La única persona que en Andalucía parece que no sabía nada de la corrupción que se estaba produciendo con el dinero de los parados andaluces, que se saqueaba para repartirlo en unos ERE irregulares, es el presidente de la Junta, José Antonio Griñán. Bueno, y también su antecesor, Manuel Chaves, bajo cuyo mandato se diseñó esta trama corrupta que saquó los fondos públicos para repartirlos entre afines del PSOE, colándolos como supuestos trabajadores de empresas a las que se les subvencionaban esos expedientes de regulación de empleo.
El otro día, cuando la policía entró a buscar información en la sede de la aseguradora Uniter de Jerez, me acordé de una interesante conversación, hace ahora un año, que mantuve un día con un amigo del sector asegurador de esta ciudad, que es la mía, en la que, con pelos y señales, me contaba el conchabeo del dueño de esta aseguradora, José González Mata, con el exconsejero de Empleo, Antonio Fernández, imputado por este caso y que ya estuvo en prisión. Todavía recuerdo el croquis que me hizo para explicarme el vínculo entre ambos y el funcionamiento de la trama.
Su relato recobra hoy un interés especial, ya que todo el mundo sabía y sospechaba de la extraña vinculación de Uniter con la Junta de Andalucía y se preguntaba con cierta ironía sobre el papel estelar que esta aseguradora tenía en la tramitación de estos expedientes. Me animaba a investigar y me aseguraba que no me equivocaría porque estaba claro que había, cuanto menos, tráfico de influencia.
El tiempo ha terminado dándole la razón, y ha sido necesario que una jueza con empuje, como Mercedes Alaya, levante las alfombras, abra las ventanas y los cajones, para que entre el aire fresquito de la justicia en todos aquellos rincones de Andalucía donde la corrupción había echado raíces.
Todo el mundo lo sabía, menos Griñán, qué casualidad.
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