El jaque de Panamá: la Convención UNESCO sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático en crisis (2)

El jaque de Panamá: la Convención UNESCO sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático en crisis (2)

Publicado por el Jun 22, 2015

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Al denunciar la crisis de Panamá por el expolio del galeón San José, ya expresamos que se había puesto en jaque la Convención UNESCO al ser ese país su primer signatario y al mismo tiempo el primero en mantener un convenio con cazatesoros.

Ahora la crisis se acrecienta porque al aceptar UNESCO el protagonismo de la solución, en sustitución de la política internacional de España, viene a contradecir uno de los principios fundamentales de la Convención: la inmunidad soberana de los buques de guerra.

La catástrofe del galeón San José

La catástrofe del galeón San José

Este principio está recogido en el artículos 13 y 2.8 del Convención de la UNESCO sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático de la UNESCO y supone que los buques de guerra hundidos, por antiguos que sean, siguen siendo buques de guerra titularidad del Estado y gozan de inmunidad soberana, son territorio del país de su bandera. Este principio es el que ha servido para defender el caso Odyssey con éxito en Estados Unidos y para que los tribunales españoles penales mantengan todavía, contra el aparente interés de la política cultural autonómica y central, el asunto contra los responsables de la compañía cazatesoros. La paradoja es clara: la intervención de UNESCO se dirige a obviar y a menoscabar el principio de inmunidad soberana que su convenio había reconocido.

Este principio no sólo ha sido ha sido la herramienta fundamental con la que Estados Unidos ha defendido con bastante éxito su propio patrimonio histórico subacuático sino la única que ha refrenado al expolio de nuestros propios galeones y buques históricos. Al menos ha sido el único argumento de los utilizados por España que han reconocido los Tribunales norteamericanos.

Dado que España expresó que los pecios de sus buques de guerra históricos mantienen todavía ese carácter y por tanto gozan de inmunidad soberana, como si fueran territorio nacional, ese principio  ha obligado a ajustar  la legislación interna española y sacarla de su profundo estado de oxidación, de su renuncia a la acción exterior, descoordinación y dispersión competencial de cara a la protección de un patrimonio en clara crisis. Lo ha hecho a través de la nueva Ley de Navegación Marítima y esto has supuesto algo inédito y positivo en España, que consiste en que la Armada, que dispone de importantes medios técnicos, por primera vez, tiene la oportunidad de ayudar en la protección, exploración y colaboración en la investigación de los pecios. La exclusión de la Armada del lado de la solución era una situación que nos hacía únicos en Occidente y una consecuencia de una forma equivocada de entender el Estado Constitucional descentralizado. Todo menos una estrategia inteligente destinada a dar respuesta al expolio de una industria global como es la del expolio.

Estudio de la US Navy sobre la situación de pecios norteamericanos en la zona de desembarco aliado en Normandía

Estudio de la US Navy sobre la situación de pecios norteamericanos en la zona de desembarco aliado en Normandía

Pero esto, desde un elemental sentido común, que parece positivo viendo con perspectiva el resultado pasado en cuanto a la escasa protección frente al expolio y en cuanto a la ausencia de resultado científico (seguimos sin haber excavado un solo galeón), la norma ha merecido el gran disgusto de algunas Comunidades Autónomas y de personalidades en esa  órbita que no están conformes con la ley. Para un país que, insistimos, no ha investigado un solo galeón, a pesar que es una de sus grandes contribuciones a la historia de la navegación y que el galeón fue el instrumento tecnológico que posibilitó la primera globalización, sorprende la inmensa energía desplegada en que no exista inmunidad soberana y en que la Armada no pueda colaborar en la defensa e investigación del patrimonio.

Uno de los problemas españoles que permitió a Odyssey expoliar durante años en nuestras costas fue la falta de coordinación entre administraciones. Esto lo han reconocido todos los que vivieron y participaron en el “acontecimiento” a nivel central y autonómico. La lucha por competencias se impuso a la defensa efectiva del patrimonio las conversaciones durante años con Odyssey se sucedían al mismo tiempo que Andalucía insistía en atribuirse competencias en el mar territorial, y más allá, como si fuera un país y así, una distribución inidónea de papeles en la relación de nuestra Administración central y periférica que aprovecharon los cazatesoros y sus socios diplomáticos (fue inolvidable el papel del embajador de Reino Unido amenazando con reclamar las aguas de Gibraltar si no dejaban a Odyssey expoliar). Con la nueva Ley de Navegación, todos esos seres de la mitología de la comedia y el expolio tendrían que reunirse también con la Armada y sería ésta quien tendría la última palabra en relación a una autorización de intervención arqueológica.

La Ley se ha pronunciado en el mismo sentido que el derecho internacional y con una clara intención práctica de protección de un patrimonio disperso por todo el globo:

Artículo 382. Buques y embarcaciones de Estado naufragados o hundidos.

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 358.4 y 359, cualquiera que sea el momento en que se produjo su pérdida y el lugar en que se encuentren, los buques y embarcaciones de Estado españoles naufragados o hundidos, sus restos y los de sus equipos y carga, son bienes de dominio público estatal, inalienables, imprescriptibles e inembargables y gozan de inmunidad de jurisdicción.

2. Las operaciones de exploración, rastreo, localización y extracción de buques y embarcaciones de Estado españoles naufragados o hundidos requerirán autorización de la Armada, que ostenta competencias plenas para su protección, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación sobre patrimonio histórico y cultural, en su caso.

Las cenizas de todo un yacimiento arqueológico subacuético a punto de dispersarse en subastas y ventas en internet

Sin embargo, hay administraciones que no lo aceptan. Y por la vía silenciosa de los hechos siguen sin acatarlo. Este es un juego especialmente peligroso para el patrimonio y una forma evidente de corrupción.

De forma crítica venimos advirtiendo una invasión competencial desde el puerto de Cádiz hasta la Comunidad Autónoma de Canaria donde se está intentando evitar el papel que la ley de navegación otorga a la Armada. Justo ahora, cuando hay que reforzar la eficacia del principio de inmunidad soberana y del papel de la Armada.

El perfume de la sincronicidad

Es curioso que coincidiendo con la operación panameña de la UNESCO que sustituye de facto la acción exterior española (algo que además tiene todo el aspecto de contar con el respaldo de quienes deciden aquí, que desde luego no es la ciudadanía ni quienes hacen las leyes), nos encontramos con iniciativas de apariencia científicas, inocentemente espontáneas que vienen también a desvirtuar y negar, justo ahora, el principio de inmunidad soberana sobre los galeones hispánicos.

Uno es el del enésimo “redescubrimiento” en Irlanda de La Juliana. Uno de los buques de la Armada Invencible y sobre el cual, curiosamente la Ministra de Cultura irlandesa ha hecho afirmaciones como si el pecio fuera de un buque irlandés. Expreso curiosamente porque La Juliana es un pecio que ya en 1985 estaba siendo intervenido. Es decir no es nuevo. Es decir, hay una decisión política detrás con una intención oportunista para sacar de nuevo en la prensa a este pecio de nuestra Armada que, por cierto, durante los saqueos a la misma del cazatesoros Stenuit, en el último tercio del siglo pasado,  no mereció tanta atención de las autoridades irlandesas. El problema legal de los pecios de la Invencible en Irlanda y Reino Unido aún no ha sido resuelto y urge tomar medidas diplomáticas y jurídicas. El Reino Unido podría estar cuestionando e incluso su actitud puede permitir la interpretación de una renuncia de facto, al principio de inmunidad soberana sobre sus propios pecios en el resto del mundo. De hecho, cualquier país hispánico podría objetar la virtualidad de ese principio sobre buques de guerra británicos en sus aguas territoriales, contiguas e incluso plataforma continental dado el tratamiento otorgado por Gran Bretaña sobre los pecios de la Armada Invencible que ha llegado hasta a autorizar el saqueo más infame (recordemos al “duque cazatesoros” Argyll).

LA Gran Armada de 1588

LA Gran Armada de 1588

Sólo el respeto de la inmunidad soberana garantizará a corto y medio plazo el destino científico y la participación de arqueólogos españoles y de capacidad de decisión de España y los países hispánicos sobre el destino y gestión de estos yacimientos arqueológicos.

Otra llamativa sincronicidad, nada menos que, de nuevo, en Panamá,  es la que afecta a la nao hispana «Nuestra Señora de la Encarnación»  hundida en 1681. Desaparecida durante siglos, un grupo de arqueólogos subacuáticos vinculados con la Universidad de Texas y dirigidos por Frederick Hanselmann, se encomiendan a sí mismos y se dirigen en medio de la crisis del galeón San José, a Panamá. Aunque afirman respetar el Convenio UNESCO, ni siquiera se dirigen al Reino de España para coordinarse con las autoridades panameñas en relación a un pecio sobre el que ambos países tienen algo que decir.  Este es otro antecedente penoso en el que personas y entidades del ámbito académico intervienen erróneamente dañando los principios legales, en este caso la inmunidad soberana, que permiten defender el patrimonio que a ellos –y a las generaciones futuras- les gustaría poder investigar.

nao española la universidad de texas

Demasiadas coincidencias para este abogado justo cuando se intenta poner en marcha la verificación del principio de inmunidad soberana a través de la Armada, demasiados hilos sueltos apuntando a nuestra querida Península. Demasiado olor a error…

Un problema de legalidad.

Nada resulta más extraordinario que encontrarse con intereses dentro de nuestro país que consideran indeseable el principio de inmunidad soberana -aunque sea el único que ha demostrado alguna utilidad para proteger con eficacia nuestro patrimonio- y que eso les preocupe menos que el problema del expolio.

Pero llama más la atención que no decidan enfrentarse al mismo desde la academia, desde la crítica racional, desde los tribunales, desde la opinión pública… sino al margen de la ciudadanía y de la ley.  Pero la ley (y tampoco la ciencia) nunca han sido un inconveniente cuando controlas la politica. En el caso del galeón San José toda nuestra experiencia con Odyssey, todas nuestras leyes en vigor relativas al patrimonio… obligaban a reaccionar a nuestro país frente a la crisis en Panamá y a colaborar con ese país, pues su propio Gobierno compartía las mismas inquietudes. En su lugar, comprobamos que se prescinde de la legalidad española y en lugar de reforzarla inteligentemente nos dedicamos a sabotearla. ¿Pero quién toma las decisiones en España al respecto?

Si bajo el directo liderazgo de la UNESCO se prescinde del principio de inmunidad soberana el Convenio queda herido de muerte y ningún Estado confiará en los principios implícitos y bajo la custodia de una burocracia nacida de sí misma. Ninguna gran potencia naval se pondrá en manos de esa gente, ni de sus inconsecuentes documentos. Las soluciones siguen prescindiendo de: la legalidad, la Armada, la sociedad civil, la transparencia y… los resultados. De momento el botín del saqueo ha sido repartido.  De momento sabemos que no se han movido por el saqueo del San José que se sabe desde hace años… Se mueven por la opinión pública.

La UNESCO no puede sustituir una política internacional, no sólo porque contradice el propio Convenio sino que también perjudica las capacidades individuales de un Estado como España con un patrimonio muy vulnerable y con apenas herramientas legales, una de ellas la inmunidad soberana.

Inteligencia, diplomacia y más legalidad

El gabinete de gobierno en Panamá posiblemente sea el equipo con una visión más avanzada en torno al patrimonio histórico subacuático en la historia de su país. Hace casi un año, antes de la instalación del nuevo gobierno, una serie de expertos panameños, miembros de la sociedad civil y personas que tenían mucho que perder se pusieron en contacto conmigo en mi condición de abogado para intentar salvar del expolio al galeón San José.

Una empresa cazatesoros amparada por sus buenas relaciones diplomáticas se las había apañado para expoliar el pecio durante años. No lo habían hecho en secreto, en absoluto, era algo conocido por todas las instituciones que conocen de estos temas.

El problema era que se iban a renovar los derechos de saqueo y nada menos que por el primer país que suscribió el convenio UNESCO. Gracias al Museo Nacional de Arqueología Subacuática que dirige Iván Negueruela se pudo denunciar el caso en el congreso IKUWA. Después repetí la descripción de estos graves hechos en el Hay Festival.  Finalmente el ABC, como tantas veces, retomó el asunto y este se volvió un problema de la agenda de política del país.

Museo Nacional de Arqueología Subacuática

Museo Nacional de Arqueología Subacuática

La Armada dispone de medios técnicos y de acceso a otros agentes fundamentales entorno al destino de los yacimientos arqueológicos provenientes de buques de guerra: las propias Armadas de los otros países. Esto ha funcionado perfectamente con la Navy de Estados Unidos

¿Una fobia irracional y absurda que nunca ha demostrado éxito en la defensa de nuestro patrimonio histórico tiene que imponerse sobre la propia ley?

¿Qué dicen los más importantes expertos internacionales en torno a la protección de este legado?

Si hay una personalidad que indiscutiblemente lidera la protección arqueológica del patrimonio subacuático hispánico esa es la mexicana Pilar Luna. Muy pocas personas hay en España a su nivel como arqueóloga y defensora internacional del patrimonio común subacuático hispánico. Durante años ha conocido el fenómeno cazatesoros y su conclusión respecto a la cuestión de la inmunidad soberana es terminante. México reconoce la inmunidad soberana de los pecios españoles históricos. Pero no lo hace para hacer los coros a una pandilla de godos nacionalistas, lo hace porque como científica y como parte responsable de ese legado vulnerable no se le ocurre sabotear un principio que permite proteger más eficazmente de forma internacional y, además, crear cauces de colaboración en la investigación de ese patrimonio común hispánico.

Pilar Luna, arqueóloga mexicana,   titular del Área de Arqueología Subacuática del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) de México

Pilar Luna, arqueóloga mexicana, titular del Área de Arqueología Subacuática del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) de México

El entendimiento de las Armadas española e iberoamericanas y la colaboración entre museos nacionales y personal técnico debe sustituir el papel preponderante de cierta política –de bajo nivel- obsesionada por las competencias en perjuicio del resultado y de la ley. Hay una oportunidad de hacer bien las cosas, de obtener resultados y no perder las pocas herramientas jurídicas de que disponemos como la inmunidad soberana de los barcos de guerra históricos, esa oportunidad no excluye a nadie… salvo a los cazatesoros.

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