¿Un presidente para salvar la industria cazatesoros internacional?

Publicado por el Jul 13, 2017

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El buque cazatesoros ‘Odyssey’, tras su apresamiento. A su costado el patrullero de la Armada P–75 “Descubierta”.

 

Intrascendente ha quedado para el publico el verdadero trasfondo de la crisis del galeón San José en aguas colombianas.

Y es que la intervención unilateral que el presidente Santos planea para ese yacimiento arqueológico está condenada a ser una de las piezas claves del futuro de la industria del expolio internacional, una llave fundamental para la supervivencia de la industria cazatesoros, centrada en el saqueo de restos arqueológicos de origen hispánico.

¿Cómo puede ser?, ¿no van a acudir unas figuras académicas contratadas a respaldar al presidente? ¿no se ha concebido un museo que además lo va a pagar una empresa extranjera?

El patrimonio histórico sumergido de origen hispánico es el principal objetivo de la industria global cazatesoros. Hasta tal punto que prácticamente ha desaparecido a determinadas profundidades y desde luego en determinados litorales. Sin embargo, lo que queda, es aún fundamental para la industria del expolio, y de la misma forma que sin este patrimonio el cazatesorismo internacional no habría existido, como una industria madura y muy intensiva en capital y tecnología, sin el acceso a los yacimientos hispánicos que aún restan, esa industria no tendría futuro.

Por eso la industria cazatesoros depende de lo que suceda “jurídicamente” con el San José en Colombia.

Frente a esta industria terrible hay sólo unos pocos, muy pocos, instrumentos legales internacionales: la Convención 2001 de UNESCO (que el Presidente Santos ya ha señalado que no forma parte del derecho de Colombia) y la inmunidad soberana de los buques de Estado aunque estén hundidos. Este es un principio consuetudinario internacional, recogido por la Convención del Derecho del Mar (que no está firmada por Colombia aunque sí la apliquen sus Tribunales), por la propia Convención UNESCO y por la práctica de todas las potencias marítimas. Ha sido precisamente esa figura, la de inmunidad soberana, la que ha impedido algunas veces que el saqueo o la destrucción de los cazatesoros se abatiera sobre algunos yacimientos. La inmunidad soberana concibe el buque de guerra como una porción del Estado de pabellón y esta posición tiene una extensa y unánime historia en el derecho internacional público consuetudinario. Al aplicarse en todo el mundo civilizado permite actuar a nivel político y jurídico con posibilidades de éxito frente a las compañías expoliadoras. Este elemento, como veremos, si se lo ha planteado el presidente Santos es sólo para intentar hacerlo añicos.

Perfil del barco sobre el fotomosaico del yacimiento / ICANH

¿Inmunidad soberana significa que el tesoro es español?

Al sostener la inmunidad soberana de buques que además de ser de guerra lo son históricos, he sostenido y creo que reflejando estrictamente el sentido jurídico, académico y político de mi país que esa figura sólo puede y debe aplicarse entendiendo que ese patrimonio tiene un carácter común y compartido. Que yaciendo en aguas colombianas, en el caso del galeón San José, debe interpretarse sin menoscabo del protagonismo fundamental de Colombia y de sus científicos pero bajo bases de estricta colaboración y cooperación concibiendo, incluso, que los restos del yacimiento deben tener su principal base de exhibición (aunque no la única) en Colombia. El derecho interno español y sus compromisos internacionales, excluyen de comercio todos los restos de ese yacimiento, también los que llaman repetidos (Ley colombiana 1675 de 2013), genéricos o recurrentes. Para España, además, el yacimiento es una tumba de guerra, donde reposan los restos de casi 600 marineros de la Real Armada algo que hace aún más sensible el destino del mismo y desde luego la exclusión de cualquier idea de comercio o de ningún reparto con una empresa privada. España con base en la historia y en el derecho internacional mantiene una vinculación jurídica y moral con esos restos testimonio de una tragedia propia y un pasado común.

La inmunidad soberana, a estas alturas de la destrucción, es la última oportunidad práctica para que el mundo hispánico proteja un patrimonio común y aborde conjuntamente una de las aventuras científicas más apasionantes del siglo: la de la primera investigación científica de un galeón, el acceso a un pasado desfigurado por la publicidad negativa y el expolio: los pecios de los galeones hispanos. Este desafío debe permitir incluir y esforzarse mucho en ello a toda la comunidad hispánica.

Restos de un soldado español en el pecio del Salvador

El presidente Santos no reconoce la inmunidad soberana de los pecios de los buques de guerra.

La decisión del Presidente Santos, sin embargo va a suponer que no se reconozca la inmunidad soberana de un buque de guerra histórico de origen hispánico en aguas americanas. Este antecedente resulta formidable, y tiene su verdadero sentido al relacionarse esa decisión con la precaria situación jurídica del resto del legado submarino hispánico en aguas de las naciones que surgieron del imperio español. Efectivamente al abrir una brecha fundamental en el derecho internacional, de paso descerroja jurídicamente los fondos marinos del resto del Continente para que otros países o jefes locales sigan la doctrina Santos. La consecuencia es que la industria cazatesoros tiene por fin una puerta abierta para su supervivencia, y un presidente de su lado, para mantener el negocio al margen del derecho internacional.

¿Se trata de un error inadvertido de Santos? Las relaciones cazatesoros del presidente y su despreocupación evidente, a pesar de las advertencias, por las consecuencias que su decisión puede acarrear sobre el problema de la protección jurídica del legado histórico subacuático hispánico al que se vincula el galeón San José, frente a la industria cazatesoros (y que desde luego no se restringe a las aguas colombianas) parecen indicar que nos encontramos en el centro del Gran Juego de la industria cazatesoros, parece indicar que la jugada del presidente, está pensada con la ayuda de esa industria: la desactivación de un capítulo fundamental del derecho internacional en las aguas americanas. La propia Ley colombiana 1675 de 2013 de patrimonio cultural sumergido no es una ley contra la industria cazatesoros sino un MOU un contrato marco con la misma fijando pautas amplias y genéricas para la colaboración con esa industria que es internacional.

Tinajas y otros restos en la superficie del pecio / ICANH

Si no hay cambios radicales lo que salga de este proyecto será uno de los capítulos fundamentales de la historia global del cazatesorismo moderno. Frente a todas las advertencias hechas, a las alarmas razonadas frente a lo que puede ser un acto de enorme irresponsabilidad nos tememos quedarnos frente a una completa ausencia de imaginación directiva, recurriendo a discursos ya aplaudidos (en otros siglos) y a una lealtad irrevocable hacia sus aliados de origen, los cazatesoros. La sociedad civil comprometida con salvaguardar este registro histórico se verá emplazada ante una máquina ciega con un resultado anunciado en aguas de cinco continentes.

No olvidamos que la peripecia del San José comenzó de la mano de cazatesoros, próximos a Odyssey, y lo que es cada vez más evidente de una emoción específica, vieja y estéril: el nacionalismo que no ha dejado de gotear monótonamente sobre el gran tablero del expolio internacional ¿Alguien piensa que la industria cazatesoros internacional se mantiene o se ha mantenido neutral en este asunto? Es ella la que ha dictado las pautas.

 

 

 

 

 

 

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