A mí me parece muy bien que se fiscalice el dinero que los españoles que así lo quieren, yo entre ellos, se destina a la Iglesia Católica procedente de la casilla de la declaración del IRPF, como ahora le ha dado por reclamar al PSOE y Podemos. Todo lo que sea claridad y transparencia bienvenido sea, porque muchas veces, por la caradura de algunos, pagan justos por pecadores.
Pero si se trata de fiscalizar esta famosa casilla de la declaración de Hacienda, yo también quiero que se fiscalice la otra, la de los fines sociales. Porque si indagamos en el destino final del dinero que reciben algunas ONG, por supuesto no todas, nos encontraremos con cosas muy curiosas.
Aquí no siempre tiene que ser sospechosa la Iglesia Católica, que en su mayoría hace una inmensa labor social y asistencial que nunca podremos agradecer bastante, sino que algunos de estas ONG también tendrían mucho que aclarar sobre el destino del dinero.
Hace algunos años dedique mi tiempo en ABC a indagar sobre estas ONG, y por eso hablo con conocimiento de causa. Entre otras cosas me encontré con que en 2010 la ONG Fundación Española para la Cooperación Solidaridad Internacional, que presidió la secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, entre 2000 y 2004, se había convertido en una de las más subvencionadas por el Gobierno de Zapatero superando incluso a Cáritas y Cruz Roja Española. Inaudito.
Le llegaron a adjudicar 29.881.595 euros para una programación plurianual (2010-2013), la mayor que se ha concedido a una ONG en este capítulo de convenios, por delante de algunas tan destacadas como Cruz Roja Española (27.450.000), Intermón (24.700.000), Cáritas Españolas (15.100.000) o Médicos del Mundo (19.000.000). De estos casi treinta millones concedidos a Solidaridad Internacional, 5.110.409 son para 2010, 8.034.561 para 2011, 8.051.090 para 2012 y 8.685.535 para 2013.
Otto caso curioso, por decir algo, fue el de la hoy alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y de su ONG, Vivienda del Observatori DESC – Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que manejó unos 700.000 euros anuales provenientes, en su gran mayoría, de subvenciones públicas y que se emplearon en «educar» a comunidades latinoamericanas en temas como la vivienda «de género» o la «soberanía alimenticia» de Ecuador y Paraguay.
Y por último me voy a referir a Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP), afín al PSOE y a la izquierda, que recibió ayudas millonarias, a pesar de estar condenada por quedarse dinero de los trabajadores y tener un informe en contra de la Abogacía del Estado, que llegó a plantear que se le retirara la condición de calificada, que es lo que le da derecho a recibir el dinero. Pues, a pesar de ello, el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación le concedió, según el Boletín Oficial del Estado (BOE) de 3 de septiembre, una subvención de 24 millones de euros para cinco convenios, entre 2010 y 2013.
Pues eso, que se fiscalice todo. Ya está bien de prejuicios siempre contra los mismos, contra la Iglesia Católica.
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