El proyecto San José ha vulnerado la ley de Colombia

El proyecto San José ha vulnerado la ley de Colombia

Publicado por el May 19, 2018

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La ministra de Cultura, Mariana Garcés, en el centro de una investigación, tras un informe de la Procuraduría que pone en evidencia la falta de cumplimiento de los plazos, cambios en los porcentajes de remuneración y otros extremos del acuerdo con la empresa de cazatesoros que va a explotar el galeón. Señala que permitió volver a presentar la propuesta de la compañía tantas veces como se les antojó y rechaza la triple financiación que el Gobierno de Santos les ofrece. Pide a la ministra de Cultura que recapacite y haga que se cumpla la Constitución y la Ley en este proceso.

Colombia no ha cumplido sus propias leyes a la hora de establecer las condiciones del contrato de la APP (Asociación Público Privada) que permitirá a una empresa británica comercializar la carga del galeón San José. El Gobierno de Juan Manuel Santos, y en especial el Ministerio de Cultura, han obviado las reglas de juego que imponen varias normas a estas asociaciones creadas para construir autovías e infraestructuras y que han sido adaptadas al caso del San José con un trato muy favorable. Así lo revela un informe de la Procuraduría General de la Nación -al que ha tenido acceso este blog- remitido a la ministra de Cultura, Mariana Garcés, en el que se señalan numerosas irregularidades que ahora tendrán una evaluación disciplinaria y podrían abrir las puertas a un proceso judicial contra todo el proyecto y una vía disciplinaria contra la ministra Mariana Garcés y contra el director de Planeación Nacional, Luis Fernando Mejía, entre otros funcionarios.

El órgano de control democrático colombiano está mirando con lupa la serie de irregularidades detectadas. Plazos repetidos y dilatados, casi hechos a medida para la empresa Maritime Achaeology Consultants (MAC), la elegida por Santos como “originador” del proyecto, son algunas de las “trampas” detectadas. El periodista César Melo del canal “CM&” ha recogido en Colombia esta noticia que supone un paso importante frente a un proyecto rechazado por científicos de todo el mundo y que ha causado una quiebra de la seguridad jurídica en colombia, como se deduce de las consideraciones del informe.

La financiación

El informe del Procurador Delegado de la Función Pública, Leandro Ramos, reprocha para empezar a Mariana Garcés el hecho de que se ha adoptado una multiplicidad de vías de financiación que no cumplen las reglas de las APP que en Colombia regulan varias leyes. En concreto no aprueba el hecho de que para un mismo proyecto se establezcan tres vías de financiación: la Explotación comercial, las taquillas del museo y el monto de hasta un 50% de los bienes extraídos del yacimiento que no sean considerados patrimonio por un Consejo que tiene la instrucción de enajenar su valor patrimonial a los bienes seriados y repetidos, como monedas y lingotes de metales preciosos, joyas y cargas industriales… es decir casi el 80% de los objetos que contiene el galeón, que serán sometidos al escrutinio para ver si entran en el reparto con los cazatesoros de MAC.

Aunque el Ministerio solo ha autorizado la exploración a MAC y no ha contratado aún a la empresa, Mariana Garcés ha aprobado que se les pague con ese “hasta 50%” que solo se establece para procesos en los que la empresa haya sido contratada. La Procuraduría advierte a Cultura que estaría vulnerando la ley si les paga el 50% antedicho porque no está previsto por la ley que regula las APP hacerlo de ese modo, sino solo en el caso de que se contrate la exploración separadamente de la intervención, algo que no ha ocurrido.

Porcentajes cambiantes

El procurador ve una notoria y “alarmante contradicción en las decisiones y manifestaciones realizadas por el ministerio de cultura sobre la remuneración al contratista”. Para acabar el lío, ese ministerio aprobó en una de sus resoluciones (1456 de 2015) una remuneración del “20% del valor de los bienes que no constituyen patrimonio. El valor de los bienes se establecerá mediante un sistema de peritaje internacional aceptado de común acuerdo por las partes”. En el documento de conclusiones presentado al Consejo de Ministros figura otro porcentaje, de 45%, 40% y 10% dependiendo del valor de los bienes declarados no patrimonio por el Consejo de Patrimonio. Todo es una pura contradicción y una maraña de resoluciones inconsistentes con la ley, según el informe.

Plazos a medida, móviles, repetidos

Los plazos no se han cumplido y la ministra Garcés ha sido tan flexible que de hecho ha renovado plazos y ha permitido presentar de nuevo toda la documentación cuando MAC lo necesitaba. La “propuesta de factibilidad” fue entregada el 20 de septiembre de 2016, y luego otra completamente diferente el 30 de septiembre, según el informe citado. Por si esto fuera poco, la documentación presentada el 30 de enero de 2017 era insuficiente y Cultura pidió nueva documentación, que se aportó el 6 de febrero. Y el 24 de marzo le volvió a solicitar nuevas documentaciones, dejando patente que la primera petición era insuficiente. ¿Por qué?

 

La parte contratante…

Pero hay cosas peores, que si no fueran tan serias recordarían el célebre gag de los hermanos Marx. La parte contratante de la primera parte (los cazatesoros de MAC) radicaron su propuesta el 16 de junio de 2017 para reemplazar completamente la propuesta anterior presentada el 30 de septiembre de 2016. Y otra vez el 1 de septiembre de 2017 volvieron a reemplazar toda la propuesta que habían presentado el 16 de junio de 2017. Suena a broma, no parece serio, ni a la altura de un proyecto con el respaldo presidencial. Con razón se ha dicho que en el San José se ha quebrado la seguridad jurídica.

La parte contratante de la segunda parte (el Ministerio de Cultura) con tantas idas y venidas, acabó desorientada o distraída e incumplió los plazos legales que debían separar la propuesta de la documentación, que están regulados en 6 meses, tiempo que el Ministerio debe dedicar a evaluar la propuesta… ¿Pero cuál? El informe le recuerda los plazos y lo que dice la ley a la ministra Garcés, con el fin de reorientarla al cumplimiento estricto del ordenamiento jurídico colombiano. “Estaríamos posiblemente frente a un acto manifiestamente contrario a la Constitución y a la Ley, pues como ya se indicó, habría una vulneración de los principios de eficacia, celeridad y economía”. Se ha comprometido no solo la transparencia sino también la publicidad en los plazos que podrían interesar para la participación de terceros en este proyecto.

Ante tanta aridez legal y tantas irregularidades, no podemos resistirnos a hacer una pausa para sonreír recordando el galimatías del contrato leído por Groucho…

¿Cambio de originador?

Las duras críticas de la Procuraduría no acaban ahí: además de esos incumplimientos, Cultura permitió que cambiase el originador, una empresa asociada a la británica y con sede en Suiza, pero controlada desde Islas Caimán, que fue la que cambió en dos ocasiones la propuesta, como hemos contado. Maritime Archaology Consultants Switzerland (MACS) sucedió a MAC, pero además ninguno de los dos tenía derecho alguno adquirido por el proceso, ni el Estado obligación ninguna, según el procurador delegado, Leandro Ramos.

Por ello, concluye que, sin derechos para la empresa ni obligaciones para el Estado, pero aceptando que el originador cambió “el ministerio de cultura tomó presuntamente decisiones y avanzó significativamente en conductas que deberán ser valoradas en principio desde el punto de vista disciplinario”. La polémica está servida.

También reprochan al Ministerio que obviase las sugerencias y comentarios realizados durante una audiencia pública “que debían hacer parte de dicho documento”. Pero donde se observa en todo su potencial la “magia” que Santos y su ministra de Cultura realizaron para que MAC, o MACS, pudiera ser elegida, es en la publicación del proyecto en el Registro Único de Asociaciones Público Privadas. Duplicaron las menciones, sin concretar el objeto de la APP (nada de galeón, solo “proyecto de arqueología subacuática para el desarrollo de las atividades contempladas en el artículo 4 de la ley 1675 de 2013”) como si todo el proyecto estuviera amparado por el secreto. El procurador recuerda que “no es información sujeta a reserva legal”.

Y más curioso aún: La segunda de esas dos veces en que se registró el proyecto tiene fecha de 29 de enero de 2015. Aquella mañana los funcionarios debieron echar humo, porque también ha quedado constancia de que esa misma fecha el cazatesoros Robert Dooley presentaba su propuesta de realización para la actividad en aguas colombianas para identificar “contextos susceptibles de contener patrimonio cultural sumergido”.

La Procuraduría “encuentra muy inusual el tiempo transcurrido entre la radicación de la propuesta por parte del originador de esta APP y la publicación por parte del ministerio de cultura en el RUAPP de la certificación de prefactibilidad en estudio del proyecto, todo lo cual ocurre el mismo día antes de las 09:59 a.m.”. Esta es otra sospecha de actuaciones extrañas relacionadas con el tema.

En conclusión, el procurador Leandro Ramos pide “a la señora ministra de cultura, dentro de su autonomía, independencia y responsabilidad, que valore en conjunto las observaciones técnicas, jurídicas y financieras del máximo organismo de control del Estado colombiano para que tome en consecuencia la decisión que haga concordar los mandatos constitucionales, el ordenamiento jurídico y los objetivos de la contratación pública en este proceso.” Por último la advierte de que el despacho continúa analizando la información disponible.

Después de este informe, todo empieza a cambiar en Colombia. El respaldo presidencial al proyecto, que tantas resistencias científicas y cívicas venció, ha sido puesto en entredicho por las revelaciones periodísticas desde ABC y desde la prensa colombiana. Empresa de cazatesoros en lugar de un prometido “dream team”. Confesiones de la ministra Garcés en el Consejo de Patrimonio sobre la necesidad de realizar el proyecto antes de que Santos deje el poder (como parte del trato), la aparición del paraíso fiscal de las Caimán como centro de operaciones desde el que se controla a MACS, mentiras para que pareciera que Oxford o la Unesco estaban respaldando de algún modo la excavación… Demasiada incertidumbre y arbitrariedad como para que no se hayan generado anticuerpos democráticos en la sociedad colombiana -los que representa el documento de la Procuraduría General de la Nación- frente a tantas sombras en un proyecto que debía ser modélico y que ya no debería ponerse en marcha a poco más de dos meses de que Juan Manuel Santos, su principal promotor, abandone la presidencia. Supondrá un legado inasumible para el próximo presidente.

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