Últimas voces antes del desastre del Galeón San José

Últimas voces antes del desastre del Galeón San José

Publicado por el Jun 9, 2018

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En los últimos meses han sido muchas las voces cualificadas que han añadido su rechazo a la comercialización del galeón San José. Pero más recientemente se han hecho públicos nuevos desacuerdos y posiciones frontalmente contrarias a los planes del presidente Juan Manuel Santos y su ministra de Cultura, Mariana Garcés, de los que hemos venido informando profusamente debido a la gravedad de un precedente que pone en peligro el patrimonio compartido por todos los países que alguna vez fuimos parte de la Monarquía Hispánica.

Asociación Colombiana de Arqueología

Destaca por su importancia también el comunicado de la Asociación Colombiana de Arqueología (ACA) que considera que el proyecto de Santos “es inconveniente para la preservación del patrimonio arqueológico de la Nación”. De acuerdo con lo siempre defendido desde este blog, afirman que la iniciativa del Gobierno colombiano “no es científica, que propicia la disgregación del yacimiento arqueológico, que promueve la venta de bienes del patrimonio cultural de la Nación y que expone al navío a ser expoliado”. Desde luego se puede decir más alto pero no más claro.

La ACA critica la ley de patrimonio que modificó Santos siguiendo el dudoso criterio de repetición, inventado por cazatesoros, que permite enajenar la cualidad de patrimonio de todas las piezas con valor de mercado, cargas industriales y comerciales, lo cual supone casi la totalidad de las piezas que se encuentran en el yacimiento . La decisión de hacerlo, señala ACA “sería emitida por una entidad ad hoc denominada Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, compuesta por personal no especialista en la materia” y nombrado en su mayoría por el Gobierno. ACA recuerda que ese artículo contradice el artículo 72 de la Constitución de Colombia.

Los miembros de la Asociación también recuerdan el rechazo unánime entre las grandes instituciones culturales del mundo, como la Unesco, y de los especialistas en la materia, los verdaderos y más importantes arqueólogos científicos de numerosos países del mundo.  “No es un proyecto arqueológico”, subrayan, “la empresa originadora no es una entidad científica y tampoco una entidad que haga estudios arqueológicos” y además “el proyecto promueve una visión anticuada y precientífica del patrimonio sumergido como un tesoro a ser extraído, que ignora completamente las prácticas de la arqueología contemporánea”.

Con todos estos dictámenes, muchos se preguntan por qué el presidente Santos sigue adelante, sin escuchar las voces más cualificadas del país, y los más prestigiosos científicos del mundo. ACA concluye su informe con la petición de que Santos (en realidad su sustituto tras las elecciones, puesto que él abandonará el poder el 7 de agosto, eso sí tras haber firmado el contrato con los cazatesoros) derogue la Ley 1675/2013 para que el patrimonio subacuático reciba el mismo tratamiento y protección que el de tierra, algo que la reformada norma ha cambiado con fines crematísticos. También toda reglamentación que permita alejarse de los fines científicos y de divulgación en las asociaciones público privadas relacionadas con el patrimonio.

Le piden que abandone el proyecto, directamente, y de cualquier otro semejante en un futuro “por ser lesivo para la preservación del patrimonio arqueológico”. Y finalmente, que promocione la investigación científica del pecio y del patrimonio “mediante principios, procedimientos y protocolos de la disciplina arqueológica (…) de acuerdo a lo establecido en los estándares de la práctica arqueológica a nivel internacional”. Las últimas frases resuenan con “desista de su ejecución”.

Academia de Historia de Cartagena de Indias

Entre las últimas destaca la Academia de la Historia de Cartagena de Indias, que le pide al presidente, si bien respetuosa y comedidamente, que declare el galeón “patrimonio cultura de la nación indivisible” y también solicita que “se dispongan las medidas necesarias para salvaguardarlo en su totalidad, como exponente de la Memoria Histórica de la Nación”. El documento expresa la “total y absoluta oposción a que parte del galeón sea utilizado como medio de pago para su rescate” y solicita que se busquen otras posibilidades.

El acta de la Academia de la Historia de Cartagena va firmada por nueve de sus miembros, y es el último varapalo a los inminentes planes del Gobierno de Colombia para firmar un contrato -a partir de la semana que viene- con el fin de que una empresa de matriz británica y controlada desde el paraíso fiscal de las islas Caimán sea remunerada con hasta el 50% de las piezas de oro, joyas y cargas industriales que se extraigan a cambio de llevar a cabo el rescate y contruir un museo, cuya explotación también será concedida temporalmente a esa empresa: Maritime Archaeology Consultants Switzerland. En su equipo directivo destacan conocidos cazatesoros y miembros de la industria petrolífera minera, además de algunos técnicos de la exploración a profundidad.

Pero esta Academia no es la única voz que representa el absoluto rechazo de la sociedad civil. Instituciones científicas como la Universidad Nacional, la Universidad del Norte,  la Universidad de Antioquía y otros grupos de la sociedad civil han hecho públicos comunicados al respecto de un proyecto que nada tiene de científico y puede hacer que Colombia pierda para siempre una parte importante de su patrimonio.

Igualmente ha sido muy difundido el comunicado de la Red Departamental de Museos del Atlántico, que ha llamado a la sociedad y al sector cultural colombiano a impulsar que todas estas voces sean tenidas en cuenta. “Creemos conveniente que se suspenda el eventual rescate del Galeón San José en las actuales condiciones, ya que las irregularidades alrededor de estas acciones ponen en riesgo el patrimonio arqueológico de la Nación“. Es emocionante comprobar cómo la sociedad civil colombiana ha sido capaz de comprender la gravedad de la situación a pesar del impulso político, el secreto de Estado y la presión sobre los medios de comunicación.

Observatorio del Patrimonio Cultural y Arqueológico

Por lo demás, también el Observatorio del Patrimonio Cultural y Arqueológico de la Universidad de los Andes (OPCA) ha elevado su protesta ante el proyecto. En un informe llamado “Problemas y repercusiones del contrato de asociación público privado para la extracción del Galeón San José” han vuelto a analizar -ya lo hicieron anteriormente y se publicó en este blog- los aspectos mas preocupantes que se fueron conociendo tras apertura de la licitación por parte del Gobierno colombiano.

Destacan sus visiones de los “Problemas de interpretación de la minuta del contrato” y también el “posible conflicto de interés de los miembros del Comité de Patrimonio Cultural” puesto que “los miembros del Consejo que pertenecen al gobierno podrían tener un conflicto de intereses al tomar esta decisión, puesto que los bienes que ellos excluyan de ser patrimonio, al ser comercializados, entrarían como dinero a las arcas del Estado y consecuentemente a sus propias carteras”. Según su estudio, “9 de los 14 miembros con voto del Comité deberían declararse impedidos para votar sobre la condición patrimonial de los bienes sumergidos”. Por demás también han denunciado el “posible detrimento patrimonial de la Nación por cuenta de la valoración de los bienes hallados”, ratificando algunas de las informaciones publicadas por ABC y Espejo de Navegantes: “los Bienes No Patrimoniales ingresarán al Patrimonio Autónomo con un valor equivalente al valor en peso de los metales de los que se componen, para el caso de los metales, y a su valor comercial, para el caso de las piedras preciosas y perlas. Resulta claro que los objetos serán vendidos a un valor inferior a su valor real del mercado, puesto que se obvia que esos metales, entendidos como monedas y lingotes, disparan su precio al ser parte de los objetos hallados en galeón”.

Por ello, Luis Gonzalo Jaramillo y Manuel Salge Ferro (Equipo de trabajo OPCA- Departamento de Antropología- Universidad de los Andes) reiteran “el llamado hecho hace unas semanas en nuestra comunicación pública titulada -El “Galeón San José” y el “derecho al pataleo”-, en la necesidad de adelantar un estudio amplio, con la vinculación de la academia, para evaluar las alternativas y la pertinencia de impulsar este proceso de APP a menos de cien días de cierre del  gobierno, que revise las implicaciones de fondo que trae la decisión de la valorar o no como patrimonio los bienes del patrimonio sumergido hallados en el galeón”.

Ahora que comienza la semana decisiva para la firma del contrato con los cazatersoros, resulta evidente que Santos y Garcés no han querido escuchar a las voces cualificadas, y se encaminan a lo que los mejores científicos de colombia y del mundo califican como catástrofe cultural, la división, venta y pérdida de un patrimonio único de la historia común. Desde España, una vez más, nos sumamos a la petición de que las voces de la ciencia sean escuchadas por encima del sonido de las monedas que la empresa cazatesoros ya sueña con contar.

 

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