Tarde o temprano, el populismo anti-corrupción atrapará a los propios políticos de Ciudadanos, cuando alguno de ellos se vea obligado a dimitir por una imputación que acabe en nada. Pero antes de ese día que llegará tarde o temprano, el problema de su empeño en que dimita Pedro Antonio Sánchez antes de saber siquiera si hay una imputación definitiva es que pone de manifiesto las más que conocidas contradicciones de Ciudadanos en esta materia.
Sobre todo, la ridícula excusa de “corrupción no política” que pusieron para no pedir la dimisión del consejero de Economía de Andalucía cuando fue imputado el año pasado y la doble vara de medir aplicada en Granada, con exigencia de dimisión para el alcalde popular cuando fue imputado y ninguna petición para su sustituto socialista cuando también ha sido imputado.
Para rematar las contradicciones, resulta que Ciudadanos ha cambiado, acertadamente, su criterio sobre el momento de la dimisión en el proyecto de ley sobre corrupción que ha presentado en el Congreso. Ese momento será el de la apertura de juicio oral, un cambio de criterio que no quieren aplicar, sin embargo, al presidente de Murcia.
O que Ciudadanos tiene una gran confusión interna sobre las medidas anti-corrupción y la garantía de la presunción de inocencia y sólo se aclarará cuando afecte directamente a uno de sus líderes.
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