Según los partidarios de impedir la inclusión de imputados en las listas electorales, Marta Domínguez habría sido eliminada de tales listas. Si es que se dedicara a la política, claro está. Y nada más eliminarla de tales listas, sabríamos, acabamos de hacerlo, que su imputación estaba sostenida sobre la nada. Y que las gravísimas acusaciones de contrabando de sustancias dopantes, la detención, la declaración en comisaría, todo ello con grandes titulares de los medios y “pena de telediario” incluida, se han quedado en nada, en una acusación menor que suena más absurda que nunca.
El suyo es un buen ejemplo de lo que queremos decir quienes defendemos que, por norma general, los imputados puedan ser incluidos en las listas electorales, siempre que las acusaciones no sean obvias y las pruebas concluyentes. Y no tanto por las obligaciones de la presunción de inocencia, que también, sino, sobre todo, porque en nuestro país la persecución de la corrupción comienza a ser tan sospechosa como la misma corrupción.
Al menos desde que este Gobierno controla la Fiscalía y Rubalcaba el Ministerio del Interior. Ocurren extraños casos como el de Marta Domínguez que, ¿otra casualidad? resulta ser militante del Partido Popular.
Corrupción
