Más allá del varapalo de la Universidad Nacional colombiana al Gobierno de Santos

Publicado por el Apr 13, 2018

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La Universidad Nacional de Colombia ha dado un nuevo varapalo a los planes del Gobierno de Juan Manuel Santos para la excavación comercial del galeón San José, hundido cerca de Cartagena de Indias en 1708. El contundente informe académico recuerda que, para la arqueología, no cabe división de un sitio arqueológico entre “tesoro” y patrimonio cultural. Lo cual deja fuera de la arqueología los planes de Santos, según destacan a este blog reputados académicos internacionales.

Analizamos el fondo del documento hecho público por la Universidad y difundido por los principales medios de Colombia. El grupo interdisciplinario de docentes, responsable del texto, procede de las facultades de Ciencias, Ciencias Humanas y Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia (UN), y fue convocado por el rector de la institución, profesor Ignacio Mantilla Prada. Solicita al Gobierno que no intervenga el yacimiento del galeón San José. Ese texto, que había sido solicitado por la Procuraduría General de la República, afirma que “antes de tomar medidas para el rescate del galeón San José es necesario asumir que el patrimonio cultural subacuático presenta complejidades para Colombia y todos los demás países, por lo cual se debe estudiar integralmente para conocerlo.”

Contra una ley de criterios incietos

El texto comienza evocando la vigencia de dos pronunciamientos dados por un grupo de docentes de la UN sobre la Ley 1675 del 30 de julio de 2013, que invirtió la legalidad colombiana de patrimonio enfocado al rescate y venta de los bienes asociados a los yacimientos. Le encontraron cuatro defectos criticables: los problemas de la definición de patrimonio cultural sumergido, los criterios asociados a la patrimonialidad, los mecanismos y criterios que aplica quien debe decidir lo que es patrimonio o no (la Comisión nombrada en su mayoría por el presidente y la ministra), y las líneas de contratación de empresas de rescate, porque ignora las capacidades de las instituciones académicas y de investigación del país y porque pone en manos de los cazatesoros contratados el mayor porcentaje hasta ahora concedido por estos trabajos.

Es decir, la más importante institución académica colombiana rechaza los puntos fundamentales de la política puesta en marcha por Santos, cuyo fin, ahora es claro, distaba de las preocupaciones por el patrimonio y las instituciones públicas colombianas.

Historia del tesoro en la legislación colombiana

Colombia es un Estado de Derecho con una fuerte sociedad civil y la Universidad Nacional no es ajena a ninguna de esas dos configuraciones. Los expertos revisan lo que las leyes colombianas han regulado sobre los tesoros en la historia de la República desde la emancipación. El Código Civil de 1887 regula como tesoros (art.700) a los conjuntos de monedas, joyas y efectos preciosos elaborados por el hombre, largo tiempo sepultados o escondidos, siempre que no haya memoria del dueño de los objetos, única forma de apoderarse de él. Más tarde 1959, tiempo aún de guaquería, la ley 163 excluyó de la categoría de tesoro todos los bienes asociados a monumentos históricos o arqueológicos. La medida se estableció para “la defensa y conservación del patrimonio histórico, artístico y monumentos públicos de la Nación”. El mismo que ahora, de facto, se va a dispersar con la triquiñuela de extirparle su valor patrimonial en esa Comisión nombrada y controlada por el poder.

Los especialistas le dicen al Gobierno de Santos que ese afán de hallar dueño de todo objeto del pasado es una reminiscencia colonial, de una sociedad obsesionada por “legislar y asignar propietario respecto de todo objeto existente o que pudiera existir”. La arqueología, le recuerdan, tiene por objeto, desde el oro a la basura, todo lo que pueda arrojar luces sobre la vida de los grupos sociales del pasado. Esa obsesión y la discriminación entre lo que es patrimonio y lo que no, rompe la unidad de los sitios arqueológicos. Un valor de nuestra civilización, al que Santos, según se desprende del documento y los argumentos académicos, ha dado la espalda y no aspira a alcanzar. Su legado político podría quedar manchado por la dispersión de uno de los patrimonios más importantes de la historia de Colombia.

Santos huye de la complejidad del galeón

Otro reproche interesante del documento académico emerge de su descripción de la complejidad asociada a un yacimientos subacuáticos como es el galeón San José. Por los factores históricos, por el lugar en que se encuentra, por las nacionalidades de tripulantes, pasajeros, comandantes, por la bandera bajo la que navegaba y los posibles reclamantes (Estados y empresas) y por la procedencia de la carga (que no es Colombia, como sabemos bien).

Huir de tal complejidad es por tanto huir hacia todas las simplezas puestas en pie de ley por el Gobierno de Santos. Mientras construía una muralla retórica aludiendo a la exclusividad de la propiedad para los colombianos, aprobaba una ley que permitía poner en manos extranjeras y privadas la mitad del yacimiento y los recursos generados por el museo durante ¿décadas?

Donde no hay complejidad hay solo simpleza

La simpleza de Santos por otro lado no ha dudado ni un solo minuto en ofender a un país amigo y aliado como es España, que nunca a exigido la “propiedad del oro” pero sin cuya participación, el estudio y excavación del galeón estará siempre bajo la sospecha de manipulación. Sobre todo al poner el diseño del proyecto y el relato asociado a la investigación en manos de la industria cazatesoros, acérrima enemiga de la conservación de un patrimonio en el ámbito público, porque ellos lo quieren como objeto de comercio, e irredimible adversario de la memoria de la Corona Hispánica puesto que todas sus glorias -de las que Colombia y Cartagena de Indias son el capítulo fundamental, sostienen un edificio cultural de tamaño continental que hoy esos herederos de la política corsaria pretenden minar en cada oportunidad. La historia, la hispánica, la común, la colombiana y todas las demás, les resultan una molestia para sus fines (pri)meramente crematísticos. La base del encendido llamado patriótico realizado por Santos no es buena para la universalidad de la ciencia, el estudio de la historia común debe ser común para ser digno de un pasado de carácter marcadamente global como el que simboliza el galeón.

El diseño de toda la operación -ahora sabemos originado por una empresa británica fundada y gobernada por cazatesoros- ha puesto en primer plano una visión ofensiva para la historia compartida,  pero sirve para blindar el empeño presidencial de posibles reclamaciones ante el trato mercantil que Santos va a dar al galeón. Es decir: Santos no ha dudado ni un momento en asumir un discurso que parte de un juicio de intenciones a los españoles y del secretismo de una trama generada y diseñada por comerciantes e inversores británicos, epígonos actuales de la leyenda negra, que ven en la simpleza de un discurso antiespañol el escudo perfecto para cubrir de argumentos vicarios sus operaciones de extracción y reparto del contenido de uno de los yacimientos más importantes de nuestra historia común. Y que no será el único, seguramente. ¿Hasta dónde alcanza el diseño y los acuerdos? 

El documento de la Universidad Nacional también le da al Gobierno de Santos las claves que definirían un verdadero proyecto de estudio del patrimonio cultural, que no va de porcentajes de reparto y plazos de explotación, mucho menos de secretos, sino de identificación de los desafíos, estudios, exploraciones, políticas culturales públicas y respeto a la unidad patrimonial del galeón. Por no hablar de la metodología científica presidiendo toda la operación, en lugar de un presidente que habla de “cipotes museos” y del espectáculo hasta ahora ofrecido, una mezcla de palabrería tecnológica, señuelos como ese “dream team” formado por cazatesoros británicos y miembros de la industria minera bajo una empresa pantalla cuyas fuentes de financiación aún se desconocen.

Preocupación

Como no puede ser de otro modo, en este escenario la UN expresa su “preocupación sobre la forma como se viene desarrollando un proceso de contratación para el rescate del galeón San José, caracterizado por la falta de transparencia y el aislamiento a la comunidad científica y académica”. El varapalo es mayúsculo en el terreno científico porque la Institución pide explicaciones sobre las bases para decidir el rescate del galeón San José, “tales como los estudios de documentación histórica sobre el naufragio y los autores de tales estudios; las metodologías y técnicas a utilizar para el rescate y los estudios para la mitigación de impactos”.  Sin todo eso, por muchos contratos de miles de páginas -como elogiaba Ernesto Montenegro, al que el Ministerio de Cultura tiene como director del ICAHN a pesar de las irregularidades de su contrato puestas en claro por la Procuraduría General- y planificaciones económicas, el proyecto del San José no puede ser calificado de científico.

Los académicos advierten en sus conclusiones que determinadas decisiones, en su opinión erróneas, del Gobierno de Santos “podrían llegar a precipitar reclamaciones de terceros que, en la coyuntura actual, harían ilusorias las reivindicaciones del Estado colombiano sobre sus naufragios históricos”. 

Y si le sumamos a todo esto el último ingrediente, la campaña electoral, nadie podrá negar que el suero resultante es sumamente tóxico. Al menos para la cultura, el patrimonio y las instituciones que han de guardarlo, en Colombia y en el mundo hispánico.

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