El “San José” sigue en guerra

Publicado por el Mar 12, 2018

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(Publicado como tribuna en la versión papel del diario el 7 de marzo de 2018)

Tras 16 años de procedimiento dormido el Consejo de Estado ha sentenciado sobre el galeón San José, demostrando que los tres poderes del Estado colombiano: ejecutivo, legislativo y judicial pueden coincidir, en perfecta sincronicidad, cuando le hace falta al presidente. Una vez más, los restos del galeón son colombianos y la selección que haga un órgano gubernamental, llamado Consejo Nacional de Patrimonio cultural, decidirá cuántos tienen carácter cultural y son protegibles.

Leer las 96 páginas de ese texto, donde la mayor parte son antecedentes y más antecedentes, nos da idea del cúmulo de contradicciones y el azar jurídico y político al que ha sido sometido el galeón San José desde el año 1982, fecha en que se comenzó a discutir su titularidad. Lo que sí puedo afirmar es que no hay una sola razón jurídica, en todo ese largo texto, que explique cómo el yacimiento ha conseguido mantenerse indemne después de todo lo acontecido, en más de treinta años, de intentos de saqueo, más o menos concertados con el Estado.

Galeón San José Cuadro de María Blanco Cobaleda

Lo azaroso de este procedimiento no implica que tuviese nada de azar. Llega en el momento en que las tesis presidenciales sobre el galeón aparecen estancadas y ahora tropiezan casualmente con una motivación judicial que pretende remontarse a la guerra de independencia con España.

Efectivamente, la sentencia se aferra a la Ley de 16 de octubre de 1821, del Congreso General de Colombia, que en su artículo 1 expresa que “Libertada por las armas de la república cualquiera provincia, ciudad o lugar deberán ser secuestradas y confiscadas todas las propiedades que se encuentren en su territorio correspondientes al gobierno español“. Es decir el justo título del presidente Santos, según su Consejo de Estado, es la vigencia de la guerra de independencia al menos hasta que Colombia reclamó aguas territoriales y zona contigua hasta donde reside el yacimiento. Hablamos, en términos temporales, hasta bien entrado el sigo XX… En cumplimiento de ese deber de secuestro de los bienes, los restos del galeón son patrimonio de Colombia. Es importante constatar que la palabra “yacimiento” o cualquier idea de unidad atribuible a esos restos no aparece en la sentencia. Divide y vencerás. La Sentencia ratifica que el Estado puede destinar una parte de esos restos al comercioo como forma de pago a quien realice la actividad de rescate“, conservando una parte de ellos como muestra representativa para cumplir los fines culturales con base en un número largo de criterios ( representatividad, singularidad, repetición, estado de conservación e importancia científica y cultural).

España no ha sido parte y en las 96 páginas se excluye cualquier virtualidad al derecho internacional aplicable. Toda una demostración de la soledad jurídica internacional en la que se encuentra Colombia gracias a Santos. Una  sentencia que culmina 16 años de incidentes judiciales, produce una clara inquietud jurídica. El procedimiento ha sido un camino lleno de errores, rectificaciones y modificaciones del mismo debate hasta llegar a una instancia extraordinaria denominada de “eventual revisión” (en 2011) prevista, a discreción del tribunal, para unificación de doctrina. Existen serias dudas de tipo procesal de que debiera haberse admitido el recurso y no sólo porque en el orden administrativo no había sentencias contradictorias que unificar. De hecho, esta sentencia ha confirmado la sentencia de 2011 cuya revisión se solicitaba.

Examinando las vinculaciones entre las partes, salvo Sea Search, el actor trabaja para el Estado, y el papel coadyuvante del Ministerio de Cultura, parece que es Colombia la que se demanda a sí misma. Las tesis del actor sobre los “galeones españoles” demuestra lo poco idóneo que supone abandonar el yacimiento a estas personas: “[en] América Latina, (…) se considera que como consecuencia del pillaje y saqueo históricos que hizo España en gran parte del continente americano, ese país no tiene legitimidad ni bases para reclamar los naufragios históricos”, refiere en un artículo publicado en un semanario.

Rumbo imaginario del galeón a Cartagena. Cuadro de María Blanco Cobaleda

Lo que el presidente Santos se niega a decir a su país es que España no quiere llevarse los restos del San José, que es un yacimiento arqueológico que para el derecho español queda íntegramente fuera de comercio conforme a nuestras leyes y que es una tumba de guerra española, acorde al propio derecho colombiano. Tampoco explica que la inmunidad soberana que tanto le estorba es lo único que viene sirviendo para preservar este patrimonio y que el unilateralismo de este caso compromete su protección en todo el mundo. Si el señor presidente no es capaz de construir una solución válida para las dos sociedades con estos elementos y sobre la base de la cooperación y la consideración de que es un patrimonio común, lo que deja claro es que fuera de toda la niebla y alarma nacionalista, lo que subyace son intereses no explicitados, al margen de los complejos y las fobias sobre la propia identidad.

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