Sea Reaper III, un nuevo barco de cazatesoros en Panamá: ¿para el San José?

Sea Reaper III, un nuevo barco de cazatesoros en Panamá: ¿para el San José?

Publicado por el abr 11, 2015

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Pocas veces tenemos la oportunidad de contemplar un momento como este. Un barco de cazatesoros grande, de 20 metros de eslora, velando en la orilla sus «mailboxes», los dos tubos grises con forma de buzón que lleva en la popa y que, unidos a las hélices, le permiten actuar destructivamente sobre el fondo marino. Proyecta con ellos el chorro de sus potentísimos motores una vez colocado sobre el lugar en el que se sospecha que pueden hallarse monedas y joyas de un galeón español. Nada no metálico aguanta en su sitio, el mar entero a su alrededor se convierte en una nube de polvo y restos flotantes. Triste destino de nuestros vetustos galeones, que se hundieron hace siglos y en lugar de ser tratados con el respeto que merecen los vestigios históricos, parece que viven la pesadilla de estas empresas de limitada responsabilidad que los tratan como vetas mineras para esta actividad extractiva tan destructiva.

El de la foto es el Sea Reaper III, un buque imponente, construido en 1989, en fibra, propiedad de Ocean Recovery. Se le ve reluciente. Esta compañía Ocean Recovery es una sociedad de -parece una definición acertada- responsabilidad limitada. Pero hay otro detalle precioso asociado a esta mercantil con nombre de clínica de desintoxicación: su sede está en la calle Jolly Roger de uno de los cayos de Florida. ¡Ya es casualidad!

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Bandera Jolly Roger, en versión de C. G. Simón

Jolly Roger, como recordarán todos, es el nombre anglosajón de la bandera de la calavera y las tibias cruzadas. Bordeamos el terreno mítico, estamos en los dominios de los cuentos de piratas. Por cierto, queridos lectores, recuerden que la Jolly Roger era en origen un símbolo católico, un hecho que no debe ser muy del agrado de los acérrimos del universo pirático en el mundo anglosajón, a los que siempre podemos ver cojeando del lado de la leyenda negra.

Según informaciones procedentes de Panamá, el Sea Reaper III se encuentra estos días -mientras se celebraba la Cumbre de las Américas- amarrado en Colón, costa Atlántica panameña, tan ricamente. Con los tubos niquelados de las «mailboxes» en posición de descanso o de saludo a quienes temen, como nosotros, que más pronto que tarde, con la connivencia del Gobierno de Panamá, ese barco podría operar sobre pecios históricos de origen hispánico en sus aguas. Le devolvemos el saludo.

¿Y qué hay allí que pueda interesarle? Sin duda, la posibilidad de excavar el galeón San José.

Confiamos que el sentido común debe imponerse ante el cuidado de un importante patrimonio y creemos que las leyes de Panamá deberían hacer imposible el expolio del San José. Aunque lo cierto es que ha habido un contrato mantenido durante una década, y se han producido prospecciones, extracciones y repartos ominosos entre la empresa adjudicataria (distinta de la dueña del Sea Reaper III). Primeras consultas entre el ejecutivo panameño y la Unesco se han producido ya ante la avalancha de críticas que han cosechado, en medio mundo, los tratos oficiales con esta otra empresa, llamada Investigaciones Marinas del Istmo (IMDI), una sociedad anónima en la que figuran como socios, según informaron a este blog fuentes jurídicas, el empresario de origen palestino residente en Colón, Hassam Salama; el economista y aventurero australiano Michael Mc Dowell; el inversionista panameño, ingeniero y empresario de ganadería, hostelería, petróleo y gas, Alberto Vázquez; el antropólogo social de la Universidad de Panamá Gustavo José Leal Cuervo (director del proyecto), y el buscador de tesoros norteamericano que trabajó con Mel Fisher y Odyssey Marine Exploration, James J. Sinclair.

Juan Carlos Varela, presidente de Panamá, durante el inicio de la Cumbre de las Américas

Juan Carlos Varela, presidente de Panamá, durante el inicio de la Cumbre de las Américas

La crónica política que sirve de fondo a estos tratos entre un Gobierno y una empresa de prácticas contrarias a lo que recomienda la Unesco y que no cumple con los estándares arqueológicos aceptados internacionalmente tiene bastante miga. Desde que se destapó la caja de los truenos por las intenciones contractuales de volver a permitir a IMDI excavar el San José, todo han sido silencios oficiales y ambigüedades burocráticas. El Gobierno que estaba concentrado en recibir a los mandatarios asistentes a la Cumbre de las Américas no quería salir trasquilado ni dar mala imagen internacional por unas monedas repartidas hace un año como “bienes comerciales”, amparados por un acuerdo ejecutado en pleno cambio de Administración. Pero lo cierto es que la solución está en manos del presidente Juan Carlos Varela, por más que se hayan realizado esfuerzos por vincular con el anterior Gobierno Martelli todos los tratos dudosos, todas las decisiones que pusieron en almoneda piezas del patrimonio (porque no son estrictamente comerciales como un trozo de cable o la chatarra los objetos del siglo XVII rescatados de un galeón). Estamos lejos de despejar algunas dudas al respecto.

Para empezar el actual presidente de la República, Juan Carlos Valrela, era vicepresidente con Martelli hasta entrado 2012, no mucho antes antes de las elecciones de 2014. Y uno de sus hombres de máxima confianza, antiguo compañero de estudios, es Dulcidio de la Guardia, ministro de Economía y Finanzas desde hace un año. Ese es el Ministerio que firmó en 2003 con la empresa IMDI un contrato para explotar el San José. Hoy, una vez conocida la polémica legal que aquel acuerdo contractual ha arrastrado, de eco internacional, lo lógico sería revisar la validez de dicho compromiso, que se saltaba, según las fuentes jurídicas a ambos lados del Atlántico, la Constitución panameña (artículo 81) y la Convención Unesco, vigente en el país del Canal desde 2009, entre otras leyes. Pero hay cierta dificultad para confiar en que todo se arreglará fácilmente, puesto que habrá que comprobar si el actual ministro quiere este cambio cuando fue durante su mandato como viceministro de Finanzas cuando se renovó el contrato a IMDI con la addenda conocida de 2010 que impulsaba la colaboración y el posible reparto de las piezas extraídas.

Ni en los últimos coletazos de la Administración Martinelli (2009-2014), ni durante el traspaso de poderes, ni en los meses que lleva ejerciendo el nuevo Gobierno se ha registrado cambio sustantivo alguno. No se conoce un proceso de inspecciones intensivas del trabajo realizado sobre los yacimientos, ni se han realizado auditorías o revisiones legales de todo lo acontecido. Antes bien, en 2013 la directora nacional de Patrimonio Histórico, Sandra Lineth Cerrud Vergara emitió la resolución 136-13, que sienta las bases para “legalizar” las excavaciones contrarias a la Convención y también la venta de piezas como bienes comerciales que horroriza a la gente respetuosa con la cultura: “Las monedas y barras de plata y oro, entre otros objetos de valor como piedras preciosas y joyas de uso personal”. El reparto se haría finalmente en 2014, poco antes del traspaso, en un momento de gran presión política, en la proporción prevista en la resolución: 65% para IMDI, 35% para el Estado. Lamentable trato al patrimonio, según subrayan arqueólogos de medio mundo. Peor podría ser este verano si, como estaba inicialmente previsto en la resolución, se retoman las excavaciones, o si se hace finalmente una exposición avalada por el INAC, la autoridad cultural del país.

¿Y ahora qué? Hay que esperar que pase la Cumbre y mantener una vigilante esperanza en que las autoridades culturales panameñas se hagan oír en el Gobierno para que el escándalo no vaya a más y se corte de raíz el posible expolio. Unesco escribió a la ministra de Exteriores y ahora, tras conocerse en la prensa los detalles del contrato, según ha publicado “La Estrella de Panamá”, el INAC pedirá consejo al organismo internacional sobre los pasos a dar. Hay mucho en juego, además de la imagen y la lealtad de Panamá a los compromisos suscritos con los países firmantes de la Convención Unesco. Está, en primer lugar, la defensa de un patrimonio que, tratado indebidamente, pierde su valor histórico. Si se pone de relieve su potencial crematístico es precisamente por el hecho de que las manos que lo han extraído y las que han aceptado y firmado el contrato solo ven en el yacimiento monedas, lingotes y joyas, el metal precioso que quieren colgar a buen precio en medallones de coleccionistas. Lo que no se ve es que cada uno de esos objetos es algo único, que el mar mantuvo en un contexto, y será borrado de nuestra memoria si no se estudia todo lo que ocurrió, si no se pone en manos de arqueólogos lo mucho o lo poco que quede.

Mientras el barco Sea Reaper III, el de la foto principal de este post siga amarrado, o no le sea concedido el permiso de actuar sobre los pecios de un pasado que compartimos, mantendremos la esperanza. Bueno, ni a él ni a su hermano pequeño contratado por IMDI, el Blue Water Rose (propiedad de Blue Water Ventures). Al fin y al cabo, Unesco vela por que la situación se reconduzca. Si las consultas terminan por decidir un equipo internacional que acuda a valorar el yacimiento desde un punto de vista arqueológico y aconsejar su mejor conservación o intervención, habrá un final feliz. España no debería permanecer ajena a una cooperación en ese sentido. Nuestras autoridades, que han escrito ofreciendo su colaboración a las panameñas, harían muy mal en incumplir ese compromiso de proactividad. Al fin y al cabo, nuestro país no es precisamente un ejemplo de actividad arqueológica subacuática promovida por el Estado. Nuestro mayor proyecto hasta la fecha fue plantar un juicio, justamente, a los cazatesoros de Odyssey. Pero no podemos dar la imagen de que solo actuamos cuando un cazatesoros extrae monedas. Es contraproducente y refleja una gran pobreza de miras, puesto que da una pésima imagen de nuestro interés por este patrimonio inigualable, semejante, si no superior, al de cualquier potencia histórica. Pésima imagen y argumentos tanto a los cazatesoros como a quienes explotan sentimientos antiespañoles, todo hay que decirlo. La inacción les da tinta a los “editores” de la nueva versión de la leyenda negra.

Pero seguimos en el furgón de cola a ese respecto. Podemos tener, como Dickens, grandes esperanzas. Las tenemos, a pesar de todo, de que ya tienen vías de agua de tanto esperar que cambien las cosas en España y que se pueden ir pudriendo como los viejos barcos abandonados.

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