Pagar y callar

Publicado por el Oct 25, 2011

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 Se ha impuesto la consigna de pagar y callar ante los dos nuevos secuestros de cooperantes españoles, unos en manos, al parecer, de terroristas islamistas, y los otros, quizá, de una mera banda de secuestradores.

Lo nuevo de la situación en la política española respecto de secuestros anteriores es que ya no hay debate alguno sobre la respuesta a tales secuestros. Consigna generalizada de pagar y callar. Algunos incluso riñen preventivamente a quienes osen hacer la más mínima crítica a lo anterior. Por ejemplo, el editorial de El País hoy (“Segundo secuestro”) que acaba con la afirmación de que “Nada debe entorpecer los esfuerzos del Gobierno para traerlos de vuelta a casa”.

Ni siquiera una triste voz que recuerde al menos la obviedad de que el dinero del pago financiará nuevas actividades terroristas y criminales y estimulará la continuación de los secuestros.

Todo lo que ocurre por dos razones. Porque hay una mayoría de la opinión pública favorable al pago de los rescates. Así fue en la encuesta que realizó el Instituto Elcano en noviembre de 2009 tras el pago del rescate por los secuestrados del Alakrana: un 53% de españoles a favor de dicho pago frente a un 24% en contra. Y porque hay otra mayoría de la opinión publicada para la que una posición crítica hacia tal pago es inhumana, cruel.  Lo afirmaba, por ejemplo, ayer, Fernando Ónega en Onda Cero.

Y no voy a ser yo la que me moleste en esta ocasión en llevarles la contraria. No merece la pena someterse a la tanda de insultos correspondiente. Me parece más útil aprovechar este consenso generalizado sobre el pagar y callar para pedir otro consenso consiguiente y justo para todos los españoles. Y es que todo español sea sometido al mismo trato en caso de ser secuestrado en el futuro, en el extranjero o en España. Es decir, que el Estado pague con cargo al presupuesto público o con lo que haga falta y que se cambie la legislación para que el pago de los secuestros deje de ser ilegal. No vaya a ser que algunos secuestrados tengan derecho a ser salvados y otros tengan la obligación de morir, tal como ha ocurrido hasta ahora.

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