Cierres al tráfico, ¿demanda vecinal, máquina de recaudar o todo a la vez?

Publicado por el Oct 16, 2016

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Está bien ir acotando poco a poco la «almendra central» de las ciudades a los coches, como en Barcelona y, tanto o más, Madrid. Está bien por decir algo, claro. Es obvio que esta práctica se lleva a cabo en capitales de medio mundo para contener una sobrepoblación rodante cada vez más complicada de gestionar. A fin de cuentas, las calles dan de sí lo que dan de sí, y las de los cascos históricos no se diseñaron para absorber semejante avalancha de coches, furgones, autobuses….

En esto parece claro que el consistorio madrileño no va a dejar pasar la oportunidad y ya ha anunciado nuevas medidas que, como poco, afectarán a barrios como Malasaña y Lavapiés.

En Madrid, la cosa está como sigue: Alberto Ruiz Gallardón creó las Áreas de Prioridad Residencial, o APR. La primera hace doce años en el barrio de las Cortes, seguido del barrio de Las Letras en 2005, previo paso al establecimiento de la APR de Embajadores. Luego el equipo de Ana Botella, que dejó todo listo a Manuela Carmena para poner en marcha la de Ópera.

aprEl concejal-presidente del distrito Centro, Jorge García Castaño, señalaba a ABC que «me gustaría que los seis barrios tuvieran APR. Es una reivindicación vecinal muy potente que piden todos los días».

Claro. Pero luego viene la segunda parte: los afectados, comenzando por los comerciantes de las zonas implicadas, exigen que antes de poner en marcha estas iniciativas se negocie y coordine el aumento del transporte público. Y de esto nada, como con los aparcamientos disuasorios que el actual equipo de gobierno cacareó hace un año, cuando las restricciones al tráfico por contaminación. Lo dicho, sin noticias.

Y por haber, hay hasta una tercera derivada: el dinero que se recauda en sanciones por acceder a los espacios restringidos, casi siempre (por no decir siempre) fruto del desconocimiento y el despiste que provoca la falta de una señalización adecuada y no testimonial, que avise de verdad.

Para hacerse a la idea, las APR representan en Madrid el 13% de las sanciones de tráfico, en «cash» unos 133 millones de euros, el presupuesto que suman siete distritos: Centro, Arganzuela, Retiro, Salamanca, Chamartín, Chamberí y Villa de Vallecas.

Sin lugar a dudas, desde su puesta en marcha en 2004 se han convertido en auténticas máquinas de hacer dinero para el Ayuntamiento. Un dato avalado por Automovilistas Europeos Asociados: sólo en los ocho primeros meses de 2015 habían generado 171.551 denuncias o 15,4 millones de euros, el equivalente al presupuesto destinado al distrito de Salamanca (15,5 millones) ese ejercicio. A buen entendedor…

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