El Gobierno y su Igualdad de Trato

Publicado por el Jun 1, 2011

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El Gobierno del PSOE quiere acabar su mandato con un último guiño a la izquierda social: la ley de Igualdad de Trato, que entre otras cuestiones cierra el grifo a la educación diferenciada en España.

Su artícuo 16.2 dice así: “En ningún caso los centros educativos que excluyan del ingreso en los mismos a grupos o personas individuales por razón de alguna de las causas establecidas en esta Ley, podrán acogerse a cualquier forma de financiación pública”.

El incumplimiento de la ley conlleva sanciones que van de los 300 a los 500.000 euros. Se institucionaliza, además, la figura del chivato, para que corra a contar a las autoridades las supuestas infracciones de la ley.

¿Y de dónde ha sacado el Gobierno que la educación diferenciada –la que separa a los niños de las niñas en las clases- supone una "discriminación" perseguible por la ley? Según la ministra, el objetivo de la norma no es que desaparezcan esos colegios, sino que dejen de recibir dinero público.

El diputado de Unión del Pueblo Navarro (UPN) Carlos Salvador solicitó al Gobierno, el pasado mes de enero, el informe o estudios comparativos elaborados a instancias del Ministerio de Educación o por el propio Ministerio, que demuestren “que la escolarización en centros de educación diferenciada está conduciendo a resultados educativos menos inclusivos y menos favorecedores de la igualdad entre sexos que la realizada en centros mixtos”.

Salvador esperaba un aluvión de informes clarificadores. O no tanto. La verdad es que se conformaba con uno que fuera riguroso y concluyente, y que hubiera llevado al Gobierno a la necesidad imperiosa de incluir este asunto en una ley que ahora quiere que se tramite con urgencia en el Congreso.

La respuesta del Gobierno no ha podido ser más decepcionante. Esta semana ha llegado al Congreso el escrito del Ejecutivo, que liquida la cuestión en cuatro líneas: “El Ministerio de Educación no ha realizado ningún estudio sobre el tema interesado, ya que el marco normativo vigente, aprobado por las Cortes Generales, con gran consenso entre las fuerzas políticas parlamentarias y definido por la LOE en 2006, apuesta por la coeducación en todas las etapas educativas”.

Es decir, que el Gobierno no ha hecho un solo informe que respalde su decisión radical sobre la educación diferenciada. Reconoce, además, que es una “apuesta”. Y de esa manera quiere imponer su modelo educativo al conjunto de la sociedad, por encima de la libertad de enseñanza que garantiza la Constitución.

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