Chiringuitos S.A.

Publicado por el nov 4, 2014

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Diez mil millones de euros nos cuestan cada año los sueldos de las empresas públicas en España. Un gran hólding que sirve de chollete de colocación de amigos en muchos casos, muchos, demasiados. Si desentrañar las cuentas de la Administración aconseja paracetamol a gogó, cruzar la maleza que cubre las redes empresariales de las comunidades autónomas exige armarse machete en mano. La transparencia no es precisamente su fuerte.

Para hacerse con una plaza se ha llegado a preguntar, en un test de nivel, cuándo se rodó «El turismo, ¡qué gran invento!», de Paco Martínez Soria. Ni que decir tiene que la plaza no era para ningún instituto de cinematografía autonómico, pero sí para uno de esos Chiringuitos S.A. que salpican el panorama autonómico y local. En Aragón, para más señas. Ni que decir tiene que quién superó con la mejor nota el examen tenía un nombre que sonaba de antemano.

Han proliferado durante décadas los clones autonómicos, municipales y provinciales al amparo de la legislación mercantil usada como instrumento político, en no pocos casos al servicio liso y llano del clientelismo. Por haber, en Aragón hay hasta gobiernos comarcales con más plantilla en sus empresas públicas que en su administración. Y eso que la razón de ser de los gobiernos comarcales tiene, de por sí, su enjundia.

Pero, ¿por cuánto nos sale la broma? A puro de hurgar, machete en mano, encuentro una cifra de conjunto, de resumen. En 2011, con la crisis ya instalada y galopando con brío, España se dejó en gastos de personal de empresas públicas la friolera de 10.000 millones de euros. De ellos, más de 3.000 correspondían a sociedades mercantiles de comunidades autónomas y corporaciones locales.

Echando un cálculo grueso, salen no menos de 25.000 colocados en el entramado autonómico del Chiringuito S.A., así, como si nada. En sueldos brutos, sin contar cotizaciones a la Seguridad Social y solo contando las empresas públicas no financieras de las autonomías, se van cada año casi 1.000 millones de euros. Todo eso en unas sociedades que suman ruina sobre ruina, año tras año. Se sostienen con astronómicas inyecciones de dinero público, y aún así dejan pérdidas que acaban engordando los créditos pendientes de pago. La deuda financiera de las empresas públicas autonómicas suma actualmente más de 5.700 millones de euros.

Ruina, pero rentable para esos no menos de 25.000 que cobran religiosamente de las empresas públicas autonómicas, una administración paralela de postín que, de paso, da de sí para manejar el dinero público con menos controles que los que rigen para la Administración, aunque al final acaben juzgadas por lo penal, que de todo hay.

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