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Un clamor desde arriba, viene sacudiendo las tripas vacías del sector arqueológico español

Miguel San Claudio el



Tras piratear la frase que sirve de título a esta entrada desde el artículo que me propongo rebatir, he de manifestar que en mis treinta años de experiencia en la Arqueología Subacuática española no he visto el menor signo de ese supuesto clamor “desde arriba”. El clamor que de verdad existe, surge desde la base, no es la administración o los gestores los que están hartos de esta situación, lo somos los arqueólogos subacuáticos.

Esto no puede continuar así es el lugar común donde nos encontramos los que hemos dedicado nuestra trayectoria profesional a la Arqueología Subacuática.

Surge ahora un Proyecto de Ley General de Navegación Marítima, que ha generado una fuerte controversia entre los especialistas en este campo y el resto del mundo en general. Desde estas mismas páginas hasta se nos ha llegado a acusar de ¡no querer los cambios!. En realidad somos los arqueólogos subacuáticos, los que mejor conocemos la situación insostenible en la que nos hallamos y los que llevamos años reclamando un cambio en la situación frente a la indiferencia general.

En España no se hace Arqueología Subacuática. En España se reacciona frente a estímulos externos. Tanto sea en actuaciones ante obras públicas como a la reacción frente al anuncio en prensa de la localización de un riquísimo tesoro y su devolución al estado al que pertenece. Esto ha llevado a muchos al conformismo, pero esto no es más que un síntoma de lo degradada que está la situación. No existen proyectos de investigación destacables ni planes de futuro, ni tan siquiera una continuidad que permita plantearse el menor proyecto.

Son – somos – los arqueólogos subacuáticos, los que estamos en esto antes de que Odyssey abriera los ojos a algunos, los que venimos no clamando, ya bramando, ante una situación impropia de un país en vías de desarrollo (dicho esto con toda intención).

Nunca nadie con responsabilidad se ha tomado medianamente en serio la situación del Patrimonio Cultural Subacuático español. Intentos como el Plan Nacional de Protección del Patrimonio Arqueológico Subacuático, del que deriva el malhadado Libro Verde, no han sido más que la plasmación por escrito del fracaso de este país con respecto a la historia naval más rica y trascendental del planeta.

La Arqueología Subacuática en España – como disciplina de investigación histórica – siempre ha estado dirigida y gestionada por individuos ajenos a la actividad, no ya por formación, sino hasta por filias y fobias personales. Todavía recuerdo cuando desde el Ministerio de Cultura se nos contestó – verbalmente por supuesto –que para qué necesitábamos en el Centro Nacional de Investigaciones Arqueológicas Subacuáticas más equipos de buceo, si total lo único que hacíamos era pasearnos en “Zodiac” …


Poner en manos de personas sin la menor formación la gestión de un campo tan hiperespecializado, tiene consecuencias como esta y supone navegar hacia el fracaso. Un país que enterró su conciencia marítima junto con Carlos III en el Escorial, difícilmente va a encontrar profesionales idóneos, fuera de los técnicos que frente a todo consejo y evidencia cometieron la equivocación de formarse en este campo. Nunca que yo sepa en España se han publicado ofertas de técnicos en este campo específico.

Por mi experiencia, cuando ante cualquier consulta uno debe acudir ante uno de los “gestores oficiales” tiene que estar dispuesto a explicar, desde la fisiología humana del buceo, a la biología marina, en aspectos tan básicos como argumentar que no puedes trabajar más de 40 minutos al día en un pecio a 36 m de profundidad, o por qué es muy mala idea realizar una prospección arqueológica en julio en Galicia.

Son incluso incapaces de contemplar el riquísimo Patrimonio Cultural Subacuático español en su conjunto. Resulta doloroso tener que señalar que el Museo Nacional de Arqueología Subacuática, en sus más de treinta años de existencia, nunca ha salido de las costas murcianas –las menos extensas de España – más que en dos ocasiones, y esto sólo para confirmar la regla que avala la excepción. Si no es ya el Museo “Nacional” Murciano de Arqueología Subacuática, es porque aquella Comunidad vive mucho más cómoda así.

Los gestores de nuestro Patrimonio Subacuático siempre destacaron multitud de problemas a la hora de intervenir en aguas de cualquier Comunidad Autónoma. Pero tampoco nunca lo intentaron. Es posible que si de verdad hubiera profesionales al cargo de esta disciplina, sabrían que intervenir en cualquier punto de España no plantea más dificultad que cumplir con una legislación prácticamente idéntica en todas nuestras comunidades autónomas. 70 intervenciones arqueológicas como director, en aguas de 4 comunidades diferentes me avalan en esta afirmación.

Cualquier empresa dedicada a la gestión patrimonial subacuática –las conocidas empresas de Arqueología Submarina – ha ejecutado más intervenciones que todos los centros de investigación autonómicos o estatales juntos en toda su historia. Únicamente las intervenciones de urgencia realizadas por obras en el medio marino suponen, numéricamente hablando, la inmensa mayoría de las intervenciones arqueológicas de nuestro país.

No haber contado con esa visión en la redacción del Plan Nacional de Protección del Patrimonio Arqueológico Subacuático es una de las causas de su naufragio. La falta de profesionalidad durante su redacción supuso el fracaso que todos conocemos, y es que la mayor parte de sus miembros redactores, más que ser parte de la solución, eran las partes alícuotas del problema. Todos ellos dedicados a la defensa de sus intereses.

Cualquier funcionario autonómico sin la menor relación con el mundo marítimo no podía hacer más que defender los privilegios localistas de sus jefes, lo mismo que cualquier burócrata del Estado no consiguió más que consensuar un texto cuya mayor aportación fue actualizar las mismas demandas expuestas ya desde el ” III Congreso Internacional de Arqueología Submarina” celebrado en Barcelona ¡en 1961!. Que 50 años después estemos como estamos, dice mucho de las generaciones de gestores que se supone han pasado por los diferentes órganos que también suponemos rigen esta actividad.

Nos encontramos con la paradoja de que los arqueólogos subacuáticos más experimentados, formados y activos de nuestro país se encuentran en el sector privado, trabajando en obras públicas como dragados y rellenos. Éstos son los primero que van a ver desaparecer sus puestos de trabajo con la nueva y brillante idea surgida con el Proyecto de Ley General de Navegación Marítima.

Un ejemplo muy claro es lo sucedido en Galicia a partir del momento en el que se integró a la Armada Española en las actividades de protección del Patrimonio Subacuático en aquella región. Con anterioridad a ese momento, las empresas de Arqueología Subacuática desarrollaban la labor de inspección en aquellos puntos donde se había producido una incidencia. En esos casos la Administración encargaba una inspección y la redacción del correspondiente informe que ejecutaba indistintamente personal de la Administración autonómica o el arqueólogo designado como director de la intervención. Este tipo de intervenciones constituían un nicho de mercado para una actividad en absoluto sobrada de oportunidades. Hasta que a algún “gestor” se le ocurrió que utilizando los medios y personal de la Armada Española, la administración podría ahorrarse unos dineritos que vendrían muy bien para cualquier otra cosa.

De momento, todavía sólo en Galicia, se ha cercenado una de las vías que permitía a los arqueólogos profesionales desarrollar nuestra profesión. Eso se ha hecho en beneficio de una institución cuya razón de ser nada tiene que ver con el Patrimonio Cultural y sí con la defensa de una nación, sustentada con los mismos impuestos que nos vemos obligados a pagar, incluso aquellos a los que se nos priva del derecho al trabajo.

Sirva lo anterior como aviso a navegantes, la asunción de la Armada a tareas de Arqueología Subacuática, en ningún caso supondrá una dinamización del sector. En realidad los arqueólogos serán sustituidos por buceadores de combate encuadrados por un arqueólogo apto para firmar el expediente, que es precisamente lo que ocurre actualmente en Galicia, y lo que ocurrirá en el resto de España en cuanto este Proyecto de Ley vea la luz. No servirá de nada aquel adagio de la profesión de que es más fácil enseñar a bucear a un arqueólogo que enseñar arqueología a un buzo. Esto que cualquier profesional sabe, no cabe en la cabeza de un burócrata movido por otros intereses.

La intervención de la Armada en el Páramo que hoy representa la Arqueología Subacuática debiera buscarse en la colaboración. Más allá de las tareas implícitas a la vigilancia y protección de las aguas nacionales, incluso en el ámbito de la investigación existiría un campo de colaboración inmenso. Nadie puede discutir seriamente que sería una bendición conseguir medios o apoyos en las escasísimas intervenciones o proyectos que se desarrollan en España. La simple carga de botellas de aire comprimido, en algunos casos sería una bendición. Pero eso supone la integración de la Armada en los diferentes proyectos, no la imposición de una competencia. Cuando una de las partes se hace con el control “exclusivo”, no hace falta ser jurista para saber lo que eso significa.

Tampoco cuando se habla de “explotación” cabe espacio para la interpretación. Está meridianamente claro lo que quiere decir. Más que buscar la colaboración, que personalmente he intentado en dos ocasiones con resultados claramente descriptibles, lo que se pretende erigir es un Himalaya de desencuentros y suspicacias, más o menos justificadas, por parte de dos puntos de vista que ganarían mucho más de la mano que enfrentados. Pero no olvidemos que ese enfrentamiento no proviene del apabullado campo científico.

Tras todo lo anterior, si somos conscientes de la realidad, hemos de colegir que los únicos que nunca han regido los destinos de la Arqueología Subacuática en España son los arqueólogos subacuáticos. Deberíamos recordar que hasta hace pocos meses, el arqueólogo subacuático situado en el escalafón administrativo más alto en la historia de la Arqueología Subacuática Española, no había pasado de director de museo. Tras su jubilación, ni eso.

Son varias generaciones de profesionales españoles preparados, frustrados en sus aspiraciones porque nuestro país ha sido incapaz de homologarse con otros de nuestro entorno. La nación con el patrimonio cultural subacuático más rico del mundo, apenas puede ofrecer alrededor de una decena de puestos de trabajo a profesionales que no se despegan de sus despachos por falta de proyectos.
No es extraño que tras tanta frustración, seamos muchos los que pensemos que no existe un futuro para esta disciplina en este país y que este proyecto de ley nos viene a dar la razón una vez más. Somos los profesionales que acumulamos mayor experiencia en este campo los más críticos. Conocemos de dónde venimos, y de dónde provienen muchos de nuestros colegas de otros países, a los cuales les ha costado mucho sustraerse de las injerencias de estamentos e individuos no profesionales en este campo. Justamente lo que ahora quieren hacer con nosotros.


Frente a este desolador panorama, existe otra realidad de organismos y personas animosas que sí dedican esfuerzos al estudio del Patrimonio Cultural Subacuático Español. Estas iniciativas llevan a cabo trabajos de investigación en nuestros archivos, contratan magníficos profesionales para ello y llevan a cabo intervenciones subacuáticas con los mejores medios técnicos y personales que la tecnología y el dinero pueden aportar. No es verdad que el Patrimonio Cultural Subacuático Español languidezca en la indiferencia. Las empresas cazatesoros siguen investigando e invirtiendo en él. Cada día más, cantidades a años luz de lo que hace el Estado y las Comunidades Autónomas juntos. Y es que éstos sí se toman en serio nuestro Patrimonio Cultural.
En los próximos meses lo vamos a ver una vez más.
En España sabemos mucho de todo esto, las dos colecciones arqueológicas más importantes que muestran nuestros museos han sido “recuperadas” por compañías cazatesoros. Nos referimos a los materiales procedentes del galeón San Diego hundido en Filipinas, que se muestran en el Muso Naval de Madrid y los de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes en el Museo Nacional de Cartagena.

 Es un escándalo que mientras no se puede recuperar el tesoro del Great Liverpool hundido en una playa, a 6 m de profundidad en Galicia, se pagaran centenares de millones de las antiguas pesetas por el expolio de un galeón español en Filipinas. O vaya a costar millones de euros la restauración y exhibición de miles de monedas, extraídas por una empresa cazatesoros, cuando se niegan los miserables euros que supondría la conservación y estudio de uno de los buques de vapor pioneros de la historia marítima mundial. Y eso por citar uno sólo de los buques que los temporales que sufrimos este invierno están literalmente triturando.
Y es que de nuevo todo es consecuencia de la falta de profesionalidad que rige la gestión de la Arqueología Subacuática en España. Defecto que quiere subsanarse introduciendo un nuevo factor que profesional, técnica y científicamente nada va a aportar. Al contrario servirá para coartar todavía más las escasas esperanzas que los jóvenes arqueólogos que nos siguen pudieran tener.
Ellos verán cómo su lugar en las intervenciones subacuáticas, en los yacimientos más interesantes de nuestra Historia Marítima, será ocupado por soldados y marineros con un título de buceo. Que a nadie extrañe que en un futuro esos profesionales huyan de nuestro país buscando un puesto de trabajo, en las únicas compañías dispuestas a valorarlos profesionalmente y a retribuirles en consecuencia. “Explotación” por “explotación” ¿dónde va a estar la diferencia?.
Abrimos otra vía de agua en esta nave condenada. Como nada somos capaces de hacer en vista del marasmo burocrático y competencial, veamos si otorgándole las competencias, plenas – no nos engañemos, en el anteproyecto está muy claro, serán plenas – al estamento militar, éste será capaz de parchear y achicar este buque.
Desde el momento de aprobación de la ley otros serán los actores de esta tragedia y lo serán simplemente porque así lo establece la ley, lo serán porque pueden y tendrán las competencias plenas. La Arqueología Subacuática pasará, camino de su desaparición, por falta de espacios donde desarrollarse y el Estado, sin técnicos capacitados, en manos de profesionales de la milicia, le dará un nuevo significado a la gestión patrimonial subacuática.
Si alguien consultara a cualquiera de los arqueólogos subacuáticos de este país acerca de lo que habría que hacer con el Patrimonio Cultural Subacuático – cosa que no ha sucedido, ni sucederá – no diría, con ligeras variaciones, nada que no haya sido inventado.

Podemos fijar nuestra vista en el extranjero, pero sin embargo paradójicamente en España disponemos de una institución que realiza tareas similares a la labor arqueológica subacuática, esto es, el estudio científico en el medio marítimo.

 

El Instituto Español de Oceanografía es un centro estatal, dedicado a la investigación marina, dotado de medios materiales, buques de investigación, embarcaciones menores, sumergibles no tripulados, laboratorios, personal técnico cualificado… A nadie se le ocurrió – nunca – militarizar a este instituto con una tradición ya centenaria en nuestro país, antes bien, constantemente viene mejorando sus medios y su amplio plantel de investigadores, a pesar del parón coyuntural que padecemos.

La Arqueología Subacuática en España está muerta. Pero lo está por la nula gestión de sus responsables estatales y autonómicos, que nunca, en ningún caso, han sido verdaderos arqueólogos subacuáticos. Traspasar ahora la gestión a otro organismo no profesional tendrá como consecuencia clavar un nuevo clavo en un ataúd diseñado a mantener dentro un cadáver que podría estar muy vivo. Un nuevo estancamiento que no hará sino convalidar la idea de que en esto, como en tantas otras cosas España está en vías de subdesarrollo, estableciendo cada vez más nuevos obstáculos que impidan el desarrollo de cualquier actividad.
No quiero imaginarme el papelón que me espera al tener que explicar a nuestros colegas de otros países cómo a partir de la aplicación de la futura Ley va a gestionar España su patrimonio cultural subacuático.

La solución es clara, la gestión de la Arqueología Subacuática tiene que estar en manos de profesionales. Burócratas y militares, han demostrado ya con creces su incapacidad en este campo. La creación de un organismo autónomo que gestione sus propios recursos y sea capaz de generar otros es la respuesta lógica a un reto que tenemos que ver como una oportunidad de poner a nuestro país en el lugar que le corresponde,… no entre los países más atrasados como pretenden con este Proyecto, sino a la cabeza de las grandes naciones que hicieron comprensible el planeta que nos acoge y que todas – sin excepción – han tomado la senda de la Ciencia, no la de la Milicia.

Si en en algo estoy de acuerdo con el artículo del señor José María Lancho, las tripas de la Arqueología Subacuática española están vacías… ¡pero por inanición!

 

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