Hace ya diez días que dos medios de comunicación, El Mundo y El País, afirmaron que el extesorero del PP, Luis Bárcenas, había pagado sobresueldos en dinero negro a los dirigentes del PP. Aún más, uno de ellos, El País, también afirmó que se trataba de una práctica diseñada por José María Aznar.
Dada su extremada gravedad, todo el mundo dio por supuesto que tales afirmaciones estaban basadas en pruebas contundentes que ambos medios publicarían en los siguientes días. Que se trataba de una verdad incuestionable y que el PP estaba obligado a dar explicaciones sobre tales sobresueldos.
Pero, diez días después, no hay nombres, no hay listados, no hay una sola prueba, y los autores de las informaciones siguen especulando sobre las primeras afirmaciones sin un dato nuevo que las sustente. Lo que plantea la inevitable cuestión sobre la ética periodística:
¿Es lícito publicar una acusación de este calibre sin tener una sola prueba? ¿Es lícito exigir explicaciones al PP sin esas pruebas?
Es que hay varias fuentes (anónimas) que confirman los sobresueldos, dicen los acusadores… El problema es que, si tal cosa es suficiente (una acusación anónima sin pruebas) para publicar una acusación de esta gravedad, cualquier persona, cualquier organización, cualquier medio, podría destruir a un oponente político, o empresarial, o personal, con cualquier historia sin pruebas.
De ahí que en Periodismo, como en Derecho, como en la vida cotidiana, las pruebas sean imprescindibles para destruir al otro. Por muy verosímil que parezca el relato. También lo parecía Amy Martin…
Ética periodística
