinto relato del naufragio. A Santos no le importó. ¿Y a los colombianos?

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